El Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas no tiene perspectiva de género e incluso su personal ha discriminado por ser mujer y madre a periodistas, así lo dieron a conocer Amnistía Internacional México y el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ) en su informe "Nadie garantiza mi seguridad": La urgente necesidad de fortalecer las políticas federales de México para la protección de periodistas.
Los testimonios recabados por Amnistía Internacional reflejan la inexperiencia de quienes operan el mecanismo, la falta de seguimiento profesional a los casos y hasta prácticas violentas y de discriminación contra las periodistas que por el riesgo que viven se ven obligadas a dejar sus hogares junto con sus familias, ni tampoco tienen en cuenta sus funciones de principales responsables del sustento y cuidadoras en sus familias, a menudo como madres solteras.
“Son muy crueles con las mujeres, muchas de ellas desplazadas con hijos pequeños y las tratan muy mal”, dijo una mujer refiriéndose al personal del Mecanismo. Otra señaló que “no consideran si tienen o no discapacidad y cuál es esta”.
Sus declaraciones no son las únicas: 9 de 10 mujeres periodistas entrevistadas por Amnistía Internacional México consideraron que el Mecanismo de Protección no consideró su salud mental: no se les brindó atención psicológica y de salud integral para que su estancia en desplazamiento o de riesgo no sea tan traumática y preocupante. Tampoco se le ha dado facilidades para trámites escolares, administrativos y tributarios.
“En mi caso varios funcionarios han demostrado incapacidad, han sido groseros en el trato, llegando inclusive a abusar de mi condición de víctima, como insultarme levantándome la voz y pidiéndome cosas a gritos, literalmente” (Testimonio de periodista incluido en el informe de Amnistía Internacional)
Foto:Cuartoscuro
Periodistas desprotegidos
Botones de pánico inservibles, falta de seguimiento a reubicaciones, eliminación de medidas de protección a periodistas sin analizar la actualización de cada caso, correos que dejan de funcionar y constantes cambios de personal, son algunas de las irregularidades y fallas que encontró Amnistía Internacional en el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
Lo más alarmante es que, en respuesta a diversas solicitudes de información, la Secretaría de Gobernación (Segob), encargada de mantener y operar el mecanismo desde su creación, dijo no tener información sobre el número de periodistas asesinados luego de que se les negaran las medidas de protección ni tener datos sobre sentencias condenatorias relacionadas con 166 asesinatos de periodistas, registrados desde 2012, porque "no interviene en la investigación ni en el enjuiciamiento de los delitos”.
Lo que sí informó la Segob es que, desde la fundación del mecanismo en 2012, se han asesinado a ocho periodistas que estaban bajo su protección: en Quintana Roo asesinaron a dos (en 2018 y 2019), los otros seis asesinatos se cometieron en Veracruz (2017), Baja California Sur (2019), Guerrero (2020), Sonora (2020), Oaxaca (2021) y Michoacán (2022), esto significa que, al menos un periodista fue asesinado mientras estaba bajo su protección cada año desde 2017 y hasta 2022.
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Principales riesgos
En las entrevistas que Amnistía Internacional y el CPJ hicieron a periodistas incorporados actualmente al Mecanismo identificaron que 71% trabajaban por cuenta propia y la mayoría informaban sobre política, delincuencia o asuntos de derechos humanos, o algún tipo de combinación de estos temas. Las razones por las que solicitaron protección por sufrir amenazas o ataques físicos de la delincuencia organizada, funcionarios públicos o agentes de policía.
Aunque en la mayoría de las respuestas se decía que la inscripción en el Mecanismo había sido un proceso rápido y sencillo, en algunos casos fue lento y excesivamente burocrático. Sobre la aplicación de las medidas de protección la sólo 4 de las 10 mujeres pensaban que las medidas que recibieron eran incluso temporal o parcialmente suficientes.
Una periodista que seguía sufriendo agresiones tras haberse inscrito en el Mecanismo dijo que la respuesta de su personal fue “lenta e incrédula.” Otra mujer la calificó de “lenta, muy lenta”, y una tercera la calificó de “fría, distante, se ciñen a sus términos burocráticos. Hay amabilidad, pero enormes muros que impiden la empatía y la creación de protocolos más adecuados en cada caso”. Además, el 21% de los periodistas entrevistados dijo que su seguridad no había mejorado, mientras que las demás no estaban seguras o pensaban que habían experimentado mejoras en algunos aspectos y retrocesos en otros.
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Agresiones en la impunidad
Desde octubre de 2012 y hasta noviembre del año pasado, el mecanismo registró 834 ataques contra periodistas. De estos ataques, el mecanismo concluyó que 356 (43%) habían sido obra probablemente de funcionarios públicos y 276 (33%) de actores no estatales, posiblemente, grupos de delincuencia organizada.
El mecanismo no pudo identificar a los probables culpables de los restantes 202 (24%) incidentes. Los ataques registrados incluían 34 casos de secuestro o privación de libertad, 193 actos de violencia física y 530 amenazas.
Desde 2012, la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Presa y Expresión (Feadle) solo considera como avance que se dictaran 37 sentencias condenatorias por delitos contra periodistas, incluidas amenazas, robos, tortura y homicidios, con condenas de entre 2 días y 50 años de prisión. La Fiscalía Especializada solo logró 8 condenas por asesinatos de periodistas en ese periodo.
