En un país donde la crisis de desapariciones ha superado las 124 mil personas, los colectivos de familiares de desaparecidos, muchas de ellas madres, hermanas, hijas se han convertido en la primera línea de búsqueda a pesar del miedo y el dolor. Armadas con picos y palas, recorren campos, territorios desolados y fosas clandestinas, con la esperanza de encontrar a sus seres queridos.
Esta labor, que debería ser responsabilidad de las autoridades, se lleva a cabo en un contexto de creciente inseguridad. Desde 2011, al menos 22 personas han sido asesinadas, 12 de ellas mujeres, de acuerdo con un diagnóstico realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM).
Las amenazas y ataques, incluso por parte de agentes del Estado, son una constante, mientras que las medidas de protección gubernamentales son insuficientes, reduciéndose en muchos casos a botones de pánico que rara vez funcionan y sin cubrir a todas las integrantes de los colectivos.
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Radiografía del riesgo
Los colectivos de personas buscadoras enfrentan una violencia sistémica que obstaculiza su trabajo y pone en riesgo su vida. Según datos obtenidos por La Cadera de Eva a través de la Secretaría de Gobernación, desde 2006 a diciembre de 2024 se han registrado agresiones contra colectivos de 24 estados, siendo Michoacán, Guanajuato y Veracruz las entidades con más casos.
Las agresiones identificadas contra las personas defensoras buscadoras protegidas por el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, van desde amenazas (95 casos), seguimiento y/o vigilancia (31 casos), agresiones físicas (20 incidentes), privación de la vida de familiares o colaboradores y allanamiento en su domicilio (cada uno con ocho casos respectivamente).
La lista de agresiones es un catálogo sombrío de tácticas para infundir miedo y detener la búsqueda, otras ataques identificados, aunque con menor frecuencia, incluyen: extorsión, asesinato de familiar, detención arbitraria, robo, daño en propiedad, desaparición de su familiar, privación de la libertad, campaña de desprestigio y acceso no autorizado a dispositivos, cuentas o servicios en línea.
La identificación de los responsables de estas agresiones es un desafío significativo, ya que en la mayoría de los casos no se logra determinar quiénes son. Del total de agresores registrados en los casos de personas defensoras buscadoras, el 80% no está identificado, de acuerdo con la información de las autoridades.
Sin embargo, las escasas pistas señalan a diversos actores: desde la autoridad estatal (9%), crimen organizado (7%), particulares (6%), autoridad municipal (2%) y Guardia Nacional y Secretaria de la Defensa Nacional (Sedena) (2%).
La alta proporción de agresores no identificados subraya la complejidad y la falta de rendición de cuentas en estos casos, generando un clima de impunidad que perpetúa la violencia contra quienes buscan a sus desaparecidos.
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Concentración geográfica del riesgo
La inseguridad que enfrentan las personas defensoras buscadoras no se distribuye de manera uniforme en todo el país. El 61.7% de los casos de personas defensoras buscadoras protegidas por el mecanismo (84) se concentran en siete entidades federativas: Michoacán (15), Guanajuato (14), Veracruz (12), Tamaulipas (11), Baja California (11), Jalisco (11) y Estado de México (10).
En contraste, existen ocho entidades federativas donde no se tienen casos de personas defensoras buscadoras incorporadas en el Mecanismo de protección federal: Durango, Aguascalientes, Hidalgo, Tlaxcala, Tabasco, Chiapas, Campeche y Yucatán.
Esto no necesariamente implica la ausencia de colectivos o riesgos en estas zonas, sino que al menos hasta la fecha de la información de la Dirección General para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, no hay casos formalmente incorporados al Mecanismo federal en dichas entidades.
Ser mujer y buscadora
La desoladora realidad es que, frente a las más de 124 mil personas desaparecidas el número de personas buscadoras y familiares bajo protección del Mecanismo, palidece en comparación con la magnitud de la crisis humanitaria.
En estos 18 años el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas ha otorgado 330 medidas de protección a personas defensoras de derechos humanos cuya labor se enfoca en la búsqueda de personas desaparecidas, en 134 expedientes. De esas 330 personas, 242 son mujeres y 88 hombres.
La abrumadora presencia femenina (73%) entre las personas buscadoras protegidas subraya la realidad de que son las madres, hermanas, esposas e hijas quienes, con una valentía y resiliencia, se plantan frente a la indolencia y el peligro para exigir respuestas sobre el paradero de sus seres queridos. Esta dedicación, sin embargo, las expone de manera desproporcionada a amenazas y agresiones debido a la violencia feminicida en el país, donde diariamente son asesinadas 11 mujeres.
María Isabel Cruz Bernal, fundadora del colectivo Sabuesos Guerreras en Sinaloa, experimentó directamente esta vulnerabilidad al recibir 13 amenazas de muerte por buscar a su hijo Yosimar García Cruz desaparecido el 26 de enero de 2017 en Culiacán, Sinaloa.
