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En México, la política pública para las mujeres suele dividirse entre el discurso y la práctica: el discurso que invoca diálogo y participación, y la práctica que excluye a quienes, desde el territorio y la organización feminista, sostienen la protección y la defensa de los derechos.
Mientras el Presupuesto de Egresos 2026 se aprobaba sin visibilizar un monto etiquetado exclusivamente para los refugios, la Secretaría de las Mujeres lanzó la convocatoria “Tejiendo Redes entre gobierno y mujeres organizadas”. La paradoja es evidente: se invita a dialogar después de tomar decisiones que, en teoría, deberían haber surgido del diálogo. Y bajo reglas que reproducen exclusiones históricas.
Eso no es coincidencia, es política que reproduce lógicas patriarcales y responde a intereses partidistas.
La convocatoria habla de “diálogo, vinculación y construcción”, pero ofrece un mecanismo vertical y no transparente. Solo participarán las organizaciones “acreditadas”, bajo criterios desconocidos. Se solicitan actas constitutivas, cartas y evidencias, dejando fuera a muchas colectivas que sostienen el trabajo comunitario pero que no cumplen requisitos burocráticos profundamente patriarcales. En los hechos, se dice: compartan su experiencia, pero no esperen incidencia.
Desde el feminismo sabemos que no existe participación cuando el poder define las reglas, los límites y la agenda. Un diálogo que nace después de las decisiones no es diálogo: es validación.
El lenguaje institucional recurre a términos seductores: diversidad, acciones afirmativas, representación plural, pero detrás se mantienen prácticas que reproducen desigualdad. Se pide a las organizaciones cubrir sus gastos de transporte y hospedaje; se exige confidencialidad que impide transparentar lo discutido; se centraliza toda la información sin explicar cómo se procesará o qué efecto tendrá. Bajo estas condiciones, “construir redes” significa controlar narrativas y administrar presencias.
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En México crece un fenómeno preocupante: el Estado se apropia del lenguaje feminista para legitimar decisiones que no son feministas.
Se habla de tejer, pero se corta el hilo.
Se habla de redes, pero se clausuran los espacios de interlocución efectiva.
Se habla de igualdad, pero se aprueban presupuestos que invisibilizan a los refugios.
Se habla de colaboración, pero se pide acreditación para participar.
Esta cooptación simbólica despolitiza el trabajo feminista, fragmenta al movimiento y convierte la participación en trámite. En lugar de reconocer la deuda histórica hacia organizaciones que han sostenido la política pública de refugios frente a la precarización institucional, se reconfigura el mapa del reconocimiento para legitimar voces dóciles y desplazar a las críticas.
Para la Red Nacional de Refugios, estas dinámicas no solo indignan: ponen en riesgo la legitimidad colectiva construida durante más de dos décadas. La desaparición del programa de refugios, la fusión presupuestaria sin monto específico, la falta de liberación completa del recurso 2025 y ahora esta convocatoria forman parte de un mismo patrón: sustituir el diálogo horizontal por participación administrada.
La democracia no existe donde la crítica es incómoda, donde la transparencia no es requisito y donde la participación se reduce a llenar un formulario electrónico.
Reconocemos la autonomía de cada organización para decidir si participa o no. Pero es indispensable decirlo: no se trata solo de “estar”, sino de bajo qué condiciones se participa. Por parte de la Red Nacional de Refugios, diálogo ha habido. Lo que no ha habido son mesas de trabajo, compromisos claros, avances verificables o respuestas a las solicitudes planteadas.
Acudir nuevamente a un “diálogo” sin condiciones reales de construcción convierte nuestra presencia en legitimación de un proceso que no garantiza interlocución ni corresponsabilidad. Eso no es participación: es simulación.
Desde la transparencia y la rendición de cuentas (pilares de cualquier política pública democrática) esperamos que la Secretaría de las Mujeres haga pública la información relativa a esta convocatoria:
qué organizaciones participarán, con base en qué criterios fueron seleccionadas, cuáles serán los resultados y acuerdos, y, qué seguimiento se dará a lo que ahí se exponga.
La participación sin información pública no solo es insuficiente; es contraria a los principios de la gobernanza feminista que se enuncia en el discurso.
La sororidad y el diálogo no se acreditan: se practican. Mientras el Estado dice tejer redes, deshilvana los mecanismos que protegen la vida de las mujeres: los refugios, la transparencia presupuestaria, las mesas de trabajo que hemos pedido desde inicios del sexenio.
Nuestra postura ética, autónoma y colectiva es más urgente que nunca. Porque sin justicia presupuestaria, sin diálogo horizontal y sin autonomía del movimiento feminista, no hay democracia ni igualdad sustantiva.
