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La reelección de “Lula” en Brasil abre un debate crucial para América Latina: más allá de detener el avance conservador, hay una pregunta que me parece más urgente ¿qué tan transformadas están realmente las condiciones de vida de las mujeres en nuestras "democracias"? Las elecciones son importantes, pero la democracia no se reduce a alternancias de poder ni a discursos de cambio. Los derechos de las mujeres son inalienables y no deben depender de qué partido gobierne.
Mientras se hablan de proyectos políticos y soberanía, la violencia sexual sigue siendo una amenaza diaria para millones de mujeres y niñas. Casos recientes en Brasil, Colombia, Bolivia y México — desde una mujer de 70 años en Colombia agredida sexualmente mientras caminaba, una adolescente víctima de violación en Río de Janeiro hasta niñas y mujeres de diversas edades víctimas de agresiones y feminicidios — evidencian que esta violencia no conoce fronteras ni edades. Sucede en espacios públicos y privados, en países de derecha o izquierda, reflejando un orden patriarcal que sostiene la dominación sobre nuestros cuerpos y vidas.
Este sistema atraviesa instituciones, culturas y fronteras, y se sostiene en un pacto patriarcal de silencios, complicidades y privilegios masculinos que protege a agresores y relega a las mujeres víctimas y muchas veces a sus familias, a una lucha constante por justicia. No se trata solo de hombres violentos, sino de estructuras sociales, culturales y económicas que permiten y reproducen la violencia, estructuras que no desaparecen con cambios de gobierno ni nuevas leyes.
Por ello, mientras América Latina discute la democracia y la transformación, desde los feminismos me parece importante también plantearnos: ¿de qué sirve hablar de soberanía y cambio si las mujeres seguimos sin poder decidir sobre nuestros cuerpos, vivir libres de violencia y acceder a condiciones que permitan nuestra autonomía? La soberanía nacional es clave, pero no puede desligarse de la autonomía femenina. No hay libertad colectiva sin la libertad y seguridad plena de todas las mujeres y niñas.
Aunque diversos países, entre ellos México, han ratificado instrumentos internacionales como la CEDAW y la Convención de Belém do Pará, que obligan a prevenir y sancionar la violencia contra las mujeres, la desconexión entre derechos reconocidos y su materialización cotidiana es enorme. Los avances legislativos, muchos de ellos fruto de las luchas feministas, son valiosos, pero insuficientes sin implementación efectiva, recursos adecuados y sistemas judiciales accesibles que dependen exclusivamente de los Estados.
La persistencia de la violencia contra las mujeres y niñas, muestra que las garantías deben traducirse en políticas públicas sostenidas, presupuestos reales y respuestas institucionales capaces. Las prioridades democráticas se evidencian también en cómo se asignan los recursos: no basta declarar la importancia de la vida de las mujeres si los servicios para prevenir la violencia, atender y proteger a las mujeres en todas sus diversidades y etapas de vida están permanentemente subfinanciados o en riesgo.
Transformar implica alterar las condiciones materiales que sostienen la desigualdad: precarización económica, distribución desigual de los cuidados, barreras en vivienda, discriminación estructural y distintas formas de violencia que limitan la posibilidad de las mujeres para decidir sus vidas. La autonomía no puede ser solo un discurso vacío cuando millones de mujeres y niñas la ejercen en condiciones precarias o imposibles.
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Una transformación democrática que aspire a serlo para todas debe traducirse en compromisos reales: presupuestos suficientes y sostenidos (con aumentos reales a la inflación) para prevenir y atender las violencias, instituciones que actúen de manera articulada y garanticen justicia y protección efectiva, así como políticas que hagan posible la autonomía económica, el acceso a la vivienda y una distribución más justa de los cuidados. No se trata de prometer más derechos, sino de crear las condiciones para ejercerlos, se trata de pasar de los discursos a los hechos.
Y para exigir estas transformaciones, considero indispensable que los feminismos preservemos nuestra independencia frente a cualquier gobierno. Podemos reconocer un progreso sin celebrar todo lo que se hace y señalar incumplimientos sin desestimar los logros alcanzados. Como feminista, no abogo por derechos en función de quién está en el poder, mi compromiso es con la vida, la libertad y la dignidad de las mujeres, no con partidos políticos y, se que muchas coinciden conmigo.
Por ello, muchas continuaremos exigiendo presupuestos y políticas públicas adecuadas, denunciando las violencias y recordando que la democracia también se construye o se deteriora en las instituciones, las políticas y en cada decisión respecto a la distribución del presupuesto. Al final, lo que realmente importa en una transformación es cuántas vidas logra cambiar.
Mientras las mujeres y niñas sigan enfrentando violencia sexual y feminicida, y mientras los Estados no aseguren nuestros derechos, me parece necesario seguir cuestionando: ¿democracia para quién si aún no garantiza la vida, la libertad y la autonomía de todas las mujeres?
