Este 17 y 18 de junio de 2025, el Estado mexicano compareció por décima ocasión ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW) en Ginebra, Suiza. Mientras la delegación oficial, encabezada por la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, aseguró avances históricos en materia de igualdad, organizaciones feministas denunciaron una presentación llena de omisiones, datos imprecisos y falta de respuestas sustantivas sobre los derechos de las mujeres y las niñas.
Desde el gobierno se destacaron reformas constitucionales, el nombramiento de Claudia Sheinbaum, la primera presidenta mujer en México, la creación de la Secretaría de las Mujeres y programas sociales como la Pensión Bienestar para Mujeres. Además, se presumió el avance del Sistema Nacional de Cuidados, los Centros LIBRE y la Política Exterior Feminista. El boletín oficial incluso habló de 3.5 millones de mujeres que habrían salido de la pobreza moderada desde hace seis años gracias a los programas sociales.
Pero mientras el gobierno presumía la apertura de más de 232 Centros LIBRE, espacios dedicados a la atención integral a mujeres víctimas de violencia, instalados en al menos 15 estados con un presupuesto de 754.6 millones de pesos, organizaciones como la Red Nacional de Refugios (RNR) han denunciado que estos no deben sustituir el trabajo de los refugios especializados, pues estos últimos reciben menos recursos y operan en incertidumbre.
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¿Cuál fue la postura del CEDAW?
El Comité expresó su “profunda preocupación” por la falta de evidencia verificable sobre estos supuestos avances. El Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) y la Red TDT, que participaron con un informe sombra, criticaron que la narrativa institucional no solo es incompleta, sino que oculta la dimensión real de la violencia y la desigualdad que persisten en el país.
En sus informes sombra, distintas organizaciones civiles denunciaron que el Estado mexicano ha presentado cifras maquilladas o parciales, particularmente en casos de feminicidio, donde muchos asesinatos de mujeres siguen siendo clasificados como homicidios dolosos o incluso como suicidios.
Además, alertaron sobre otras violencias sistemáticas que no fueron abordadas por la delegación mexicana, como los ataques con ácido. de los cuales se registraron más de 3 mil 300 en los últimos 12 años, los matrimonios forzados de niñas en comunidades indígenas con pagos de hasta 250 mil pesos, y la falta de refugios y recursos para atender a víctimas de trata de personas.
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En temas de prisión, advirtieron que el 48 % de las mujeres encarceladas se encuentra en prisión preventiva, muchas sin sentencia desde hace más de dos años, y que el 44.7 % ha sufrido violencia al interior de los reclusorios. Todas estas realidades fueron ignoradas en el discurso oficial.
Cuestionan cifras de violencia feminicida
Y es que uno de los temas más sensibles fue la violencia feminicida. Mientras el Estado aseguró que los feminicidios han disminuido, los datos oficiales, muestran que no ha habido una reducción efectiva. En promedio, cada día son asesinadas diez mujeres. De esos crímenes, apenas el 25 % se investigan como feminicidio.
En estados como Guerrero o Guanajuato, esa proporción baja a menos del 10 %. En total, entre 2015 y abril de 2025, se contabilizan al menos 34 mil 715 mujeres asesinadas y sólo 6 mil 781 casos han sido clasificados como feminicidio.
El Comité también cuestionó la falta de datos estadísticos claros y actualizados, una carencia que impide evaluar el verdadero impacto de las políticas públicas.
Otro punto crítico fue el desmantelamiento de la CONAVIM, responsable de coordinar el mecanismo de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM). En nuestras entregas anteriores ya habíamos documentado que las alertas han sido poco efectivas, burocráticas y en muchos casos, politizadas. La desaparición de este organismo compromete su continuidad y vulnera el principio de progresividad en derechos humanos.
En cuanto al Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, también presentado como un logro, las cifras muestran su ineficacia. De las 2,128 solicitudes recibidas, solo 1,472 fueron aceptadas. Las medidas son reactivas y limitadas. Entre 2018 y 2024, fueron asesinadas 39 defensoras —muchas de ellas indígenas o cuidadoras comunitarias— y cuatro periodistas, sin que el mecanismo haya logrado prevenir sus muertes.
La omisión también se hizo evidente en materia de derechos sexuales y reproductivos. Aunque el Estado destacó la “progresiva despenalización del aborto”, evitó hablar de las barreras reales.
En al menos ocho estados el aborto sigue siendo criminalizado, mientras que la objeción de conciencia no cuenta con regulación y muchas instituciones carecen de personal capacitado. Según datos que también publicamos en La Cadera de Eva, solo en el primer trimestre de 2025 se abrieron 218 carpetas de investigación por aborto, incluyendo estados donde el procedimiento ya es legal.
Sobre la trata de personas, el Estado presentó el Programa Nacional como pieza clave de su estrategia. Sin embargo, el programa 2022–2024 no tuvo presupuesto asignado. Hoy existen apenas 13 refugios especializados en todo el país y la impunidad en los delitos relacionados con trata alcanza el 99 %. Las organizaciones civiles exigieron que el nuevo programa 2025–2030 no solo tenga un presupuesto específico, sino que integre las propuestas de quienes han trabajado en la atención de víctimas durante décadas.
La comparecencia cerró sin respuestas completas ni compromisos firmes. Para el OCNF y la Red TDT, el Estado mexicano no logró acreditar avances reales ni sustantivos. “No hay tiempo de mujeres mientras no se garantice el derecho a la vida, la justicia y la igualdad. No hay avances si seguimos contando a nuestras muertas”, sentenciaron.
Las organizaciones exigen medidas concretas como la reinstalación de la CONAVIM o la creación de un órgano con igual capacidad técnica y presupuestaria; la homologación de los códigos penales estatales y un Código Penal Único con perspectiva de género; una reforma profunda del mecanismo de protección a defensoras y periodistas; el acceso efectivo y sin criminalización al aborto legal; el respeto a los derechos de madres buscadoras y defensoras comunitarias; y recursos suficientes para refugios, así como la creación de más centros de atención integral para víctimas de trata.
