A pesar de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró en 2021 que criminalizar el aborto es inconstitucional, en Yucatán una mujer enfrenta una denuncia por tentativa de feminicidio tras acompañar a su hija de 13 años en la interrupción de su embarazo. Hoy, la menor se encuentra bajo la tutela del Estado.
“Me informé y leí en internet que abortar ya no era un delito en México. Llevé a mi hija al médico, seguimos las indicaciones y teníamos una receta para comprar misoprostol”, contó Rocío en entrevista con La Silla Rota.
En noviembre de 2023, la menor descubrió que estaba embarazada y decidió que no quería ser madre. Ante la falta de acceso a servicios de salud sexual y reproductiva, Rocío la apoyó en el proceso. Con solo un mes de embarazo, usó misoprostol, un medicamento recomendado por la OMS por su seguridad y eficacia bajo supervisión médica. Sin embargo, en Yucatán el aborto sigue penalizado y estigmatizado, lo que llevó a la criminalización de Rocío.
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La historia de la criminalización
En noviembre del 2023, la menor se dio cuenta que estaba embarazada, pero no quería ser mamá. Pidió ayuda a su madre Rocío para interrumpir el embarazo. Juntas fueron al médico, y con apenas un mes de gestación, en diciembre accedió a un aborto con misoprostol.
Tres días después de ingerir el medicamento, la adolescente tuvo molestias y se asustó por el dolor. Su abuela la llevó a urgencias en la Unidad Médica Familiar del IMSS No. 58, ya que su madre trabaja de tarde y salía hasta la noche.
“Cerca de la medianoche me llamó mi mamá para avisarme que la llevaron al hospital. Fui a verlas y nos dijeron que deberíamos trasladarla a la clínica de la T1 (del IMSS). Aun así el doctor de urgencias me amenazó que la policía vendría por mí”, comentó Rocío.
El tratamiento médico no estuvo centrado en el bienestar integral de la menor, sino en cuestionar la decisión de la madre, ignorando el derecho de la joven a decidir sobre su cuerpo. No la sometieron a la evaluación completa alegando que su madre no lo autorizó. Al día siguiente la cambiaron a ginecología, gracias a que una doctora del área lo pidió y era dónde debió ingresar desde el principio.
Antes del alta médica, la madre de la menor fue citada en la Procuraduría de Protección a Niñas,Niños y Adolescentes (Prodennay). La interrogaron y rindió su declaración. De regreso al hospital le indicaron que no podría llevarse a su hija, que la menor quedaría bajo la tutela del Estado.
La hija de Rocío fue enviada primero al Centro de Atención Integral al Menor Desamparado (CAIMEDE) y posteriormente, a Casa Otoch. En tanto, la Fiscalía General del Estado (FGE) de Yucatán inició dos carpetas contra Rocío, una por tentativa de feminicidio y otra por hechos posiblemente delictuosos.
La menor salió escoltada del hospital por policías de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Y durante los seis meses siguientes no pudo ver a su mamá, ni a nadie de su familia.
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Todo está a su favor, pero la niña sigue bajo tutela del Estado
Para la abogada y asesora jurídica de la Unidad de Atención Sicológica, Sexológica y Educativa para el Crecimiento Personal (UNASSE), Amelia Ojeda, se trata de la criminalización del aborto y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y personas gestantes en Yucatán.
“Pavel Calderón, un doctor especialista en el tema nos apoyó con una opinión clínica. Básicamente lo que dijo es que el expediente clínico describe lo que le pasa al cuerpo cuando hay un aborto. Nunca estuvo en riesgo la vida de la menor como para considerar que la mamá casi la quería matar”, detalló.
Rocío y su hija pudieron reencontrarse luego de que, se interpusieron cuatro amparos —todos fallaban a su favor —, pero fue hasta el cuarto apercibimiento que les dejaron verse.
Otra de las irregularidades en la investigación fue que la Prodennay recorrió la colonia preguntando a los vecinos de Rocío sobre ella. “Les dijeron que yo era una ‘mala madre’ y que mi hija estaba asegurada porque había abortado. No tenían derecho a hacerlo”, denunció.
Hija y su madre ya pueden convivir, pero ella continúa bajo la tutela del Estado. En tanto, las carpetas contra su madre continúan abiertas y en investigación.
Apenas este 5 de febrero los partidos Movimiento Ciudadano (MC) y Morena presentaron dos iniciativas para despenalizar el aborto en Yucatán. Ambas buscan que el Artículo 389 del Código Penal de Yucatán, cambie de aborto a aborto forzado. Hasta el momento no hay fecha para su análisis posterior y votación en sesión de pleno.