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Expertas y activistas de la Red Nacional de Refugios (RNR), Fundar y Menstruación Digna México se reunieron en el Foro Internacional “Protección, justicia y presupuesto: hacer realidad CEDAW y Belém do Pará es garantizar vidas libres de violencia” para debatir la urgencia de construir una política fiscal con perspectiva feminista que garantice la protección y los derechos humanos de las mujeres.
Las participantes coincidieron en que la política fiscal, al igual que cualquier otra política pública, no es neutral en términos de género. La manera en que el Estado elige recaudar y, especialmente, cómo elige gastar los recursos, tiene implicaciones diferenciadas en las vidas de mujeres y hombres.
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Una de las principales preocupaciones en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación (PPEF) 2026 es el destino de los recursos para los Refugios. El Programa U012, destinado al “Apoyo para Refugios Especializados para Mujeres Víctimas de Violencia de Género, sus hijas e hijos”, ha sido absorbido por una partida genérica.
El nuevo rubro, denominado “Programa para la Prevención y Detección de las Violencias Feminicidas y la Atención de las Causas”, cuenta con un monto global de 857 millones de pesos, pero no desglosa cuánto será destinado específicamente a Refugios.
El presupuesto de refugios, en riesgo de diluirse en el PEF 2026
Esta decisión ha sido catalogada como un retroceso en derechos humanos. Al respecto, la directora de la Red Nacional de Refugios (RNR), Wendy Figueroa Morales, señaló la urgencia de mantener la visibilidad de estos fondos:
“Un presupuesto sin nombre es un retroceso. La transparencia presupuestal no es un trámite administrativo: es una obligación del Estado y una garantía de derechos humanos. Nos preocupa la resistencia del gobierno a informar cuánto se destinará específicamente a los Refugios; no se trata de una petición individual, sino de una exigencia colectiva y de un derecho que en un país que se dice democrático debe cumplirse con claridad y responsabilidad”.
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Andrea Larios, investigadora de Fundar, subrayó que los presupuestos son importantes porque muestran las prioridades reales de los gobiernos. Enfatizó que no existe política pública que pueda implementarse si carece de dinero, ya que el recurso es la condición necesaria para que una política se transforme en acciones concretas.
Por su parte, Anahí Rodríguez Martínez, fundadora de Menstruación Digna México, lamentó que este tipo de decisiones "invisibiliza una realidad en México que es que las mujeres están siendo asesinadas y el mensaje al agresor es que no pasa nada".
Esta dilución se presenta mientras los datos de violencia muestran un incremento en el país: de enero a septiembre de 2025, la RNR atendió a 9 mil 864 mujeres, niñas y niños, y las lesiones dolosas contra mujeres aumentaron 31.6% y la violencia familiar 15.3% en los últimos seis años a nivel nacional.
Leyes "letra muerta" y la masculinización del gasto
El problema de la falta de asignación presupuestaria específica y sostenible no solo afecta a los refugios, sino también a otras áreas vitales como la gestión menstrual.
Anahí Rodríguez explicó que si bien ha habido logros importantes, como la eliminación del impuesto a toallas, tampones y copas (tasa cero), el desafío ahora es la implementación de la gratuidad.
A pesar de que 22 estados de México han reformado leyes para garantizar productos gratuitos en escuelas o centros de salud, están quedando en “letra muerta” porque no se están asignando los recursos. Solo dos estados, Jalisco y Michoacán, muestran cierta funcionalidad, aunque esto depende en gran medida de la voluntad política de los funcionarios en turno.
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Sin presupuesto, la menstruación digna no avanza en el país
La experta lamentó que la asignación del presupuesto se ve obstaculizada por la masculinización de los presupuestos, ya que son principalmente hombres quienes deciden sobre el dinero y no tienen conciencia plena de la importancia de la gestión menstrual.
La falta de recursos sostenibles significa que muchas personas privadas de su libertad o en situación de calle deben recurrir a donaciones o materiales inadecuados, como calcetines o trapos, poniendo en riesgo su salud y dignidad.
La exigencia de transparencia y sostenibilidad
Las especialistas coincidieron en la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas, transparencia y fiscalización. Ximena Ugarte Trangay, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia (IMDHD), señaló que históricamente los temas fiscales y financieros han parecido eminentemente masculinos, y es fundamental que las mujeres se apropien de esta discusión política sobre el dinero.
El llamado colectivo del Foro se centra en exigir una asignación visible, autónoma y suficiente de recursos en el PEF 2026, así como el cumplimiento efectivo del principio de progresividad en derechos humanos, que exige avanzar y no retroceder. Sin recursos etiquetados, insisten, solo hay simulación e impunidad.
