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La Cámara de Diputados inicia esta semana la discusión del Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026, enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum. El debate se extenderá durante la semana y uno de los puntos que organizaciones feministas y de derechos humanos han puesto en el centro es la forma en que el presupuesto define, o limita, el acceso a la salud sexual y reproductiva, la atención a mujeres que huyen de violencias feminicidas y la posibilidad de avanzar hacia un sistema nacional de cuidados.
En materia de salud sexual y reproductiva, más de 140 organizaciones, entre ellas Fundar, Impunidad Cero y el Instituto Mexicano de Sexualidad en la Discapacidad, advirtieron que el presupuesto proyectado para 2026 mantiene cifras prácticamente estancadas respecto al año anterior. El Programa P029, destinado a salud materna, sexual y reproductiva, contará con 2 mil 991 millones de pesos, apenas 0.3% más que en 2025, pero 15% menos que en 2019.
En otras palabras, en términos reales el Estado destinará menos recursos que hace siete años para garantizar servicios esenciales como acceso a métodos anticonceptivos, atención obstétrica y servicios seguros de interrupción del embarazo donde la ley lo permite.
Las consecuencias de este rezago ya son visibles. En Oaxaca, por ejemplo, en 2024 se asignaron apenas 757 mil 065 pesos del Ramo 12 para servicios de aborto seguro, monto insuficiente para una población de más de 1.2 millones de mujeres. En la práctica, los lineamientos federales para la Interrupción del Embarazo (ya sea mediante medicamentos o AMEU) resultan materialmente inviables en la mayoría de unidades de salud.
Además, señalan que en 2023 y 2024, el Poder Ejecutivo redujo los recursos del Programa de Salud Materna, Sexual y Reproductiva en 64% y 45%, respectivamente, pese a que la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria prohíbe disminuir los montos destinados a la atención de la Igualdad entre Mujeres y Hombres.
Exigen presupuesto transparente para los refugios
El panorama para los refugios especializados tampoco es claro. El programa U012, que permitía identificar los recursos destinados específicamente a refugios para mujeres que huyen de violencias feminicidas junto con sus hijas e hijos, desapareció como partida visible y fue absorbido dentro del rubro “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”, de 857 millones de pesos totales. Sin desglose, no es posible saber cuánto llegará efectivamente a los refugios ni en qué tiempos.
La Red Nacional de Refugios considera esta decisión un retroceso. Su directora, Wendy Figueroa Morales, lo ha resumido así: “Un presupuesto sin nombre es un retroceso. La transparencia presupuestal no es un trámite administrativo: es una obligación del Estado y una garantía de derechos humanos”.
La advertencia llega en un contexto en el que la demanda de refugios no disminuye: entre enero y septiembre de 2025, la Red atendió a 9,864 mujeres, niñas y niños. En los últimos seis años, las lesiones dolosas contra mujeres crecieron 31.6% y la violencia familiar aumentó 15.3% a nivel nacional. Para las organizaciones, sin una partida específica el riesgo es que se retrase o reduzca la operación de los refugios, con consecuencias directas en la vida de quienes buscan protección.
El tercer eje en disputa es el presupuesto para cuidados. El Anexo Transversal 31, presentado por la Secretaría de las Mujeres como un avance para reconocer la carga del trabajo de cuidados en el país, contempla 466 mil 675 millones de pesos para 2026, equivalentes al 1.2% del PIB. Sin embargo, no se trata de recursos nuevos, sino de una identificación de programas ya existentes.
Además, el 68% de ese monto se concentra en la Pensión Mujeres Bienestar y en los Centros de Cuidado Infantil, lo que confirma que aún no existe una arquitectura sólida ni suficiente para construir un sistema de cuidados que redistribuya de manera real el tiempo y el trabajo que hoy realizan mayoritariamente las mujeres.
México sigue por debajo de los estándares recomendados por la CEPAL, que señala que para avanzar hacia la igualdad sustantiva los países deben invertir entre el 2% y el 3% del PIB en cuidados.
A esto se suma una preocupación sobre cómo se orienta el gasto etiquetado para igualdad de género. Un diagnóstico de la Red por una Política Fiscal Feminista muestra que los programas del Anexo 13 solo cumplen 29% de los criterios necesarios para reducir desigualdades estructurales. Es decir, incluso cuando se asignan recursos bajo la etiqueta de “igualdad”, no necesariamente están diseñados para transformar las condiciones que producen esas brechas.
La discusión de esta semana inicia en la Comisión de Presupuesto y termina en el Pleno. La Cámara tiene hasta el 15 de noviembre para aprobarlo; las negociaciones suelen definirse en los últimos días, cuando se ajustan los montos finales.
