La próxima desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) está generando incertidumbre sobre la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), una herramienta clave para el derecho de acceso a la información pública de todas y todos.
Desde su creación en mayo de 2016, la PNT ha servido como un puente entre la ciudadanía y las dependencias del gobierno, permitiendo que todas las personas pidamos solicitudes de información pública para la rendición de cuentas.
En ella se concentran datos sobre recursos públicos, procesos de contratación y decisiones administrativas del gobierno, cumpliendo con la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
Con la publicación del decreto que elimina diversos órganos autónomos, entre ellos el INAI, el pasado 20 de diciembre en el Diario Oficial de la Federación, comenzó un plazo de 90 días para la creación de leyes secundarias que definirán el nuevo marco legal del acceso a la información. Desde entonces el futuro de la PNT es incierto.
Norma Julieta del Río Venegas, comisionada del INAI, advirtió en entrevista con La Cadera de Eva, sobre las posibles implicaciones de esta transición. Con solo la mitad del presupuesto solicitado para 2025 (500 millones de pesos), el INAI apenas garantiza operaciones para los próximos cuatro meses.
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Este recorte afecta también el mantenimiento de la PNT, que actualmente alberga más de 15 mil millones de archivos, más los que se generen durante este mes debido a la carga de información que deben realizar los sujetos obligados.
“La plataforma no puede ser destruida; es un bien nacional que ha costado tiempo, dinero y esfuerzo de miles de servidores públicos”, declaró Del Río. Sin embargo, todavía no hay claridad sobre quién asumirá la administración de la PNT. La Secretaría de la Función Pública (SFP) figura como una posible candidata, pero no se ha confirmado oficialmente hasta ahora.
Raquel Buenrostro, titular de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, se comprometió hace unos días a establecer “mesas temáticas” para definir el futuro de los millones de archivos contenidos en la PNT y quién resolverá las negativas de información a los ciudadanos.
La Comisionada mencionó que en esta semana van a tener capacitación con los sujetos obligados de la Federación. Según la Ley General de Transparencia y los lineamientos, estos sujetos obligados deben cargar y actualizar información en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) durante los meses de octubre, noviembre y diciembre.
Esta información debe cargarse en el mes de enero para que a partir del primero de febrero todos los usuarios puedan acceder a ella. La capacitación busca asegurar que los sujetos obligados cumplan con esta obligación y que la información en la PNT se mantenga actualizada.
¿Cómo afecta esto a la vida diaria?
La desaparición del INAI podría desencadenar retrocesos significativos en el acceso a la información y la protección de datos personales:
- Mayor opacidad: sin un órgano garante, más información podría ser clasificada como confidencial.
- Retrasos en las solicitudes: la SFP podría carecer de la capacidad operativa del INAI, extendiendo los plazos de respuesta.
- Vulneración de datos personales: la falta de un ente especializado en protección de datos aumenta los riesgos de violaciones a la privacidad.
Aunque existe incertidumbre sobre su futuro, la Comisionada explicó que la PNT actualmente permanece operativa, por lo que toda la ciudadanía puede seguir solicitando información pública mientras se define su futuro en esta transición.
Actualmente, la PNT concentra datos de 7 mil 359 sujetos obligados, entre ellos la Presidencia de la República, gobiernos estatales, partidos políticos y otras instituciones públicas.
La PNT no solo facilita el trabajo de periodistas y académicos, también es crucial para que la ciudadanía acceda a información vital sobre becas, pensiones y contratos públicos. Sin un acceso eficiente, procesos como investigar obras en una colonia o consultar subsidios serán más complejos y menos accesibles.
La comisionada Del Río llamó a la SFP y a otros actores a establecer un diálogo para garantizar una transición ordenada. Asimismo, explicó que proteger la PNT y el derecho al acceso a la información es crucial para la democracia y la rendición de cuentas en México.
El primer bosquejo del futuro marco legal se vislumbra en el Reglamento Interior de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, publicado el 31 de diciembre. Este documento describe la creación de una Dirección General de Plataformas, encargada de diseñar y administrar sistemas de transparencia y seguridad. Sin embargo, aún queda mucho por definir.
¿Qué pasará con los criterios establecidos por el INAI?
La comisionada del INAI explicó que espera que con las nuevas leyes secundarias de acceso a la información mantengan, al menos, el mismo esquema y modelo que existe actualmente. Esto implica que se espera que los criterios que el INAI ha establecido en casos anteriores sigan siendo respetados en futuras resoluciones, aunque esto no está garantizado.
La comisionada mencionó que no se sabe cómo se abordarán temas como la reserva de información y la confidencialidad, y cómo se garantizará que la información pública siga estando disponible para los ciudadanos. Por eso dijo que es crucial que las nuevas leyes secundarias aborden estos temas y establezcan mecanismos claros para la aplicación de los criterios existentes, así como para la creación de nuevos criterios en el futuro.
¿Cómo ha ayudado el INAI a la rendición de cuentas?
Recordemos que el INAI ha desempeñado un papel crucial en la transparencia y la rendición de cuentas en México, emitiendo resoluciones que han permitido destapar casos de corrupción y exigir claridad en las acciones de las autoridades. Estos son algunos de sus principales aportes:
-Caso Odebrecht: El Instituto ordenó la apertura y entrega de toda la información relacionada con este emblemático caso de corrupción internacional, permitiendo conocer detalles clave de las operaciones y responsables involucrados.
-Socavón del Paso Exprés: El INAI instruyó a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a publicar información sobre la construcción y las quejas en torno a la ampliación del Libramiento de Cuernavaca, conocido como Paso Exprés. La divulgación permitió identificar negligencias y posibles actos de dolo en la obra, cuya falla estructural resultó en un socavón que cobró la vida de dos personas.
-Caso Agronitrogenados: Declarando como de interés público los documentos relacionados, el INAI posibilitó el acceso a información clave sobre las condiciones y valores de los bienes involucrados en la adquisición de Agronitrogenados, un caso emblemático de corrupción empresarial.
-La Casa Blanca: Gracias a solicitudes de información, el equipo de Aristegui Noticias reveló la conexión entre el entonces presidente Enrique Peña Nieto y Grupo Higa, la empresa que construyó la llamada “Casa Blanca” en Lomas de Chapultepec, destapando un caso que marcó un precedente en la fiscalización presidencial.
-Estafa Maestra: Cientos de solicitudes y recursos de revisión ante el INAI fueron fundamentales para que Animal Político documentara una red de desvío de dinero público operada por distintas dependencias durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, exponiendo un esquema sistemático de corrupción conocido como “La Estafa Maestra”.