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La Red Nacional de Refugios (RNR) expresó preocupación por los nuevos Lineamientos de Operación y la Guía Operativa para el ejercicio fiscal 2026 publicados por la Secretaría de las Mujeres el pasado 6 de enero de 2026.
Tras revisar los documentos que establecen las reglas bajo las cuales operarán los espacios que protegen a mujeres víctimas de violencia, sus hijas e hijos, la organización advirtió que las disposiciones podrían afectar la sostenibilidad, la seguridad y la calidad de la atención que brindan los refugios.
En un país donde la violencia feminicida persiste y las medidas de protección suelen llegar tarde o no ejecutarse, los refugios se han convertido en uno de los principales mecanismos de resguardo para mujeres que enfrentan un riesgo real de feminicidio en México. Actualmente la Red Nacional de Refugios articula más de 70 espacios de atención y protección, que funcionan como una última línea de seguridad para mujeres frente a la violencia feminicida.
¿Es suficiente el presupuesto asignado para 2026?
De acuerdo con el posicionamiento de la RNR, el presupuesto de este 2026 destinado al Componente C —correspondiente al apoyo para refugios especializados— asciende a 515 millones 33 mil 86.90 pesos. Aunque la cifra representa un incremento nominal, la Red aclara que el aumento real es de apenas 2% una vez considerada la inflación.
Los nuevos lineamientos amplían los espacios que deben cubrirse con el mismo presupuesto: además de refugios y centros de atención externa, ahora se incluyen casas de emergencia —de resguardo inmediato y temporal— y casas de transición, que ofrecen alojamiento a mediano plazo con acompañamiento psicológico, legal y laboral para apoyar la autonomía de las mujeres.
Si bien la RNR reconoce esta expansión como un avance necesario, advierte que, sin un incremento presupuestal proporcional, se genera una mayor dispersión de los recursos y una reducción en la capacidad operativa de cada espacio.
¿Qué riesgos enfrentan el personal y la seguridad de los refugios?
Uno de los principales focos de alerta señalados por la Red es la disminución de recursos destinados a seguridad, así como la reducción de honorarios del personal especializado. La organización considera estas medidas especialmente preocupantes, ya que impactan directamente en la protección de las mujeres y del equipo que las atiende.
A ello se suma la falta de certeza sobre la entrega oportuna del presupuesto. La RNR recuerda que, desde hace más de cuatro años, los recursos federales llegan con retrasos, lo que genera una “política de la incertidumbre” que compromete la operación cotidiana de espacios diseñados para prevenir violencias graves, incluidos los feminicidios.
La Red señala que los nuevos lineamientos trasladan parte de la responsabilidad del Estado a las organizaciones civiles, al exigirles demostrar solvencia económica con recursos propios para poder operar. Desde su perspectiva, esta exigencia contradice los compromisos internacionales asumidos por México, como la Convención para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW) y la Convención de Belém do Pará.
Wendy Figueroa Morales, directora de la RNR, advirtió que no es viable exigir autosuficiencia financiera a las organizaciones mientras se incrementan las cargas administrativas y se reducen los apoyos públicos. Para la Red, estas medidas institucionalizan la precariedad y vulneran el principio de progresividad de los derechos humanos.
¿Cuáles son las demandas de la Red Nacional de Refugios?
Ante este escenario, la RNR plantea una serie de exigencias urgentes para el ejercicio fiscal 2026:
- Establecer fechas públicas y vinculantes para la entrega de recursos.
- Garantizar un presupuesto suficiente para asegurar la calidad de la atención.
- No reducir honorarios ni fondos destinados a la seguridad.
- Eliminar la exigencia de solvencia económica previa a las organizaciones.
- Abrir mesas de trabajo con diálogo horizontal entre autoridades y sociedad civil.
Para la Red, los refugios no son solo espacios de resguardo temporal, sino una política pública esencial para la protección de la vida, el acceso a la justicia y la restitución de derechos de las mujeres.
