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Un video bastó para lo que años de silencio no habían logrado. Víctor Rodríguez Padilla, quien hasta mayo dirigió Pemex y era, según la propia Presidencia, amigo cercano de Claudia Sheinbaum, fue detenido y acusado de violencia familiar, violencia vicaria y violencia psicológica contra su esposa, María Felicia Jiménez. Las imágenes, difundidas, lo muestran sometiéndola físicamente frente a su hijo. La Fiscalía de Morelos giró la orden de aprehensión, la de la Ciudad de México coordinó la captura, y la propia Presidenta pidió que se aplicara todo el peso de la ley. Ningún cargo, ninguna cercanía personal, evitó que el caso avanzara hasta la prisión preventiva justificada.
Pero en los últimos días el caso dio un giro. El 13 de julio, en la segunda audiencia, la jueza informó que Jiménez había presentado un escrito, fechado el 10 de julio, en el que otorgaba el perdón a Rodríguez Padilla y manifestaba su deseo de no continuar con el proceso, argumentando que buscaba preservar la estabilidad de su familia. Días antes, la propia Jiménez había declarado temer represalias derivadas de la influencia política de su esposo. Como la violencia familiar y la violencia vicaria se persiguen de oficio, la jueza aclaró que el perdón de la víctima no detiene el proceso penal: vinculó a proceso al exfuncionario en libertad y la investigación continúa.
Frente a esta coyuntura hay preguntas que es necesario hacernos: ¿qué hubiera pasado sin el video? ¿Qué hubiera pasado si Jiménez, en lugar de un alcance mediático capaz de llegar hasta la mañanera, hubiera tenido que caminar sola hasta un Ministerio Público cualquiera, en cualquier alcaldía, a narrar lo mismo que narró en redes, pero sin cámaras, sin viralización, sin la posibilidad de apelar directamente a la Presidenta? Y, sobre todo: ¿qué hubiera pasado con el perdón si el delito no fuera de los que se persiguen de oficio? Sin esa protección legal, el caso simplemente habría terminado ahí, con una carta y un archivo.
El diagnóstico y la guía de actuación para autoridades que este año publicó la Red Feminista por el Acceso a la Justicia, con la coordinación de CEA Justicia Social, documentó justamente esa otra realidad: la de doce mujeres —seis denunciantes, seis imputadas— que no tuvieron video ni Presidencia que las escuchara. Sus testimonios revelan un patrón que se repite una y otra vez: declaraciones tomadas sin privacidad, obligadas a repetir su relato ante ventanillas distintas, sin que se les informara sobre su derecho a asesoría jurídica gratuita. Ninguna de las seis denunciantes entrevistadas logró avanzar más allá de la etapa de investigación. Una de ellas terminó imputada como represalia de su propio agresor.
Ese es el contraste que este caso debería obligarnos a mirar de frente. La viralización de un video puede activar en horas lo que el sistema de justicia tarda años en resolver, o simplemente no resuelve nunca. Pero un sistema de justicia que solo responde cuando hay evidencia audiovisual, presión mediática y cercanía con el poder no es un sistema de justicia: es un sistema de excepciones que están pensadas para los casos que logran romper el ruido. Mientras tanto, las cifras que ya conocíamos siguen ahí: casi el 50% de las mujeres privadas de libertad en México se encuentra en prisión preventiva sin sentencia (CMIEPN, 2025), y la ENDIREH 2021 documenta que más de una cuarta parte de las mujeres que denunciaron violencia no recibieron medidas de protección.
El perdón mismo es un dato que ya hemos advertido advertimos específicamente sobre la persuasión para desistir: los comentarios que apelan a la familia, las presiones —explícitas o ambientales— para que la mujer abandone el proceso "por el bien de los hijos" o "por la estabilidad del hogar". Jiménez expresó temor a represalias antes de firmar esa carta. No sabemos, ni nos corresponde juzgar, qué combinación de amor, miedo, cansancio y presión hay detrás de su decisión; eso es un derecho suyo. Lo que sí podemos afirmar es que si ese patrón se coló incluso en el caso más vigilado del país, con Secretaría de las Mujeres pendiente y cámaras en cada audiencia, es ingenuo pensar que no ocurre, silenciosamente, en los miles de casos que nadie mira. La diferencia esta vez es que la oficiosidad del delito —una condición que la propia Guía identifica como derecho de las mujeres imputadas y denunciantes por igual, y no una gracia discrecional del Ministerio Público— impidió que la voluntad de retractarse, presionada o no, cerrara el expediente.
Por eso, insistimos en que la respuesta no puede ser exigirle a cada mujer que consiga su propio video, su propia viralización, su propio momento de indignación nacional. La respuesta tiene que ser transformar las condiciones ordinarias de la denuncia, para que no dependan de lo extraordinario donde ninguna mujer necesite un video viral, una relación cercana con la Presidenta o una tormenta en redes sociales para que su palabra tenga el mismo valor que tuvo la de María Felicia Jiménez, y para que su eventual retractación no sea, tampoco, la última palabra. Que el acceso a la justicia deje de ser una lotería de visibilidad y se convierta, por fin, en un derecho.
Si quieres revisar el diagnóstico y la guía coordinada por CEA Justicia Social haz click aquí
