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La explosión de la pipa en Iztapalapa no fue un “accidente”. Fue la muestra dolorosa de que, en México, la vida de la clase trabajadora se mantiene sistemáticamente vulnerada. Las llamas no solo hirieron cuerpos y arrebataron proyectos de vida; también exhibieron una ciudad donde las familias enfrentan el duelo mientras las empresas de gas siguen circulando sin pólizas vigentes y las autoridades se conforman con prometer apoyos en lugar de asumir responsabilidades.
El caso de Alicia Matías Teodoro, con quemaduras en el 98 % de su cuerpo quemado tras haber protegido del fuego a su nieta, lo expone con brutal claridad. Alicia no estaba en ese paradero donde ocurrió la explosión por “mala suerte". Estaba ahí porque, como millones de mujeres en este país, carga con la obligación de trabajar y, al mismo tiempo, la responsabilidad de cuidar a su nieta en un país que le niega un Sistema Nacional de Cuidados. Su cuerpo llevaba encima la doble jornada que imponen el capitalismo y el patriarcado: sostener la economía con mano de obra barata y sostener la vida en condiciones imposibles.
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Y aunque se le presente como heroína, no hay que olvidar que es, ante todo, víctima de la negligencia empresarial y del abandono del Estado, en un sistema de producción que, como explica Nancy Fraser, devora los cuerpos para alimentar la acumulación de capital de unos pocos.
También estaba ahí Ana Daniela Barragán Ramírez, estudiante de 19 años. Su muerte desnuda la desigualdad intergeneracional. La juventud de la periferia no solo hereda precariedad laboral y transporte inseguro, hereda también el abandono sistemático del Estado.
Esta tragedia es más que un accidente, es resultado de decisiones políticas que sentencian a las periferias al horror. Las élites jamás esperan pipas de gas con pólizas vencidas frente a sus casas; esas explosiones ocurren lejos de las zonas de privilegio.
No es casualidad que la empresa responsable, Transportadora SILZA, operara sin seguros vigentes. La Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente lo sabía. El gobierno lo sabía. Y, sin embargo, la pipa circulaba. El Estado mexicano se indigna en ruedas de prensa, pero permite la negligencia empresarial porque el capital siempre tiene más valor que las vidas de las mujeres, de las infancias, de las familias trabajadoras en la periferia que sostienen la economía del país.
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El discurso oficial y en redes sociales insisten en el heroísmo: la abuela que se inmoló por su nieta, la solidaridad de los vecinos, el policía que intervino. Pero el heroísmo no debería ser el precio para sobrevivir. Esa narrativa maquilla lo que en realidad es una forma de violencia estructural y de negligencia criminal: la condena de las mujeres y personas en vidas precarizadas a arriesgar la vida para garantizar cuidados y condiciones que deberían ser responsabilidad del Estado y garantizados por las autoridades políticas.
La narrativa mediática tampoco es inocente. En lugar de denunciar con fuerza la negligencia estructural, muchos titulares insistieron en la narrativa del heroísmo ante un inevitable destino trágico, revictimizando a Alicia, a Ana Daniela y a las decenas de víctimas y sus familiares. El morbo convierte sus cuerpos en espectáculo y maquilla las causas reales: un Estado que abandona a la periferia y un sistema que condena a las mujeres a sostener la vida a costa de la suya.
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Porque en la lógica capitalista, las vidas periféricas y los cuerpos feminizados son sacrificables. Si no hay Sistema Nacional de Cuidados, si no hay salarios dignos, si no hay infraestructura segura, siempre habrá una abuela que arriesgue la piel, una joven que muera camino a la escuela, una niña marcada por el fuego. Siempre habrá periferias que funcionen como zonas de sacrificio para sostener la riqueza de otros.
La explosión en Iztapalapa es más que una tragedia: es el síntoma de un país donde el Estado se subordina a los intereses empresariales y niega un sistema nacional de cuidados. Mientras eso no cambie, la clase trabajadora seguirá pagando con cuerpos quemados y duelos interminables. No es “destino”, es una decisión política. Y toda decisión política tiene responsables.
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