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Después de casi 20 años privada de su libertad sin recibir una sentencia , Brenda Quevedo ha logrado un cambio significativo en su situación jurídica al obtener libertad bajo nuevas medidas cautelares.
Este 10 de agosto la Red de Solidaridad por Brenda Quevedo informó que después de una audiencia de varias horas ante el Poder Judicial de la Federación (PJF), el juzgado determinó que era legalmente procedente revisar las medidas cautelares de Quevedo.
El juzgado concluyó que las condiciones de Quevedo han cambiado. Mientras que en 2024 se hizo un pronóstico sobre su comportamiento, ahora existen más de dos años de información verificable que demuestran que ha cumplido con el arraigo domiciliario, la supervisión y las condiciones impuestas sin incidentes.
“Una medida cautelar no es una pena anticipada ni puede convertirse en una restricción inamovible, debe responder a las circunstancias actuales y mantenerse únicamente mientras resulte necesaria”, se lee en el comunicado.
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Brenda Quevedo: prisión, tortura y 20 años sin sentencia
¿Qué ocurrió?
La defensa, conformada por el Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social, CEA Justicia Social, la Red de Abogadas Digna Ochoa, la Clínica de Litigio Penal en contra de Violaciones Graves a los Derechos Humanos del ITAM y la Clínica Jurídica “Minerva Calderón” de la Universidad Iberoamericana, logró que el juzgado revisara las condiciones del proceso de Brenda Quevedo.
Aunque el caso inició bajo el antiguo sistema penal mixto, el juzgado adoptó el criterio de aplicar el Quinto Transitorio del Código Nacional de Procedimientos Penales. Esto permitió que la discusión se realizara bajo las reglas del sistema acusatorio, lo que facilitó un debate abierto donde se presentó y cuestionó las pruebas sobre su situación actual.
Como contexto, Brenda Quevedo pasó casi 20 años privada de su libertad, acusada por el supuesto secuestro y asesinato de Hugo Alberto Wallace Miranda, sin recibir una sentencia. Hasta la fecha ha defendido inocencia.
La defensa aportó 44 datos de pruebas para demostrar que las circunstancias de Quevedo han cambiado desde junio de 2024, fecha en la que se le habían asignado medidas cautelares. Entre estos elementos se incluyeron informes de la Guardia Nacional sobre su buen comportamiento, documentación médica y psicológica que acredita secuelas de tortura y valoraciones de riesgo procesal actual.
“Traigo un dispositivo en el pie, hay gente de la Guardia Nacional cuidando que no salga, no puedo salir de la casa”, señala Quevedo en la entrevista que La Cadera de Eva publicó el pasado 6 de agosto.
“No solo era estar ante personajes con inmenso poder y capacidad de dinero, también fue el sistema”. (Brenda Quevedo en entrevista con La Cadera de Eva. )
Asimismo, la defensa sostuvo que, tras dos años en prisión domiciliaria, Brenda Quevedo cumplió con todas las restricciones impuestas, por lo que existía información verificable de que no era necesario mantener medidas intensas y que estas no deben convertirse en una pena anticipada.
Caso Wallace: detenciones arbitrarias y fabricación de culpables
El proceso penal se originó después de que Brenda Quevedo fuera acusada de secuestro y delincuencia organizada en relación con la supuesta desaparición y homicidio de Hugo Alberto Wallace Miranda, ocurrido en julio de 2005.
Desde el comienzo, Quevedo ha sostenido que nunca conoció a la supuesta víctima y que el expediente es una fabricación de pruebas y delitos inexistentes derivada de una pseudo investigación conducida por Isabel Miranda de Wallace.
Durante los 20 años que Brenda Quevedo estuvo privada de su libertad, denunció haber sido víctima de tortura y agresiones por parte de servidores públicos dentro de penales federales, actos que han sido documentados por organismos como la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) y las Organización de las Naciones Unidas (ONU).
En el comunicado se explicó que “la defensa sostuvo que esa información debía formar parte de la evaluación de sus condiciones actuales y del impacto que ha tenido sobre ella un régimen prolongado de confinamiento, vigilancia y monitoreo. También se expusieron sus necesidades actuales de atención médica y psicológica y la información recabada por la CEAV”.
Y es que, a pesar de cumplir con las medidas cautelares, la falta de perspectiva de género y de derechos humanos ha tenido implicaciones emocionales y física en la vida de Brenda, desde no poder asistir a su padre, que se encuentra en un estado crítico de salud, hasta tener complicaciones de salud sin poder atenderlas adecuadamente.
“A veces los jueces varones no pueden entender lo que nos pasa a las mujeres. Tuve una hemorragia vaginal y no puedo salir. Para salir necesito una orden judicial (...) Para ellos no era una emergencia”.
Estas repercusiones sugieren que el caso no ha terminado; sigue pendiente una respuesta de fondo sobre las graves violaciones a los derechos humanos denunciadas durante dos décadas.
Finalmente, la Red de Solidaridad por Brenda Quevedo hizo un llamado a la Presidenta Claudia Sheinbaum para que el caso sea revisado con perspectiva de derechos humanos.
¿Qué piensas? Te leemos en los comentarios.
