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Las cifras recién anunciadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) son motivo de celebración: 13.4 millones de mexicanos salieron de la pobreza entre 2018 y 2024; una reducción del porcentaje de población en esta condición de 41.9 a 29.5%. La presidenta Claudia Sheinbaum destacó estos números como un logro de la cuarta transformación y, efectivamente, representan un avance significativo en el combate a las carencias multidimensionales que afectan a millones de familias mexicanas.
Sin embargo, mientras se aplaudes esos avances desde una mirada macro, al hacer zoom in la realidad de algunas infancias mexicanas nos recuerda que existen frentes de vulnerabilidad que trascienden las mediciones tradicionales. Los nombres de Fernandito, de cinco años, y Dulce, de 12, se han convertido en símbolos dolorosos de esa otra forma de pobreza que persiste en el país. Ambos fueron asesinados en el Estado de México en circunstancias que revelan la intersección de violencia, desprotección infantil y ausencia de recursos, en un sentido amplio.
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Fernandito fue secuestrado y asesinado por una deuda de mil pesos de su madre. ¡Mil pesos! Es desoladoramente inverosímil, pero ocurrió. Dulce recibió varios impactos de bala cuando hombres armados irrumpieron en su casa en un ataque dirigido contra la pareja de su madre, presuntamente vinculada al narcomenudeo.
Estos casos, ocurridos con apenas días de diferencia, demuestran un desafío metodológico para la medición de economías informales y relaciones de poder que ponen en riesgo a los más vulnerables.
El Estado de México, donde ocurrieron ambos crímenes, no figura entre las cinco entidades con mayor porcentaje de pobreza multidimensional según el Inegi. Las entidades más pobres son Chiapas (66%), Guerrero (58.1%), Oaxaca (51.6%), Veracruz (44.5%) y Puebla (43.4%). Sin embargo, la violencia contra menores no está únicamente relacionada con los índices de pobreza tradicionales, sino que responde a dinámicas más complejas que incluyen la presencia del crimen organizado, la debilidad institucional y la desprotección de las infancias.
Los avances en la reducción de la pobreza son innegables y merecen reconocimiento. Que 8.3 millones de personas hayan salido de esta condición entre 2022 y 2024 representa un esfuerzo sostenido de política pública. La población en pobreza extrema también disminuyó de 9.1 a 7 millones de personas en el mismo periodo. Estos números hablan de familias que mejoraron sus condiciones de vida, que tuvieron acceso a servicios básicos, que vieron incrementados sus ingresos.
Pero Fernandito y Dulce nos recuerdan pendientes como la territorialización de los servicios para garantizar seguridad y procuración de justicia, así como detectar situaciones riesgosas en entornos familiares, vecinales, comunitarias con potencial para ser atendidas oportunamente. El nuevo motivo de celebración podría ser nunca más un Fernandito o Dulce, en ningún rincón del país. ¿Se podrá?
