En 2016, la abogada Ana Lorena Delgadillo Pérez, la periodista Marcela Turati Muñoz y la antropóloga forense Mercedes Doretti, fueron investigadas y víctimas de espionaje por parte del Estado mexicano, señaladas por los presuntos delitos de delincuencia organizada y secuestro.
Las tres investigaron y documentaron los hechos ocurridos en 2010 en la Masacre de San Fernando, Tamaulipas, donde se encontraron restos de 196 personas migrantes.
Desde entonces, han sido víctimas de persecución por su labor como defensoras de derechos humanos. Actualmente la investigación en su contra sigue abierta en la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), antes Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), según denunció la organización Amnistía Internacional México en el informe "Perseguidas: Criminalización de mujeres defensoras de derechos humanos en México”.
“Así de absurdo es el actuar del Estado Mexicano, tres mujeres que trabajan para esclarecer uno de los casos más horrorosos de violaciones a derechos humanos: las fosas de San Fernando, relacionada con el hallazgo de 72 cuerpos en la primera masacre y 192 cuerpos en la segunda”, dijo Edith Olivares Ferreto, directora de Amnistía Internacional México.
Amnistía Internacional también reveló que el personal de la SEIDO de la PGR desvió recursos que originalmente debían estar destinados a esclarecer los hechos de San Fernando para, en su lugar investigar a las defensoras, lo cual “pone en riesgo los derechos a la justicia y a la reparación integral del daño de las víctimas de San Fernando”.
Durante la presentación del informe, las tres afectadas expusieron los hechos de manera cronológica, además de las consecuencias que ha traído esta criminalización.
“Están criminalizadas y han sido espiadas por el propio Estado. El mismo Estado que no ha podido explicar qué pasó en San Fernando, por qué fueron asesinadas personas migrantes… Ese mismo Estado invierte recursos humanos, económicos y tecnológicos en atacar a través de la criminalización y espionaje a quienes están acompañando a las víctimas de la masacre”, dijo.
Advirtió que hasta ahora se desconoce si el espionaje hacia Ana, Marcela y Mercedes continúa o ha sido suspendido. Sin embargo, ellas viven con una amenaza constante de que su caso siga abierto sin que garanticen las normas básicas del debido proceso.
Por su parte, Belem Barrera, jefa de investigación de Amnistía Internacional México recordó que en agosto de 2010, fueron hallados los cuerpos de 72 migrantes, más tarde en esa misma localidad, en abril de 2011, miembros del ejército hallaron 196 de personas de diversas nacionalidades de 48 fosas clandestinas. Un caso que documentaron las tres activistas desde sus trincheras:
“Ana Lorena y su equipo Fundación para la Justicia se convirtieron en representantes legales de familiares de las personas migrantes desaparecidas y colaboraron en la documentación de irregularidades por parte de autoridades en las masacres de San Fernando”, explicó.
“Mercedes, en nombre del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) suscribió, junto con otras organizaciones, un convenio de colaboración con la entonces Procuraduría General de la República de México (PGR) para apoyar a identificar los restos humanos en San Fernando”, recordó.
“Marcela seguía los hechos como periodista. En verano de 2015, otras colegas y ella entrevistaron a una madre cuyo hijo había desaparecido en San Fernando, tras entrevistarla, Marcela detectó que las autoridades de la SEIDO de la PGR nunca informaron a la madre que habían encontrado el cuerpo de su hijo y que la madre estaba siendo extorsionada”, informó Belem Barrera.
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Violentar a quienes nos defienden
Más adelante, Marcela publicó reportajes sobre esta masacre en la revista Proceso en 2015, y a pesar de que la publicación no revelaba la identidad de las víctimas esto incomodó a la SEIDO de la PGR, relató Belem Barrera. Según lo documentado por Amnistía Internacional, el 29 de enero de 2016 empezaron los actos de investigación a Ana, Mercedes y Marcela.
Además, Belem Barrera explicó los efectos nocivos en el país, puesto que violaciones como estas afectan a defensoras y víctimas de violaciones de sus derechos humanos.
En primer lugar, existe un “efecto amedrentador” contra las activistas, pues “El Estado genera temor entre personas defensoras de derechos humanos para continuar emprendiendo su labor y desincentiva a que las comunidades externen sus reclamos”.
En segundo lugar, se ven limitadas para seguir ejerciendo su labor, pues “pierden herramientas vitales para continuar realizando su trabajo, como confianza, independencia, autonomía y espacios seguros”.
