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En México, los refugios especializados en ofrecer servicios con perspectiva de género para mujeres e infancias, víctimas de violencia de género, se encuentran en una situación crítica: la falta de recursos para sostener la protección integral de las mujeres.
Esta es una tarea que, aunque es responsabilidad del Estado, ha recaído en las organizaciones. Por ello, este 7 de abril, la Red Nacional de Refugios (RNR) advirtió a través de un comunicado el peligro en el que se encuentran los refugios en el país, al no contar con financiamiento justo y operar en condiciones precarias derivadas de la incertidumbre administrativa provocada por recientes convenios gubernamentales.
Ya hace unos meses, con la presentación del Paquete Económico para el Ejercicio Fiscal 2026, se había denunciado que el presupuesto destinado al Componente C, que corresponde al apoyo para espacios de refugio especializados, era un incremento insuficiente de apenas el 2% y tampoco consideraba la dispersión de fondos al ser una asignación que cubre tanto refugios y centros de capacitación como casas de emergencia y casas de transición.
¿Qué es lo que denuncia la RNR?
Para la Red Nacional de Refugios (RNR), la situación no solo es crítica, es urgente. De acuerdo con sus denuncias, algunos de los puntos más alarmantes van desde la nula garantía de la entrega oportuna de los recursos (dejando abierta la posibilidad de retrasos o cancelaciones sin responsabilidad gubernamental), hasta la imposición de obligaciones administrativas y operativas sin condiciones equivalentes de corresponsabilidad por parte del Estado.
A esto se suman, por un lado, la implementación de nuevos instrumentos jurídicos en donde se incluyen cláusulas que permiten retrasos o cancelaciones de recursos y, por otro, que se obligue a las organizaciones a asumir riesgos por conflictos laborales que contemplan la devolución total de los recursos si no se cumplen las metas del proyecto.
“Garantizar la protección de las mujeres frente a la violencia no es opcional. Es una obligación del Estado mexicano. Así lo establecen la Constitución mexicana, la LGAMVLV, la CEDAW y la Convención”. (-Red Nacional de Refugios)
Por ello, para la RNR es importante enfatizar la importancia de que la protección no debe depender de la capacidad financiera de las organizaciones. En este contexto, los recursos deben ser suficientes, oportunos, focalizados y garantizados por el Estado, integrando una corresponsabilidad real, efectiva y verificable.
También se pide que las políticas públicas fortalezcan las capacidades operativas y de protección, en lugar de precarizar a quienes sostienen la atención, pues el trabajo de las mujeres y personas trabajadoras que integran los refugios no solo cumplen con un trabajo, sostienen a miles de mujeres, víctimas de violencia de género y sistémica.
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¿Por qué son importantes los refugios?
Los refugios son espacios de protección vital. No son un apoyo complementario, sino una alternativa real frente a la violencia extrema, el riesgo feminicida y la impunidad. En estos espacios no solo se salvan vidas, también se tejen redes y se generan comunidades.
Como la RNR denunció el pasado 12 marzo, esta instancia atendió a más de 29 mil mujeres durante los dos años, en un contexto en el que cada tres horas una mujer es asesinada en México a través de sus más de 70 espacios, que representan el 60% de los refugios no gubernamentales del país, y de 752 mujeres enfrentan violencia familiar diariamente, de acuerdo con datos retomados por la RNR del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).
La denuncia, como la función de la RNR es clara y contundente. Para que los refugios y el trabajo de las personas que los integran sean reconocidas, así como para garantizar la atención integral para mujeres en situación de violencia, es necesario transparentar los criterios y procedimientos empleados en los procesos de evaluación y asignación de recursos.
Además, se tiene que asegurar el respeto a los principios de igualdad y no discriminación, y crear mesas de diálogo con instancias como la Secretaría de las Mujeres (SEMUEJRES) y Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) para garantizar la entrega oportuna y suficiente de los recursos, y generar mecanismos claros que aseguren la continuidad de los servicios.
