La batalla de la marea verde en México para despenalizar el aborto en nuestro país avanzó esta semana después de que un Tribunal le ordenó al Congreso local de Jalisco que elimine el aborto como delito de su código penal. La decisión se dio gracias al amparo que promovió GIRE junto con otras organizaciones feministas.
Una vez más, la incansable lucha feminista ha logrado que se obligue al Congreso de un estado a que legisle lo que por ley toca; una acción legislativa que no se había llevado a cabo por falta de voluntad política, pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya declaró inconstitucional considerar el aborto como un delito en México.
Esta decisión de la SCJN fue histórica, pues la despenalización del aborto a nivel federal abrió el camino para obligar a los organismos federales a prestar el servicio sin criminalizar a las mujeres y al personal de salud o acompañantes que lo realicen.
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Pero en la práctica, incluso con la sentencia del máximo tribunal del país, que abrió el camino para que todos los estados modificasen de forma inmediata sus leyes y códigos penales, aún queda un largo camino para que las mujeres y personas gestantes en el país puedan acceder al aborto sin que sean señaladas y criminalizadas por hacerlo.
Tan solo una semana antes del fallo del Tribunal, precisamente en Jalisco, el personal médico de la Secretaría de Salud le negó el acceso al aborto una niña de 12 años que fue víctima de violación. La pequeña tuvo que esperar 11 días para interrumpir su embarazo, pues ninguna clínica en aquel estado le permitió hacerlo, vulnerando su derecho a la salud. Incluso, el personal médico, contrario a todas las recomendaciones de los organismos internacionales, como la OMS, le preguntó a la menor “si quería escuchar el corazón del bebé” y si había considerado no terminar su embarazo para tener al bebé y después darlo en adopción.
Finalmente, la pequeña tuvo que viajar a Ciudad de México, donde el aborto sí es legal hasta las 12 semanas de gestación, para poder realizarse el procedimiento, después de que en Jalisco insistieran en negárselo, a pesar de tanto la Norma Oficial Mexicana 046 (NOM 046), como el artículo 229 del Código Penal del Estado de Jalisco establecen parámetros y protocolos de atención para interrumpir un embarazo producto de una violación.
Frente a la resistencia y negligencia de entidades que, como en Jalisco, se violan los derechos de las niñas, mujeres y personas gestante, GIRE ya interpuso al menos 20 amparos en los estados donde el aborto sigue considerado como un delito. Recordemos que actualmente únicamente en 13 de las 32 entidades de México se permite la interrupción legal del embarazo.
De acuerdo con GIRE, a los estados más conservadores —y antiderechos— les conviene que sea la Suprema Corte quien los obligue a legislar porque así no asumen ellos el “costo político” de hacerlo.
En plena época electoral es importante recordar que justo en las entidades donde el aborto aún no es legal, hay políticos abiertamente antiderechos como el morenista Joaquín Díaz Mena, aspirante a la gubernatura de Yucatán, quien dijo en 2018 que, de ser gobernador, buscará que las menores víctimas de violación desistan de abortar: “Si una menor está en esta situación, buscaremos contactarla con agrupaciones a través del DIF Yucatán para convencerla de no finalizar el embarazo y darlo en adopción”.
Como lo documentamos también en esta nota, la mayoría de las candidaturas que aspiran a ocupar un cargo público en las elecciones de este año se niegan a incluir la despenalización del aborto en sus agendas políticas. También hemos sido testigo de cómo las candidatas presidenciales rehúsan siquiera a mencionar la palabra aborto en sus discursos y debates. Frente a los derechos reproductivos de las mujeres, la posición política de quienes aspiran a ser “la primera mujer presidenta de México”, es la tibieza.
La marea verde no solo se enfrenta a la renuencia de un Estado misógino que busca imponer su voluntad frente a los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres y que continúa promoviendo que las mujeres sean criminalizadas por abortar. También nos enfrentamos a los grupos antiabortistas y conservadores que emprenden campañas de acoso por todo el país para buscar por todos los medios que sean las mujeres quienes decidan libremente sobre sus cuerpos. A esto, se suma la violencia obstétrica de la que muchas niñas y mujeres son víctimas cada día y de la que no hablamos lo suficiente.
También, aún en los lugares donde ya se despenalizó el aborto, como en el caso de la Ciudad de México, aún persisten prácticas abusivas que ponen en riesgo la vida de las mujeres.
Justo esta semana se cumplieron 17 años desde que la capital del país despenalizó el aborto y GIRE nos contó que han observado que las clínicas del servicio de salud pública aún practican abortos a través de legrados, un procedimiento que la Organización Mundial de la Salud (OMS) declaró desde 2022 como obsoleto y no recomendable pues puede generar complicaciones de salud. De acuerdo con la información del gobierno capitalino, el 3% de los abortos que se han realizado desde 2007 a la fecha han sido con esta práctica.
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Así que sí, desde La Cadera de Eva celebramos y reconocemos los avances tan importantes como la despenalización del aborto en Jalisco esta semana y las casi dos décadas de aborto libre en la capital del país. Pero no olvidamos que mientras escribimos esta Editoral, una mujer está siendo víctima de violencia sexual en su propia casa, una niña está siendo obligada a no abortar por algún médico aludiendo a su “objeción de conciencia”, una mujer está sufriendo violencia obstétrica, y nuestras políticas no se atreven a decir la palabra aborto.
Hoy celebramos, pero mañana sigue la lucha.
Hay que abortar a este sistema patriarcal.