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El calendario avanzó, pero la urgencia permanece. Aunque marzo quedó atrás, las demandas que tomaron las calles siguen vigentes. Recordamos a nuestras ancestras, bisabuelas, abuelas y madres: mujeres que conquistaron muchos de los derechos de los que hoy gozamos, como el voto, la posibilidad de decidir si tener hijos o hijas —y cuántos—, de ir a la escuela o de elegir si queremos tener pareja o no, entre muchos otros.
Pero bien advertía Simone de Beauvoir: “No olviden jamás que bastará una crisis política, económica o religiosa para que los derechos de las mujeres vuelvan a ser cuestionados. Estos derechos nunca se dan por adquiridos. Deben permanecer vigilantes durante toda vuestra vida.”
Hoy esa advertencia adquiere un nuevo significado. En un mundo atravesado por múltiples crisis, una de las amenazas más profundas al ejercicio pleno de los derechos de las mujeres y las niñas es la crisis climática. Este no es un fenómeno natural que ocurre en el vacío. Es el síntoma de un modelo de desarrollo basado en la idea de crecimiento económico infinito, que ha tenido consecuencias sociales y ambientales profundas. En este enfoque de progreso las ganancias económicas de unos pocos se priorizan a costa del planeta y del bienestar de la mayoría de las personas.
Este modelo no es ajeno a las estructuras que reproducen la desigualdad; más bien se erige en ellas, especialmente en las patriarcales. Gran parte del funcionamiento de la economía se ha sostenido sobre el trabajo de cuidados no remunerado e invisibilizado, realizado principalmente por mujeres y niñas.
Esta realidad se agudiza cuando se cruzan múltiples condiciones de desventaja, realidad que enfrentan millones de mujeres en México, en particular de pueblos originarios y rurales, con mayores niveles de pobreza, menor acceso a la propiedad de la tierra y a espacios de toma de decisiones. Así, muchas de las desigualdades que hoy se profundizan con la crisis climática, son el resultado de décadas, incluso siglos, en los que el bienestar de las mujeres y las infancias ha sido relegado.
Las mujeres no solo resienten los impactos de la crisis climática, sino que además sostienen la vida, en la práctica cotidiana, con estrategias de adaptación, resiliencia y cuidado en sus hogares y comunidades. Aun así, siguen sin ocupar en igualdad de condiciones los espacios donde se decide el rumbo del desarrollo, de la energía, del territorio y de la inversión pública. No se puede pedir a las mujeres que carguen con los impactos de la crisis y, al mismo tiempo, mantenerlas fuera de los espacios donde se define cómo enfrentarla. Por eso, incorporar a las mujeres en la toma de decisiones no es solo una cuestión de justicia simbólica; es una forma concreta de corregir políticas ciegas a la realidad del territorio y de la vida cotidiana.
Esta invisibilidad es notoria cuando las políticas estatales y tendencias macroeconómicas —producto de la crisis climática y el agotamiento del modelo capitalista— aterrizan en los territorios y en la vida comunitaria. Muchas medidas de adaptación, restauración y remediación ambiental descansan, en la práctica, sobre labores de cuidado que recaen desproporcionadamente en las mujeres, sin considerar las dobles y terceras jornadas que ya enfrentan.
Al mismo tiempo, prácticas extractivas como el fracking, profundizan la degradación ambiental y climática, afectando de manera diferenciada a quienes ya viven en condiciones de desventaja. La contaminación, la escasez de agua, el deterioro de la salud y la pérdida de medios de vida no son impactos neutros: suelen traducirse en más trabajo no remunerado, mayor precariedad y menor capacidad de participación para mujeres y niñas. Así, mientras son excluidas de la toma de decisiones, les trasladan los costos de sostener la vida en medio de la crisis.
Hablar hoy de derechos, justicia y acción para todas las mujeres y niñas exige reconocer una verdad incómoda: la crisis climática no es una amenaza futura, ya es uno de los riesgos más graves al ejercicio pleno de los derechos humanos —particularmente para niñas y mujeres, y requiere de acción urgente. No es suficiente reconocer que las mujeres son afectadas de manera diferenciada: hay que garantizar su participación sustantiva y visibilizar que son ellas las que llevan las luchas a lo largo del territorio.
Por eso hoy seguimos marchando. La marea lila que recorre las calles también se expresa en los territorios, en mujeres como las Guardianas del Conchalito en Baja California Sur que han recuperado kilómetros de manglar o las mujeres del pueblo Yoreme-Mayo que defienden su tierra de los impactos de una planta de amoniaco. Ellas nos recuerdan que los derechos conquistados nunca están garantizados y que defenderlos sigue siendo una tarea colectiva.
*Esta columna fue escrita por Florencia García Mora, Miriam Silva Taylor, Andrea Santillán Enríquez, Emilia Noemi Amezcua Bernal, Karla Corsino, Fátima Viquez Paredes, Mary Flores y Lisbeth Camacho.
