“Al perder a mi hija muero todos los días porque tengo que vivir cada día extrañando su compañía. El trauma después de eso es vivir sufriendo con lo que sé e imaginando lo que no sé”, dice Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz, quien fue asesinada el 31 de julio de 2015 en la colonia Narvarte de la Ciudad de México junto al fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Martín y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete.
A una década del caso, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas responsables, tanto materiales como intelectuales.
¿Qué ha pasado con el caso Narvarte?
El 31 de julio de 2015, un multifeminicidio y un homicidio fueron perpetrados a plena luz del día en un departamento de la colonia Narvarte, una de las zonas consideradas de las más seguras en la Ciudad de México.
En un lugar estaban la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete, trabajadora del hogar. También se encontraban la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, quienes habían salido de Veracruz pocas semanas antes, huyendo de amenazas directas recibidas en un contexto de represión bajo el gobierno de Javier Duarte, señalado como uno de los más letales para la prensa en México: de 2010 a 2016, 17 periodistas fueron asesinados y tres más desaparecidos, de acuerdo con la organización Artículo 19.
La Fiscalía capitalina, en ese entonces dirigida por Miguel Ángel Mancera, detuvo a tres personas por el caso: César Omar Martínez Zendejas, Daniel Pacheco, y Abraham Torres Tranquilino, un expolicía mexiquense que fue sentenciado a 315 años de cárcel.
Aunque las autoridades establecieron como móvil del atentado los supuestos nexos de Mile con el narcotráfico, Artículo 19 y los abogados de las víctimas han denunciado por años a existencia de cabos sueltos en la investigación del caso pues desde el inicio las autoridades han negado cualquier vínculo del crimen con la labor periodística de Rubén Espinosa y la defensa de derechos humanos de Nadia.
En conferencia de prensa, Leopoldo Maldonado, director de Artículo 19, señaló que la investigación ha dependido en gran medida de la labor incansable de las familias y sus representantes legales, quienes han tenido que litigar por el acceso a la información, solicitar diligencias y proponer líneas de investigación que las autoridades omitieron por años.
Incluso fue gracias a estos esfuerzos que, en 2021, se accedió por primera vez a copias completas de la averiguación previa y a evidencia digital que estuvo retenida por más de seis años.
De este análisis surgieron datos que revelaron la existencia de una operación planificada y coordinada, en la que participaron al menos 10 personas. También se documentó la utilización de un segundo vehículo en el crimen y el posible encubrimiento desde dentro de las instituciones. Sin embargo, la Fiscalía solo aceptó estos hallazgos tras ser expuestos públicamente en 2022.
Hasta hoy ninguna de las líneas de investigación ha sido agotada: ni la relacionada con Veracruz, ni con trata de personas, ni con crimen organizado. La Fiscalía tardó cuatro años en establecer un plan de investigación formal y no ha esclarecido el móvil del crimen ni ha identificado a todas las personas involucradas.
Irregularidades y omisiones en el caso
Durante estos diez años, las familias de Nadia, Mile, Alejandra, Yesenia y Rubén han enfrentado negligencia institucional, dilación injustificada y falta de acceso a la verdad. Las irregularidades han sido sistemáticas: filtraciones de información, revictimización, omisiones en actos clave y estigmatización a las víctimas.
La falta de debida diligencia ha provocado la pérdida de evidencia fundamental. Las autoridades no han sancionado a las personas servidoras públicas que incurrieron en filtraciones, omisiones o manipulación de pruebas, a pesar de las denuncias formales interpuestas por las familias desde 2022. Estas omisiones fortalecen la hipótesis de que algunos involucrados pudieron haber sido protegidos institucionalmente.
En 2017, la entonces Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal (hoy CDHCM) emitió la Recomendación 4/2017, en la que documentó las múltiples violaciones a derechos humanos cometidas por la Fiscalía, la cual no ha sido cumplida.
“¿Saben lo que es vivir 10 años sin una parte del corazón? Creo que no. No se imaginan lo que es escuchar promesas mentirosas. Es tan abrumador que sean 10 años donde desde el primer día se sigue tratando de ensuciar la memoria de las víctimas. 10 años donde no hay seguimiento a algunas pruebas y solo desvían la investigación. En ninguna de sus líneas existen avances. Hemos estado en un proceso revictimizante con omisiones y promesas incumplidas” (Indira Alfaro, madre de Yesenia Quiroz)
Por todo lo anterior, a una década de este crimen, las familias y Artículo 19 exigen que la Fiscalía de la Ciudad de México realice todas las diligencias necesarias para agotar las líneas de investigación pendientes, especialmente las relacionadas con el ejercicio periodístico y la defensa de derechos humanos.
Además, la investigación y sanción a todas las personas responsables materiales e intelectuales del asesinato y a las funcionarias y funcionarios públicos que hayan incurrido en filtraciones, omisiones o actos que hayan obstaculizado la justicia, así como el cumplimiento de la Recomendación 4/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México.