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La educación está en crisis, y no lo digo yo: lo dice la prueba PISA, que sitúa a México con los peores resultados en comprensión lectora y matemáticas de las últimas dos décadas, siete puntos por debajo de los que obtuvimos en 2022. Solo el 30% del alumnado alcanza un nivel básico de conocimiento, frente a un promedio del 65% en los países de la OCDE. Es, literalmente, menos de la mitad.
Y mientras esta crisis se agrava, el Paquete Económico 2027 que Hacienda ya entregó al Congreso recorta 25.5% al programa La Escuela es Nuestra: pasa de 26,832 millones de pesos este año a 20,000 millones el próximo. Son 6,832 millones menos en uno de los programas que, hasta ahora, se consideraba prioritario. No es solo una cifra en una hoja de cálculo. Es una decisión política que nos dice, sin rodeos, a quién dejamos de cuidar y qué es lo que de verdad importa.
Lo que sostiene La Escuela es Nuestra
El recorte no solo reduce capacidad operativa: rompe una cadena de cuidado que va de la infraestructura mínima al aprendizaje, la permanencia escolar y la protección de niñas y adolescentes. Por eso, discutir La Escuela es Nuestra no es hablar de pintura, bardas o techos en abstracto; es hablar de las condiciones que hacen posible que una niña llegue, permanezca y aprenda en una escuela pública.
Aunque el programa traslada buena parte de la responsabilidad a las familias, es el mecanismo que dignifica los espacios educativos públicos, desde el nivel inicial hasta la secundaria, incluyendo las comunidades de aprendizaje del CONAFE y, desde 2025, también la media superior. Con él se rehabilitan aulas, baños, techos, instalaciones eléctricas e hidráulicas, bardas; se compra equipamiento, material didáctico, deportivo y artístico; se financia el servicio de alimentación y la ampliación del horario escolar. Para 2027, apenas se etiquetan 329 millones de pesos en un nuevo rubro de mantenimiento: migajas frente a los más de 6,000 millones que se retiran del programa original.
El presupuesto total de Educación sí crece 7.4% para 2027, pero ese aumento se concentra en nóminas. Así lo documentó el diario El País, que describió este presupuesto como uno "centrado en nóminas y con menos recursos para libros". El Economista confirma la misma lectura: casi la totalidad del gasto etiquetado para la SEP es gasto corriente, sueldos y servicios, no infraestructura ni materiales. Una parte importante de ese incremento también corresponde a las becas Rita Cetina y Benito Juárez.
Una beca sirve para que una niña siga inscrita. Pero si el baño de su escuela no cierra por dentro, si el techo se cae con la primera lluvia o si no hay agua para lavarse las manos, esa permanencia y esa niña están en riesgo.
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Durante años, estudiar más que los padres fue la ruta más clara para salir adelante en México. Esa promesa ya no es tan sólida: entre 2016 y 2022, el porcentaje de jóvenes que superó la escolaridad de sus padres bajó de 72.3% a 68.2%, mientras que quienes tienen menos estudios que sus padres pasó de 17.9% a 20.5%, según el Centro de Estudios Espinosa Yglesias.
La escuela ya no garantiza el ascenso automático que prometía hace cuarenta años, pero sigue siendo, para miles de niñas, la única puerta disponible hacia una vida distinta a la de sus madres. Lo vimos de primera mano este inicio de curso, cuando apoyamos a una comunidad de Jiquipilco, en el Estado de México. Gracias al donativo de nuestras voluntarias, pudimos ayudar a que 15 niñas y jóvenes tuvieran sus útiles escolares. Las listas que pedían las escuelas públicas de primaria, secundaria y preparatoria variaban entre 800 y 1,500 pesos, una cifra que, para nuestra sorpresa, se parece cada vez más a la de muchas escuelas privadas.
A eso se suma la cuota escolar "voluntaria" que en la práctica cobra casi toda escuela pública del país, y que en algunos casos llega hasta 3,200 pesos. También los artículos de limpieza que la escuela pide a las familias, sin contar las jornadas de trabajo comunitario que principalmente las madres asumen para cubrir lo que el presupuesto público ya no alcanza. La mayoría de estas 15 chicas son hijas de trabajadores de la construcción y trabajadoras del hogar, y son las primeras de su familia en llegar al bachillerato. Quieren seguir estudiando agronomía, veterinaria, criminología.
El tiempo dirá si lo logran, porque cada vez menos niñas y niños están sentados en un aula para intentarlo. El ciclo 2026-2027 arrancó con la cobertura escolar más baja en una década: en 2015, 6 de cada 100 menores en edad escolar no asistían a clases; hoy son 11 de cada 100. El Instituto Mexicano para la Competitividad calcula que 4.2 millones de niñas y niños de 3 a 14 años están completamente fuera del sistema educativo, 267 mil más que el año anterior. En secundaria, 1 de cada 5 adolescentes deja la escuela y queda expuesto al trabajo infantil, a la informalidad, al crimen organizado y la violencia.
La escuela como espacio que cuida
La escuela no es solo un lugar donde se enseña y se comparten conocimientos: también puede detectar e interrumpir violencias. Debe, además, encabezar una transformación cultural, sembrar valores y sueños. La UNESCO lo documenta con claridad: cuando la escuela funciona bien, identifica riesgos, sensibiliza a maestros y familias, activa protocolos y acompaña a las adolescentes que han vivido violencia o un embarazo temprano.
Pero esa capacidad de protección no surge por sí sola. Necesita capacitación del profesorado, espacios seguros y presupuesto para sostenerlos. Sin eso, la escuela deja de ser un refugio y un espacio de cuidados. Cuando el presupuesto se contrae, lo primero que se debilita es justamente su capacidad de frenar a tiempo la deserción y la violencia. Si el Estado recorta lo que sostiene a las escuelas, traslada el costo a las familias; y, en demasiados hogares, quienes terminan pagándolo primero son las niñas.
