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Pese a que el gobierno contempló asignar más de 508 mil millones de pesos al Anexo 13 del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2025 —la principal partida presupuestaria etiquetada para promover la igualdad de género—, un diagnóstico de la Red por una Política Fiscal Feminista (RPFF) advierte que esta inversión es insuficiente y está mal orientada, pues no está logrando reducir las desigualdades estructurales que enfrentan las mujeres.
El estudio “Diagnóstico del presupuesto para la igualdad sustantiva en México desde el enfoque de una política fiscal feminista” utiliza una herramienta llamada Índice Simplificado para la Igualdad Sustantiva (ISAIS), y revela que los programas etiquetados en el Anexo 13 apenas cumplen un 29% en promedio con la idea de incluir la perspectiva de género. Esto muestra que buena parte del presupuesto etiquetado como “igualdad” no está orientado a reducir las brechas de género desde su diseño.
¿A dónde se van los recursos etiquetados para género?
Una de las razones de esta ineficacia es que más de la mitad del dinero del Anexo 13 (el 52.5%) se va a programas sociales que no fueron creados pensando en la igualdad de género, de acuerdo con Angélica Nadurille Álvarez, de la colectiva Ciudad y Género, una de la organizaciones que conforman la RPFF.
Por ejemplo, la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, que recibe casi la mitad de todo el Anexo 13, solo obtuvo una calificación del 23% en el ISAIS. Esto quiere decir que una gran parte del presupuesto, aunque lleva la etiqueta de "igualdad", no se está usando desde el principio para cambiar las desigualdades de género.
Además, el estudio encontró que los programas que están mejor evaluados en el ISAIS (los que sí ayudan a la igualdad) reciben menos dinero, mientras que los que no funcionan tan bien reciben la mayor parte del presupuesto.
Un caso claro es el Programa de Apoyo a las Instancias de Mujeres en las Entidades Federativas (PAIMEF), que es el mejor evaluado, con un 76% de calificación en el ISAIS. A pesar de esto, solo recibió 334 millones de pesos, que es menos del 0.01% del dinero total del Anexo 13 para 2024.
En contraste, programas como Sembrando Vida, con un 53% en el ISAIS, o la Beca Universal para Estudiantes de Educación Media Superior Benito Juárez, con un 40%, recibieron asignaciones mucho más grandes, de 38 mil 900 millones y 39 mil 400 millones de pesos, respectivamente.
¿Qué otros problemas se encontraron?
El informe también señala que nadie sabe cómo se decide qué programas se incluyen en el Anexo 13, porque no hay una forma pública y clara de explicarlo. Esta falta de transparencia hace difícil que la gente pueda saber si el dinero se está usando bien y cómo la sociedad civil puede opinar.
Además, el estudio reveló otros problemas importantes:
Diseño y evaluación de los programas: solo uno de cada cuatro programas ha sido evaluado pensando en la igualdad de género, y menos del 30% dan ayudas diferentes para las mujeres. Esto hace que sea difícil saber si los programas funcionan y cómo mejorarlos.
Enfoque en los resultados: muy pocos programas (solo el 12.2%) tienen metas específicas para lograr la igualdad de género, y aún menos (15.4%) saben cuáles son los problemas que enfrentan las mujeres para usar los programas. Esto muestra que las políticas no están hechas para cambiar las desigualdades principales.
Transparencia y rendición de cuentas: aunque todos los programas publican información de su dinero, solo el 31.5% dice si sus beneficiarios son hombres o mujeres, y apenas el 22.1% ha sido revisado por auditores para ver si ayudaron a la igualdad en los últimos cinco años.
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Sostenibilidad: aunque la mayoría de los programas (87%) están alineados con planes nacionales e internacionales, menos de la mitad gasta al menos el 50% de su dinero en los primeros seis meses del año, lo que puede afectar que sigan funcionando. Además, solo el 44.4% está conectado al Programa Nacional para la Igualdad entre Mujeres y Hombres (PROIGUALDAD).
Enfoque interseccional: solo el 59.3% de los programas reconocen que la desigualdad no solo es de género, sino que se mezcla con otras cosas como la situación económica. Y muy pocos (solo el 29.6%) reconocen que se necesita que diferentes instituciones trabajen juntas para reducir las desigualdades.
Esto implica que, aunque se quiere usar dinero para la igualdad de género, la forma en que se reparte y administra ese dinero no permite que cumpla su objetivo de cambiar las cosas, llevando a un uso ineficiente que no ayuda a la igualdad como debería.
¿Qué es el Anexo 13 y cómo puede mejorar?
El Anexo 13 es una parte del Presupuesto de Egresos de la Federación que busca promover la igualdad de género y erradicar la violencia de género en México. Creado en 2008, obliga a las dependencias públicas a destinar recursos para este fin. Sin embargo, según la Red por una Política Fiscal Feminista, aunque es un paso importante, no está logrando su objetivo de reducir las desigualdades de género.
Entonces, ¿qué se debe hacer para que el presupuesto funcione mejor? Estas son algunas acciones que propone la Red:
Mirar más allá del Anexo 13: hay que asegurarse de que la igualdad de género se piense en todo el presupuesto público, no solo en una parte. El Anexo 13 es útil, pero no es la única solución, y gran parte del gasto público tiene un impacto de género que no se está viendo.
Cambiar las reglas de los programas: se debe pedir que las reglas y las formas de evaluar los programas incluyan cómo reducir las desigualdades y cómo llegar a las poblaciones más vulnerables. Esto debe hacerse con una perspectiva interseccional y territorial, que considere cómo las desigualdades se cruzan y afectan a diferentes grupos de personas en distintos lugares.
Más transparencia: es crucial mejorar la transparencia y la rendición de cuentas. Esto significa publicar datos de forma clara y desagregada, y hacer auditorías constantes para ver el impacto en la igualdad de género. También se debe exigir que se haga pública la forma en que se decide qué programas entran en el Anexo 13.
Los resultados de este análisis de la Red por una Política Fiscal Feminista buscan contribuir a las discusiones del Paquete Económico 2026 en adelante, con el fin de garantizar que el presupuesto público opere como una herramienta para lograr la igualdad y la transformación social.
