Estamos en tiempos de corcholatas y taparroscas, por donde quiera nos aparecen encuestas, entrevistas y hasta bailes en TikTok de quienes aspiran a competir por un puesto de elección popular en el 2024. Y en ese contexto, que suele ser un poco cansado porque nos saturan de mensajes políticos, sí hay una buena noticia.
Me refiero a la Ley 3 de 3, finalmente declarada constitucional y que, justo a tiempo, alcanzará a ser puesta en práctica a partir de las elecciones presidenciales de 2024. Incluye la cero tolerancia a la violencia contra las mujeres y la familia, a los deudores de pensiones y a la violación a la intimidad: cualquier persona con estos antecedentes será retirado de cargos públicos en los tres niveles: ejecutivo, legislativo y judicial, y tampoco podrá postularse.
Esta iniciativa, surgida originalmente de la sociedad civil que empujó hasta lograr colocarla entre la agenda legislativa, reforma los artículos 38 y 102 de la Constitución Política Mexicana en materia de suspensión de derechos para ocupar cualquier empleo, cargo o comisión en el servicio público.
¿Qué significa esto y cuál es la importancia de que fuera declarada constitucional en el ejecutivo antes de junio de 2023?
Una vez puesta en marcha la Ley 3 de 3, todo candidato que haya sido o sea acusado por maltrato, agresión a una mujer o falta de cumplimiento en la pensión está fuera. Basta recordar que 2024 será un año de elección presidencial para dimensionar la relevancia de esta decisión. Se renovará en su totalidad el Congreso de la Unión; 30 de las 32 entidades federativas tendrán elección para alguno de sus poderes estatales o municipales; 8 entidades federativas tendrán elecciones a gobernador o gobernadora; en la capital elegiremos jefatura de Gobierno; en 31 de las 32 entidades (con excepción de Coahuila) se renovarán congresos locales, y en 25 de los 32 estados habrá campaña para gobiernos municipales o alcaldías.
Esto significa un cambio muy grande de servidores públicos que, siguiendo la reforma a los artículos 38 y 102, tendrán que contar con un expediente “limpio” en materia de respeto a los derechos de la mujer y deberán ejercer sus funciones sin tolerancia a ningún tipo de abuso de poder.
Esta Ley 3 de 3 es un motor importante en la lucha contra la violencia de género en todas sus expresiones. Conductas normalizadas y minimizadas como no dar la pensión familiar luego de una separación o hacer mal uso de material íntimo entregado en el contexto de la confianza propia de un vínculo de pareja por fin estarán en la mira pública. La elección es clara: cero violentadores en el poder.