Además, al ser criminalizadas, también les provoca una indefensión porque “el Estado también genera que las propias víctimas cuestionen su capacidad de decidir quién las defiende y por tanto, quedan aisladas”.
Las repercusiones de la criminalización
Ana Lorena Delgadillo Peréz, defensora y fundadora de la Fundación para la Justicia (FJEDD), explicó las consecuencias que ha traído estar en la misma investigación que los grupos criminales que perpetraron estas dos masacres.
“La Fiscalía General de la República, de manera ilegal, desvió su poder (de la maquinaria penal y de la ley contra la delincuencia organizada), el derecho penal del enemigo, lo desvió en contra de nosotras tres. Cuando nosotras solo intentábamos que las familias tuvieran una respuesta”, dijo durante la conferencia.
Hasta la fecha ambas masacres siguen impunes pero ella y sus dos colegas siguen criminalizadas. Externó su preocupación “por el aparato criminal y corrupto del Instituto de Migración y la impunidad que lo rodea, porque nadie lo toca”, dijo la abogada.
“Me preocupa que la Fiscalía General de la República de México y las fiscalías del país sean una maquinaria también de impunidad y corrupción; y que no haya una mínima intención de transformarlas para acabar con la tremenda violencia que existe”, dijo Ana Lorena.
La defensora explicó que no hay pruebas de tales acusaciones: “Yo no hice nada de lo que me acusa la fiscalía. Yo no he cometido ningún delito. Cuando me he acercado a la fiscalía es para defender a madres víctimas de feminicidio y para defender a madres, hermanas y hermanos de migrantes desaparecidos en México”.
Durante su participación en la conferencia, Marcela Turati Muñoz, periodista y escritora especializada en la cobertura de derechos humanos, explicó que desde 2008 documentó testimonios de personas desaparecidas. Posteriormente, tras el hallazgo de las fosas, publicó una serie de reportajes y fue acusada de participación en el crimen organizado.
Explicó cómo las autoridades la involucraron después de publicar sus reportajes y la acusaron de filtrar información del caso, aún cuando ella sí tenía autorización para difundir los testimonios de familiares de los migrantes encontrados.
“Hay una intención para ocultar esta violencia, para ocultar y esconder los cuerpos. Y por eso todo este esfuerzo que ponen en perseguir a quienes investigan, a madres buscadoras, a periodistas, a defensoras, en general, a quien denuncie. Cuando una mamá va a la fiscalía a denunciar que su hija está desaparecida, no mueven un dedo, no se ponen a ver dónde da el GPS, pero a nosotras sí lo hicieron”, recordó.
Por su parte, Mercedes Doretti Fundadora y directora para Centro y Norteamérica del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), acusó que hasta el momento no han recibido ninguna explicación por las causales que se abrieron en su contra y “menos una disculpa por parte de la FGR ni de la administración. No puedo dejar de observar que las tres somos mujeres y líderes en nuestras áreas de trabajo, cuando trato de entender los efectos que esto puede traer sobre la sociedad civil, periodistas o peritas”, dijo la forense.
También dijo que jamás filtraron información a nadie y jamás se metieron con otro tema que pudiera considerarse un delito o cercano a eso. “Sí estabamos identificando a personas y marcando irregularidades graves”.
Finalmente, la periodista mexicana Carmen Aristegui exigió a la Fiscalía General de la República (FGR) que termine esta investigación y que garanticen la no repetición de esta criminalización.
“Que Marcela, Ana Lorena y Mercedes se encuentren en esa carpeta de investigación es inadmisible. Estamos aquí para exigir que esa carpeta se cierre y se elimine cualquier vestigio o posibilidad de algún tipo de acción penal que no haya un milímetro de posibilidad que se abra algún procedimiento en su contra estando dentro de una investigación activa como la de caso San Fernando”, dijo la comunicadora.
De igual forma, mandó un mensaje a la FGR, pues tienen que hacer lo necesario para que no haya ningún vestigio o rastro que permita a alguien algún día ejercer acción penal en contra de Ana Lorena, Marcela y Mercedes.
“Se tiene que frenar si es que todavía existe algún tipo de espionaje. Si la investigación aún está abierta, si los que se supone que tienen que investigar una masacre como la de San Fernando están haciendo su trabajo, pues como están ahí, podrían seguir espiando, podría haber algún tipo de actuación criminal en contra de estas tres personas”, expresó Aristegui Flores.