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Las prendas forman parte de nuestra vida cotidiana y, a través de ellas, podemos expresar un universo de sentimientos, desde nuestro estado anímico hasta la reafirmación de nuestra identidad.
Este lenguaje se ha transformado con el paso del tiempo, así como las posibilidades que existen para su fabricación y diseño; sin embargo, detrás de cada una de estas prendas se esconde una realidad incómoda: siete de cada 10 mujeres trabajadoras en el área de los textiles vive en la pobreza.
Así lo reveló el estudio La industria indumentaria en México: Una mirada a la situación de los derechos humanos laborales desde un enfoque interseccional y de rendición de cuentas empresarial, elaborado por el proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) en el marco de la Iniciativa ARROPA, que busca defender los derechos de las personas trabajadoras en la industria indumentaria y denunciar la desigualdad.
Uno de los datos más reveladores para denunciar la desigualdad es que, mientras la industria indumentaria en México genera más de 2.1 billones de pesos anuales, las empresas destinan únicamente el 4% al pago de salarios.
Esto se percibe en las siguientes cifras: 72% de las personas trabajadoras del sector no perciben un salario suficiente para superar el umbral de pobreza; 66% del empleo es informal, lo que deja a la mayoría de las trabajadoras sin protecciones legales básicas; 52% de los trabajadores carecen de seguridad social y 94% de la fuerza laboral no cuenta con una organización sindical que defienda sus derechos.
Sin embargo, el panorama se torna aún más desolador cuando la conversación prioriza los derechos de las mujeres en la industria textil. Te contamos.
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Esta brecha crece cuando los derechos de las trabajadoras mujeres se ponen al centro, y es que, de acuerdo con el informe, a nivel mundial, el 75% de las personas que trabajan en esta industria son mujeres.
En México, representan el 68% de la fuerza de trabajo en la confección , una cifra significativamente mayor al 35% que ocupan en la industria manufacturera en general, es decir, las mujeres sostienen la industria indumentaria, sin embargo, esto no se traduce en mejores condiciones laborales.
Las cifras son claras: 45 de cada 100 mujeres han sido víctimas de violencia, discriminación o acoso en sus centros laborales, lugares en donde además, ProDESC identificó que se reportan prácticas abusivas como el rechazo de contratación por embarazo o la falta de conciliación con las responsabilidades de cuidado.
Todo esto ocurre, además, en jornadas exhaustivas que suelen duran de 12 a 13 horas, falta de contratos escritos, reducción de incapacidades por maternidad, espacios de trabajo insalubres y cobros indebidos por uniformes o equipo de seguridad.
La precariedad se agudiza para mujeres que además son migrantes, indígenas o tienen discapacidades. Muchas se ven empujadas al sector informal o al trabajo a domicilio buscando flexibilidad para cumplir con sus responsabilidades de cuidado, quedando atrapadas en esquemas de mayor abuso y opacidad.
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La importancia de la rendición de cuentas empresarial con perspectiva de género
La industria textil está altamente feminizada; en este panorama se hace cada vez más importante exigir que la rendición de cuentas empresarial con perspectiva de género e interseccional, especialmente debido a que la industria de la indumentaria es uno de los sectores más rentables del mundo, pero su modelo de crecimiento se sostiene históricamente sobre una estructura de profundas desigualdades y violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Para dimensionar la gravedad, el informe demostró que, ninguna de las 31 marcas analizadas en el Índice de Transparencia de la Moda en México explica la forma en cómo involucra a las trabajadoras o expertas en género. Lo que quiere decir que las empresas están excluyendo sistemáticamente a las mujeres de la garantía de sus derechos e incluso de la toma de decisiones.
Y es que, si bien existen marcos internacionales como los Principios Rectores sobre las Empresas y los Derechos Humanos de la ONU de 2011, que establecen que se debe garantizar la protección de las personas trabajadoras por parte del Estado, el respeto y responsabilidad de las empresas para no vulnerar los derechos laborales y la implementación de mecanismos de reparación cuando se presenten casos de incumplimiento, en la práctica de la industria indumentaria estos derechos continúan siendo vulnerados.
En una industria atravesada por el consumo desenfrenado, y modelos de producción con fuertes repercusiones ambientales, poner al centro de la conversación de los derechos de las personas trabajadoras en la industria textil, particularmente de las mujeres, no solo es urgente, es una deuda histórica con las mujeres que durante décadas no han podido ejercer plenamente sus derechos.
