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Este 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de las Mujeres, Citlalli Hernández, presentaron los primeros avances del Plan Integral contra el Abuso Sexual. La estrategia busca ampliar la definición legal del delito, garantizar que se persiga de oficio y homologar su tipificación en los 32 estados.
Hernández expuso la propuesta de reforma al artículo 260 del Código Penal Federal. El texto actual define el abuso sexual como actos sexuales "sin el propósito de llegar a la cópula" y sin consentimiento. La nueva redacción pone el consentimiento al centro y amplía el alcance del delito.
Además se detalla que comete el delito de abuso sexual quien “realice cualquier acto sexual sin autorización de la víctima, la obligue a observarlo o a ejecutarlo sobre sí misma, para un tercero o para el agresor”. También se tipificaría como delito forzar a la víctima a exhibir su cuerpo, conducta que hoy no está contemplada.
La iniciativa detalla que se considera acto sexual: tocamientos, caricias, roces corporales, exhibiciones o representaciones sexuales explícitas. También define cuándo no existe consentimiento: cuando la voluntad está anulada por violencia, intimidación, engaño, amenaza, abuso de confianza, abuso de autoridad o cualquier situación de vulnerabilidad.
La reforma obliga a las autoridades a investigar estos casos aunque no haya denuncia. Según el gobierno, esto elimina barreras para mujeres que no denuncian por miedo, presión familiar o porque dependen económicamente del agresor.
Las sanciones irán de tres a siete años de prisión, más multas de 200 a 500 UMAs. La propuesta incluye medidas reeducativas como talleres con perspectiva de género o servicio comunitario, aunque no se especificó cómo se implementarán ni cómo se evaluarán.
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Agravantes y sanciones para servidores públicos
Las penas aumentarán cuando el delito se cometa con violencia física o psicológica, cuando participen dos o más personas, cuando exista una relación de confianza (laboral, docente, sentimental, religiosa o deportiva) o cuando la víctima esté en situación de indefensión. Si el agresor es servidor público o ministro de culto, enfrentará además destitución e inhabilitación.
Hernández recordó que, según las cifras oficiales, el 70% de las mexicanas mayores de 15 años ha sufrido algún tipo de violencia y 49.7% ha experimentado violencia sexual. Nueve de cada diez denuncias por delitos sexuales corresponden a mujeres.
Organizaciones como Equis Justicia para las Mujeres han advertido que, aunque las reformas penales son necesarias, por sí solas no desmontan la impunidad estructural que atraviesa los delitos sexuales en México. Y es que la impunidad no empieza en la falta de sentencias, sino desde el primer contacto de las víctimas con el sistema: revictimizaciones en la denuncia, ausencia de peritos especializados, carpetas mal integradas y prácticas institucionales que desalientan continuar el proceso, como minimizar la agresión o sugerir acuerdos informales.
Para Equis, ampliar definiciones legales o endurecer penas tiene un impacto limitado si no se acompaña de presupuesto, personal capacitado y mecanismos robustos de seguimiento. Sin cambios reales en la operación cotidiana de las instituciones, advierten, las reformas corren el riesgo de convertirse en letra muerta y de no modificar el escenario actual, en el que la mayoría de los delitos sexuales no se investigan ni se procesan efectivamente.
¿Cómo avanza la homologación de otros delitos en el país?
El gobierno federal presentó la Alianza Xicoténcatl, un mecanismo que reunió el 13 de noviembre al Congreso de la Unión y a los 32 congresos estatales para impulsar la armonización del delito en todo el país. Según la Secretaría, 22 estados ya inscribieron la iniciativa y otros diez la presentan este martes, aunque solo uno ha avanzado en comisiones. No se dieron plazos ni mecanismos de seguimiento.
Martha Lucía Micher Camarena, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género del Senado de la República, recordó que varias leyes siguen sin homologarse en los estados: la Ley Monzón (retiro de patria potestad a feminicidas), la Ley Olimpia (violencia digital), el Registro Nacional de Deudores Alimentarios (Ley Sabina), la tipificación de violencia vicaria, la Ley Ingrid (filtración de imágenes de víctimas) y la prohibición de violencia obstétrica. No se especificó qué estados van más rezagados ni cómo se financiará la implementación.
Los compromisos a nivel federal
Sheinbaum también firmó con gobernadoras y gobernadores el "Compromiso Nacional por la Vida, la Felicidad y el Respeto a las Mujeres". El acuerdo plantea que ninguna denuncia sea desechada, mejorar la seguridad en el transporte público y crear senderos seguros en zonas de riesgo.
El gobierno federal también presentó las actividades previstas para los 16 días de activismo, que incluyen campañas de difusión, murales, caminatas y talleres orientados principalmente a la sensibilización pública sobre la violencia de género.
Los 16 Días de Activismo contra la Violencia de Género forman parte de una campaña internacional impulsada por organizaciones feministas y respaldada por Naciones Unidas. Se realizan del 25 de noviembre al 10 de diciembre, un periodo que une simbólicamente el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer con el Día de los Derechos Humanos bajo la premisa de que no puede haber derechos humanos sin erradicar la violencia de género.
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