¿Sabías que cuando das tus datos personales en una página web, en una tienda o al inscribirte en algún servicio, existe una ley que protege tu información? Sí, si alguna empresa o dependencia pública usa mal tus datos o los comparte sin tu permiso, puedes acudir al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos de Personales (INAI) para que se protejan tus derechos.
Sin el INAI, tu información personal estaría mucho más expuesta. Podría ser vendida, compartida o usada para fraude sin que tengas una instancia a la que recurrir para defenderte. Esto aumenta el riesgo de que seas víctima de robo de identidad, estafas, o que tus datos sean utilizados para fines que desconoces.
Esta podría ser una realidad y es que la Cámara de Diputados aprobó este 20 de noviembre una reforma constitucional que incluye la desaparición del INAI y seis organismos constitucionalmente autónomos más, con 347 votos a favor, 128 en contra y cero abstenciones.
Además del INAI, los otros organismos que serán desaparecidos son el Instituto Federal de Telecomunicaciones, el IFT; el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social, el Coneval; las comisiones Federal de Competencia Económica, la Cofece; la de Mejora Continua de la Educación, Mejoredu; la Reguladora de Energía, la CRE y la de Hidrocarburos, CNH.
Esta reforma deriva de una iniciativa propuesta el 5 de febrero de este año por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, que establecía que los ahorros que se obtengan de la extinción de estos entes públicos se destinarán al Fondo de Pensiones para el Bienestar.
Foto: Cuartoscuro
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¿En qué me afecta la reforma judicial?
Las reformas también extinguen los organismos autónomos estatales garantes del derecho de acceso a la información y de protección de datos personales en posesión de los sujetos obligados.
Además, otorgan al Instituto Nacional Electoral la competencia para conocer de los asuntos relacionados con el acceso a la información pública y la protección de datos personales a cargo de los partidos políticos.
El dictamen establece que las tareas del INAI serán absorbidas por la nueva secretaría de Anticorrupción y Buen Gobierno.
¿De qué otra forma me afecta?
Imagina otro escenario: quieres saber cómo el gobierno está utilizando el dinero que tú y otros ciudadanos pagan en impuestos. Gracias al INAI, puedes solicitar información detallada sobre contratos, obras públicas, y cómo se gastan los recursos en tu municipio o estado. Esto ayuda a que el dinero no se malgaste o termine en manos de corruptos.
Sin el INAI, sería mucho más difícil, si no imposible, obtener esta información. El gobierno podría gastar el dinero público sin rendir cuentas, y tú no tendrías manera de saber si se está haciendo de forma correcta. Esto podría llevar a un aumento de la corrupción y menos obras y servicios públicos para todos.
El INAI es probablemente el organismo que de manera injustificada ha sido objeto de mayor número de críticas por parte del presidente López Obrador, en particular durante sus conferencias mañaneras. Para académicos de la UNAM y el CIDE, así como para organizaciones como la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) y el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), su eliminación representaría un retroceso en la lucha contra la corrupción y los derechos a la privacidad y la transparencia.
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El INAI ha emitido resoluciones clave que a través del acceso a la información. Este organismo han ayudado a destapar casos de corrupción pero también a la rendición de cuentas de los actos de las autoridades, estos son algunos de sus principales aportes:
- Caso Odebrecht: el Instituto instruyó la apertura y entrega de toda información relativa a este caso de corrupción
- Socavón del Paso Exprés: el INAI ordenó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes conocer toda la información sobre la construcción y quejas de la ampliación del Libramiento de Cuernavaca mejor conocido como Paso Express y el socavón que se formó en dicha obra, la publicación de la información permitió conocer las causas de negligencia o dolo en la construcción de la obra que tuvo como consecuencia la muerte de dos personas.
- Caso Agronitrogenados: El INAI determinó como interés público la importancia de acceder a documentos que muestran las condiciones y valores de los bienes por los que se otorgaron recursos económicos para la adquisición de Agronitrogenados
- La Casa Blanca: mediante solicitudes de información el equipo de Aristegui Noticias realizó la investigación en la que se conoció la relación del entonces presidente Enrique Peña Nieto con el Grupo Higa empresa que construyó la llamada Casa Blanca ubicada en Lomas de Chapultepec
- Estafa Maestra: mediante cientos de solicitudes y recursos de revisión ante el INAI, el medio de comunicación Animal Político documentó el modus operandi de distintas dependencias que durante el gobierno del presidente Enrique Peña Nieto generaron toda una red de desvío de dinero público.
Gracias al INAI también pudimos conocer que los partidos políticos ocupaban falsamente candidaturas de personas indígenas, con discapacidad, de la comunidad LGBT+, afromexicanas y migrantes.
Si quieres conocer más sobre las resoluciones del INAI puedes dar clic aquí.
¿Qué otros organismos autónomos busca eliminar esta reforma?
Según el dictamen de la reforma estos son los siete órganos autónomos que desaparecerían en caso de ser aprobada la iniciativa:
Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece): su misión es promover la competencia y evitar prácticas monopólicas, podría ver sus funciones absorbidas por la Secretaría de Economía.
Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT): es responsable de garantizar el acceso equitativo a infraestructura y otros insumos esenciales para las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones, incluidos banda ancha e Internet. Sus funciones serían asumidas por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).
De acuerdo con expertos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del Centro De Investigación y Docencia Económicas (CIDE), estas serían las afectaciones de aprobarse la extinción de la Cofece e IFT:
El cambio en la dinámica de toma de decisiones podría tener implicaciones significativas, no sólo al fortalecer monopolios estatales en sectores estratégicos como el energético y el eléctrico.
También tendrá repercusiones adversas en el desarrollo y la competitividad de otros sectores productivos del país, limitando la innovación y el crecimiento económico y generando el uso de la política de competencia como un medio de control público.
A los expertos les preocupa especialmente la compatibilidad de la iniciativa con los compromisos internacionales de México bajo el T-MEC pues exige la existencia de una autoridad imparcial y efectiva en materia de competencia, así como un organismo regulador independiente que no esté subordinado a ningún proveedor de servicios de telecomunicaciones.
Comisión Reguladora de Energía (CRE): regula diversas actividades en el sector energético, incluyendo la electricidad y los hidrocarburos. Sus funciones serían absorbidas por la Secretaría de Energía.
Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (CONEVAL): es un organismo público descentralizado con autonomía y capacidad técnica para generar información objetiva sobre la situación de la política social y la medición de la pobreza en México. Sus funciones serían absorbidas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
Especialistas del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y el CIDE alertan que la desaparición del CONEVAL podría generar opacidad sobre la pobreza en México, un problema social que requiere de políticas públicas bajo constante vigilancia y evaluación.
Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH): regula la exploración y extracción de hidrocarburos en México; sus funciones pasarían a la Secretaría de Energía.
Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación (MEJOREDU): su objetivo es evaluar y mejorar la calidad del sistema educativo en México. Quedaría a cargo de la Secretaría de Educación Pública (SEP).