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El pasado 22 de marzo, el Golfo de México se convirtió en un escenario de crisis ecológica ocasionado por el derrame de hidrocarburos en el municipio de Vega de Alatorre, Veracruz.
Las consecuencias no son menores; de acuerdo con el Corredor Arrecifal del Golfo de México, la organización comenzó a registrar apariciones de petróleo a partir del 1 de marzo en los estados de Veracruz y Tabasco. Hasta el momento, se reporta que la catástrofe ya se ha extendido a 650 kilómetros del Golfo de México, desde la Laguna Tamiahua, hasta Paraíso, Tabasco, como aseguró Greenpeace, a través de un comunicado.
Sin embargo, Greenpeace también señaló que imágenes satelitales sugieren que se realizaron acciones de contención desde principios de febrero cerca de la plataforma Abkatún, lo que indica que el incidente era conocido por las autoridades desde fechas tempranas.
Ante la catástrofe, surge la pregunta: ¿Cómo ocurrió y quiénes son los responsables? El Gobierno de México, dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum, declaró durante la conferencia matutina del 23 de marzo que el derrame “no proviene de Pemex”, sino que se trata de un hecho ocasionado por un barco privado. A pesar de que se han encontrado restos de chapopote hasta en 52 localidades aledañas, la respuesta, que para las comunidades originarias de la región siempre llega tarde, también es inconclusa.
Esta crisis ya ha dejado afectaciones notables: el derrame ocurrió a pocas semanas del inicio de la temporada de anidación de cinco especies de tortugas en peligro de extinción, poniendo en riesgo su supervivencia, de por sí amenazada. Además, según reportó Greenpeace, ya se han encontrado afectadas especies como tortugas marinas, delfines, manatíes y pelícanos.
La destrucción masiva y duradera de los ecosistemas tiene un nombre, y se le conoce como “ecocidio”. En este glosario feminista, te explicamos de qué se trata.
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¿Qué es un ecocidio?
Aunque el término “ecocidio” aún no es un crimen internacional reconocido por la Corte Penal Internacional (CPI), la organización independiente, Stop International Ecocide lo define jurídicamente como “cualquier acto ilícito o arbitrario perpetrado a sabiendas de que existe una probabilidad sustancial de que cause daños graves que sean extensos o duraderos al medio ambiente”.
En esta definición se hace énfasis en tres palabras fundamentales para su comprensión:
Arbitrario: cuando se decide realizar una acción con el conocimiento de que el daño que se podría provocar será mucho mayor en comparación a cualquier ventaja social o económica prevista.
Grave: daños que causen cambios muy adversos, perturbaciones o daños notorios a cualquier elemento del medio ambiente, incluyendo las afectaciones para la vida humana o recursos naturales, culturales o económicos.
Extenso: cuando el daño rebasa una zona geográfica limitada, cruza fronteras estatales o afecta a la totalidad de un ecosistema, una especie o a un gran número de seres humanos.
Duradero: cuando el daño sea irreversible o no pueda ser reparado mediante regeneración natural en un plazo razonable.
Esta definición revela algo urgente: mientras Petróleos Mexicanos (Pemex) asegura que el 85% de las playas afectadas ya han sido atendidas, las afectaciones a ecosistemas como la Laguna del Ostión, una especie protegida por la NOM 059, la muerte de especies en peligro de extinción y las consecuencias económicas para familias pesqueras, son consecuencias de un desastre que podría extenderse y agravarse, e incluso arribar a las costas estadounidenses en un plazo de 40 días, como señaló Greenpeace.
¿Qué dice el marco legal en México?
Entre 2018 y 2023 han existido esfuerzos por tipificar el delito de ecocidio en México; aunque este no se ha legislado definitivamente a nivel federal, ya existen estados que lo han incorporado al Código Penal local, como el caso de Chiapas , que fue el estado pionero en dar ese paso en 2020, seguido por Jalisco en 2022 y la CDMX en 2023.
Si bien estos marcos incluyen sanciones severas de hasta 20 años de prisión para quienes cometan acciones que destruyan los ecosistemas, la legislación no está armonizada ni acata los estándares internacionales de la organización Stop International Ecocide.
A esto se suma la constante impunidad que atraviesa a México y es que, mientras las autoridades no aclaren el origen exacto del derrame, no se puede sancionar a los responsables y quienes sufren las consecuencias son las especies que habitan estos ecosistemas y los pobladores que durante décadas las han protegido.
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Del ecocidio al etnocidio
Generalmente, cuando se habla de ecocidio, no se trata únicamente de una crisis ecológica y ambiental; el desastre traspasa barreras y tiene afectaciones directas al orden de la vida económica y social. El daño masivo a los ecosistemas no solo afecta a las especies animales, sino que atenta también contra la vida de las comunidades que habitan el territorio.
Más allá del Estado, ¿quién protege los ecosistemas? En el libro, Ecocidio en México. La batalla final es por la vida, Víctor M. Toledo explica que cuando ocurre un ecocidio, se destruyen los “medios para vivir” de una civilización, lo que rompe el tejido social y cultural de estos grupos.
Esto provoca una consecuencia grave: el desplazamiento de comunidades enteras, lo que a menudo implica también la pérdida de su identidad y territorio, especialmente el de los pueblos originarios, indígenas y afromexicanos.
Defender los ecosistemas es defender la vida en todas sus expresiones; si deseas ayudar la causa, puedes acercarte a las recomendaciones que propone el Corredor Arrecifal del Golfo en este enlace.
¿Qué piensas? Te leemos.
