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En 2018, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) declaró inconstitucional la exclusión de las trabajadoras del hogar del régimen obligatorio del Seguro Social, sin embargo, a siete años de la reforma a la Ley Federal del Trabajo, el 96.6% de las mujeres trabajadoras de este sector continúa en la informalidad, de acuerdo con el informe Sosteniendo el cambio: Por un trabajo justo para las trabajadoras del hogar en México, presentado por la organización civil, UNIDAS.
Actividades como lavar, barrer y cuidar se han asociado históricamente a la feminidad. Como se explica en el informe, la asignación de las tareas de limpieza y cuidado a las mujeres responde a construcciones culturales, patriarcales y coloniales que naturalizan estas labores como supuestamente propias del rol femenino.
Esta asociación y rigidez del género se ve materializada en las cifras: en el país existen entre 2.1 y 2.3 millones de personas trabajadoras del hogar y nueve de cada diez mujeres cuyo trabajo impacta a cerca de 16 millones de personas en 1.6 millones de hogares.
Los hallazgos: invisibilidad, desvalorización y desigualdad
¿Cuántas veces has escuchado el discurso de que la trabajadora es “como de la familia” o que brinda “ayuda”? Cuando se piensa en las trabajadoras del hogar, se perpetúa la imagen de una mujer abnegada, sumisa, subordinada.
El informe expone cómo, precisamente, la desvalorización comienza con el uso de una narrativa paternalista en donde se desdibuja el vínculo laboral con el propósito de transformar los derechos laborales en supuestos actos de caridad o buena voluntad discrecional.
Esta desvalorización se sostiene en construcciones patriarcales y coloniales que naturalizan las tareas de limpieza y cuidado no solo como una extensión del rol femenino, sino también de clase, asociadas con mujeres racializadas. En estos casos, la violencia escala hacia el racismo estructural; ejemplo de ello es que en la modalidad “de planta” —en la que la persona vive y duerme en el mismo domicilio donde presta sus servicios—, la mayoría de las trabajadoras son mujeres de pueblos originarios indígenas. En estos casos se registran abusos lingüísticos como la prohibición expresa de hablar lenguas originarias como el náhuatl, según se lee en el informe.
Las prácticas de discriminación y segregación en condominios y hogares también se perciben en los espacios indignos que habitan las trabajadoras y en la prohibición e hipervigilancia dentro del espacio de trabajo que, como enfatiza el informe “es el único centro laboral del país exento de inspección oficial”.
Pero hablemos de las cifras que lo comprueban.
En la actualidad, apenas el 1% de las mujeres del sector cuenta con un contrato escrito, frente al 9% de los hombres. Aunque los hombres representan sólo el 8.1% del sector, concentran el 44.4% de todos los contratos escritos existentes.
Por su parte, el informe señala que la afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) lleva tres años estancada con una matrícula de 60 mil personas afiliadas, lo que abarca apenas al 3% del sector, sin embargo, esta cifra no corresponde a la realidad de las mujeres, pues los registros reales del IMSS, según se enfatiza, indican que la tasa de cobertura efectiva para las trabajadoras del hogar es del 1.7%.
La brecha también se refleja en el salario: las mujeres perciben un ingreso promedio de 5 mil 770 pesos mensuales, mientras los hombres perciben 8 mil 855 pesos, una diferencia del 34.8%.
Y, finalmente, se percibe en la división de tareas que realizan las y los trabajadores por género: mientras 9 de cada 10 mujeres realiza labores domésticas generales o de cuidados,el 53.6% de los hombres labora en conducción o jardinería, puestos mejor pagados y regularizados.
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Un sistema de cuidados ausente
El informe puntualiza que el trabajo del hogar remunerado es, en los hechos, la gran infraestructura de cuidados de México. ¿Qué ocurre cuando las políticas y el sistema de cuidados viven en la ausencia? Delegan la responsabilidad y la convierten en un asunto estrictamente privado e individual.
Ante la falta de un sistema público integral de cuidados, los hogares con una capacidad de pago mayor transfiere los actos de cuidado hacia los hogares de las trabajadoras, donde se acumula sin infraestructura de apoyo. Esto genera una doble y triple jornada de trabajo para ellas, lo que suma hasta 56 o 60 horas semanales de trabajo entre el remunerado y el no remunerado en sus propios hogares.
Ante este panorama, UNIDAS plantea una serie de acciones concretas para combatir la deuda histórica con las mujeres trabajadoras del hogar. Entre ellas se encuentra la necesidad de reconocer explícitamente al sector dentro del Sistema Nacional y Progresivo de Cuidados y asignar recursos públicos para subsidiar la seguridad social universal, así como establecer un esquema extraordinario de apoyo económico y salud para las trabajadoras adultas mayores.
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