En entrevista para La Cadera de Eva, la madre buscadora relata cómo al inicio de su búsqueda, incluso agentes de la fiscalía la perseguían, y posteriormente las amenazas provinieron de grupos delincuenciales. Lo que llevó a estar inscrita en el Mecanismo de Protección a Personas Defensoras y Periodistas, donde le ofrecieron el desplazamiento, una medida que rechazó por considerar que la alejaría de la búsqueda.
"Nosotras no vamos a dejar de buscar a nuestros familiares porque consideramos que si las autoridades no son capaces de encontrarlos... no debemos de tener esta labor tan importante que realizamos" (María Isabel Cruz Bernal, Sabuesos Guerreras. )
Una promesa insuficiente
Si bien el Mecanismo de Protección representa un reconocimiento formal del peligro que enfrentan las personas buscadoras, su implementación aún enfrenta desafíos para que sea efectivo, según comparten algunos de los familiares entrevistados.
Bibiana Mendoza, hermana de Manuel Ojeda Negrete -desaparecido desde enero de 2018 en Irapuato- y vocera de la colectiva Hasta Encontrarte en Guanajuato, señala que las medidas se reducen, en muchos casos, a un botón de pánico que frecuentemente resulta inoperante.
La buscadora describe cómo, al activar el botón de pánico en situaciones de peligro durante las búsquedas en campo, la respuesta de las autoridades es tardía o inexistente, con los municipios evadiendo su responsabilidad de brindar auxilio.
Además, critica la falta de una perspectiva de búsquedas individualizadas, donde solo las representantes de los colectivos acceden a estas medidas, dejando desprotegidas a muchas mujeres que participan activamente en la búsqueda en campo.
"Por ejemplo, en el colectivo participan alrededor de 20 mujeres que se dedican a diario a la búsqueda en campo de nuestros familiares desaparecidos y ninguna de ellas cuenta con esta medida de protección que si de por sí no es suficiente, tampoco se logra acceder tan fácilmente a esta medida", Bibiana Mendonza, colectiva Hasta Encontrarte.
María Isabel Cruz Bernal, comparte una visión similar, describiendo cómo el apoyo estatal se ha limitado a rondines policiales y a la instalación de cámaras de seguridad cuyos costos de electricidad recaen en las propias víctimas, lo que la llevó a solicitar su retiro, pues al dedicar su vida a la búsqueda no cuenta con un ingreso fijo para poder pagar el recibo de luz.
Su testimonio resalta una falta de apoyo sustancial y una desconexión entre las medidas ofrecidas y las verdaderas necesidades de seguridad de quienes buscan. María Isabel enfatiza que la obligación de buscar debería recaer en el Estado, con la seguridad garantizada para las familias, y lamenta que la Comisión de Búsqueda a menudo dependa de la presencia de las familias para llevar a cabo sus propias labores, invirtiendo los roles y exponiendo aún más a las víctimas.
"Es bastante difícil la búsqueda aquí en el estado, es peligroso porque pues tenemos los cárteles más fuertes que a ellos les vale quien seas, precisamente por eso digo que son las autoridades quienes deberían de hacer la búsqueda tal cual para que nosotras como madres no tengamos que andarnos exponiendo. Sin embargo, nosotras tenemos que ir para que ellos vayan a la búsqueda" Maria Isabel Cruz Bernal, Sabuesos Guerreras.
Un costo demasiado alto
El Diagnóstico de seguridad para colectivos de familias de personas desaparecidas en México realizado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) revela la falta de una perspectiva de género y un enfoque victimológico en la implementación de las medidas de protección en el Mecanismo, lo que impide que se atiendan las necesidades específicas de las mujeres buscadoras, quienes constituyen la mayoría de las personas en esta labor.
Ejemplo de ello es el caso de Angelita Meraz León, dirigente del colectivo Unión y Fuerza por Nuestros desaparecidos de Baja California, quien a pesar de contar con medidas cautelares del del Mecanismo Estatal de Protección a periodistas y defensores de derechos humanos fue asesinada el 8 de febrero de 2024.
De acuerdo con el diagnóstico elaborado por el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) la búsqueda de justicia y de seres queridos se paga, con demasiada frecuencia, con la propia vida o con la angustia de una nueva desaparición.
Entre 2018 y agosto de 2024, se registraron nueve casos de desaparición de personas buscadoras. El año 2024 tuvo la mayor cantidad de casos hasta agosto, con tres desapariciones. De estas nueve personas, seis eran mujeres y tres hombres. En cuanto a su estatus, una persona continuaba desaparecida, cinco fueron localizadas sin vida y tres con vida.
Las entidades con más casos de desaparición de buscadores fueron Jalisco (3) y Sonora (2). En seis de los nueve casos, las desapariciones ocurrieron con la sustracción forzada de los domicilios.
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Que el dolor sea puente y no destino
Pero el horror no se detiene en la desaparición. La búsqueda, en demasiadas ocasiones, se convierte en una sentencia de muerte.
