A mediados de septiembre, en Francia se agudizó una crisis educativa por falta de recursos y pagos a profesoras y profesores. El Liceo Saint-Exupéry de Créteil, un suburbio al sureste de París, se convirtió en el epicentro de la protesta cuando profesores del instituto Saint-Exupéry iniciaron una huelga exigiendo atención y recursos. 

Los estudiantes respaldaron el movimiento y se convirtieron en la imagen viva de la protesta. Las manifestaciones se viralizaron y el resultado del hartazgo fue una protesta multisectorial que reunió a más de 800 mil asistentes, entre ello,s sindicatos, personas jubiladas y trabajadores autonómos, así como el movimiento de los "Chalecos Amarillos", para denunciar el elevado costo de la vida, el aumento del precio del combustible, la inflación y los recortes en servicios públicos.

A pesar de que una serie de imágenes de las protestas en Francia se han popularizado en redes sociales, estas forman parte de una ola más amplia de descontento social en el continente europeo, impulsada por la incertidumbre económica entre las personas jóvenes, la crisis de la vivienda y la degradación de los servicios públicos

Un ejemplo de ello es la indignación que se intensificó en España tras el desalojamiento injustificado de Maricarmen, una mujer adulta mayor de 87 años, lo que encendió nuevamente la denuncia contra los elevados precios de renta y vivienda. 

En Italia surgió el movimiento Italia in Piazza para denunciar el elevado costo de vida en el país, la precariedad salarial y las deficiencias de servicios públicos y educativos. Ciudades como Milán, Turín y Bolonia han salido a protestar después de que, en septiembre de este año, se alcanzara una inflación del 4.2%.  

¿Qué entendemos por criminalización de la protesta?

Las protestas en Europa han dejado imágenes desgarradoras: uso de la fuerza policial para frenar las movilizaciones, violencia física, explosiones y persecusión. A esto se le conoce como criminalización de la protesta que, de acuerdo con Amnistía Internacional, se trata del uso de un conjunto de leyes, tácticas policiales y estrategias gubernamentales orientadas a restringir el espacio de la sociedad civil y silenciar las voces críticas.

Esta práctica se manifiesta mediante diversos mecanismos: como el uso de leyes restrictivas diseñadas para impedir, restringir o penalizar las manifestaciones; la militarización y el uso de la fuerza, es decir, cuando el Estado despliega fuerzas armadas, vehículos blindados, drones y armas de uso militar, así como balas de goma y gases lacrimógenos para dañar a las personas manifestantes; además de la vigilancia, la estigmatización y las detenciones arbitrarias. 

¿Por qué la protesta es un derecho humano?

La protesta es una herramienta fundamental para exigir justicia. Históricamente, las protestas y movilizaciones han desencadenado acciones reales en favor de los derechos humanos. 

Ejemplo de ello es la Revuelta de Haymarket, en Chicago, Estados Unidos, cuando en 1886 la huelga obrera hizo posible una reducción de la jornada laboral a 8 horas en el país, o las protestas desplegadas tras la redada policial en un bar gay, evento conocido como “los disturbios de Stonewall” en 1969 en Nueva York. Tras las marchas, surgió el movimiento por los derechos de la diversidad sexual y el orgullo LGBTQ+. 

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En México el movimiento estudiantil de 1968 impulsó la transformación del movimiento estudiantil dominante y abrió espacios para la participación de partidos de oposición política al PRI. Las propias marchas en el marco del Día Internacional de la Mujer congregan a miles de personas que exigen, entre muchas urgencias, el fin de la violencia contra las mujeres, el cese de la violencia feminicida, apoyo a las madres buscadoras y más. 

Amnistía Internacional señala en el artículo, Protejamos la protesta, que los Estados tienen la obligación explícita de respetar, facilitar y proteger la protesta pacífica. Esto significa que las autoridades no deben interferir en las manifestaciones a menos que exista una amenaza legítima, y cualquier limitación debe ser estricta, necesaria y proporcionada, buscando siempre habilitar entornos seguros en lugar de impedirlos.

Protestar es un derecho humano. 

¿Por qué se empatiza con la protesta extranjera pero se juzga a la nacional?

Europa se ha convertido en un referente masivo y mediático de movilizaciones en redes sociales, sin embargo, usuarios en redes sociales han señalado que la visibilidad y el alcance que genera el malestar social europeo no es igualmente recibido por la sociedad cuando ocurre en América Latina y el Sur Global. 

Foto: Caurtoscuro
Foto: Caurtoscuro

Mientras en occidente se aplaude, aquí se criminaliza. ¿Por qué este derecho se cuestiona y juzga en nuestros territorios pero se aplaude en el extrajero?

De acuerdo con el artículo, Activismo mediático y criminalización de la protesta: medios y movimientos sociales en México  de Guiomar Rovira-Sancho, la forma en la que se comunica la protesta es una pieza fundamental del rompecabezas. Los grandes consorcios de televisión y medios masivos tradicionales han mantenido históricamente alianzas con los grupos de poder y moldeado la información bajo criterios de conveniencia política y control social.

El tratamiento mediático hacia la protesta suele seguir un proceso sistemático: invisibilidad, achicamiento, descalificación y criminalización, señala Guiomar Rovira-Sancho.

En lugar de informar sobre las demandas, injusticias o abusos de fondo, la cobertura suele reducir manifestaciones de trascendencia nacional a simples incomodidades viales, obstrucción del tránsito o pérdidas económicas. Como cuando cada 8M resurge la historia de un supuesto grupo de feminista que “atacó con diamantina” a un perrito callejero. 

Además, se recurre a etiquetas que estigmatizan a las personas e incluso se caricaturizan a las y los colectivos como violentos o intolerantes con el propósito de generar rechazo en la opinión pública y legitimar la represión policial o estatal.

Al igual que en América Latina, los Estados europeos justifican el despliegue de material policial, la vigilancia y la fuerza desproporcionada bajo el argumento de proteger la “seguridad pública” frente a supuestas amenazas al orden. Sin embargo, muchas veces y debido a la estigmatización de la protesta, cuando ocurre en el territorio del Sur Global las críticas suelen ser mayores.

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