Sus nombres resuenan como un epitafio en la memoria de las y los buscadores: Sandra Luz Hernández, citada con engaños en Culiacán antes de ser asesinada; José de Jesús Jiménez Gambia, acribillado a las puertas de la justicia en Veracruz; Ángela Meraz León, en Tecate, Baja California, cuya protección estatal no fue suficiente para salvarla de las balas; Rosario Zavala Aguilar, en Guanajuato, silenciada en su propio hogar con un macabro mensaje: "por hablar demasiado".
Este recuento revela una verdad ineludible: en México, buscar a los desaparecidos se ha transformado en una actividad de alto riesgo. La impunidad, la colusión de actores y la falta de protección efectiva por parte del Estado han creado un escenario donde quienes claman por justicia se convierten en nuevas víctimas, pues antes de cada asesinato hubo un preludio de amenazas, hostigamiento, vigilancia constante, ataques al patrimonio, que anticipaba el desenlace fatal.
“Las mujeres buscadoras en México están siendo asesinadas por su labor de búsqueda. Ha sido un tema difícil porque las autoridades cada que asesinan a una buscadora no reconocen que sea por su labor de búsqueda, se lo atribuyen a otro tipo de de delitos o dejan en presunción que a lo mejor las mujeres buscadoras pertenecían a algún grupo del crimen organizado y estas cosas pues nos ponen en riesgo”, (Bibiana Mendoza, Hasta Encontrarte.)
Defensoras de derechos humanos
El impacto psicosocial de las agresiones a las personas buscadoras y sus familias es devastador. El diagnóstico del MNDM documenta una amplia gama de afecciones, incluyendo estrés, síndrome postraumático, ansiedad crónica, sentimientos de miedo constante, incertidumbre, desesperanza y depresión.
Al respecto, Edith Olivares, directora de Amnistía Internacional México, también subraya los riesgos a la salud mental como la depresión, ansiedad e insomnio, vinculados tanto a la desaparición como a la labor de búsqueda y al temor de ser atacadas, explica en entrevista para La Cadera de Eva.
Bibiana Mendoza comparte cómo el miedo se instala en sus hogares, generando discusiones y peleas familiares, y cómo sus hijos e hijas viven con la constante angustia de que algo les pueda suceder a ellas por su labor.
La vida social también se ve afectada, ya que las personas temen asociarse con quienes están en riesgo. La sensación de culpa por no poder proteger a sus familias o por tener que abandonar temporalmente la búsqueda debido al peligro también es una carga emocional pesada.
Además, Edith Olivares destaca los riesgos económicos que enfrentan las mujeres buscadoras, muchas de las cuales deben renunciar a su trabajo remunerado o tener empleos precarios, utilizando sus propios recursos para las búsquedas.
La experiencia cotidiana de los colectivos está marcada por una profunda sensación de desprotección e indefensión. María Isabel Cruz Bernal describe la indiferencia de las autoridades ante las trece amenazas de muerte que ha recibido, sintiendo que solo se tomarán medidas si sufriera un ataque físico grave.
Esta falta de una respuesta efectiva por parte del Estado, sumada a la minimización de las amenazas por parte de las autoridades, genera una profunda desconfianza y la percepción de estar completamente a la deriva ante los peligros que enfrentan por buscar a sus familiares y exigir justicia.
Edith Olivares menciona que la resistencia de las autoridades a reconocer la labor de las buscadoras como defensoras de derechos humanos limita su acceso a medidas de protección adecuadas y las expone a estigma y desacreditación constante.
"Es hora de poner el foco en los derechos que tienen esas mujeres que están haciendo una labor que debería estar haciendo el Estado. Hay que recordar que estas mujeres se organizaron en colectivas porque se encontraron en la fiscalía, en la fosa o en la calle pegando las fichas de desaparición de sus familiares y se convierten en defensoras de derechos humanos de un día para otro" (Edith Olivares, Amnistía Internacional.)
Al respecto, los colectivos de familiares de personas desaparecidas como organizaciones de derechos humanos señalan que un reconocimiento pleno de las mujeres buscadoras como defensoras de derechos humanos a nivel nacional e internacional es fundamental para garantizar su protección y visibilizar la legitimidad de su labor.
Otras de las recomendaciones de Amnistía Internacional México para proteger la integridad de las personas buscadoras son:
- Implementación de medidas de seguridad integrales, con un enfoque diferencial y colectivo, que respondan a los riesgos específicos que enfrentan en cada región.
- Investigaciones prontas, efectivas e imparciales de las agresiones contra las personas buscadoras, incluyendo los casos de desaparición y asesinato.
- Participación activa de los colectivos en el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas en materia de desaparición y protección.
- Cese de la estigmatización y la criminalización de las personas desaparecidas y sus familias.
Para los colectivos y organizaciones sólo a través de acciones concretas y un compromiso real con la seguridad y la justicia se podrá aliviar el sufrimiento de miles de familias en México y garantizar que la búsqueda de sus seres queridos se realice sin temor y con la esperanza de un encuentro.
