Sucedió otra vez.
Esta semana la activista Olimpia Coral Melo y dos mujeres con las que estaba fueron agredidas en una gasolinería, en Huehuetla, Puebla, porque enfrentaron a un hombre borracho que estaba mostrando sus genitales y orinando en la calle.
Después de hacer el reclamo, un grupo de hombres a bordo de tres coches las persiguió y rodeó hasta una caseta de seguridad. El agresor principal, además, pateó la camioneta en la que viajaban y las amenazó de muerte. Cuando llegaron las autoridades, la misma Olimpia le dijo a un policía: “me parece que todo lo que diga se puede minimizar pero fue un atentado lo que hicieron contra nosotras”.
Olimpia fue a ese municipio para dar unas conferencias sobre violencia digital, pero luego del horror que vivió, se vio obligada a refugiarse en las instalaciones de la Universidad Intercultural del Estado de Puebla para sentirse a salvo.
El caso de Olimpia no es menor. A ella le cambió la vida un hecho que también podría considerarse “mínimo”. Cuando ella tenía 18 años su pareja difundió un video íntimo suyo sin su consentimiento. El contenido fue difundido en distintas páginas de pornografía.
Esto le trajo grandes repercusiones emocionales y, años más tarde, supo que ella no había tenido culpa, sino que era víctima de un delito. Gracias a su lucha desde el activismo, logró que la difusión de contenido íntimo sin consentimiento se castigue y así se reconoció la violencia digital en la llamada Ley Olimpia.
Así que no, ninguna agresión que amenace nuestra paz y seguridad debe considerarse como mínima, sobre todo en un país donde el 70% de las mujeres mayores de 15 años ha experimentado al menos una situación de violencia en su vida.
El ataque a Olimpia pone el foco de nuevo en la realidad de que en nuestro país las defensoras de derechos humanos y activistas son violentadas una y otra vez, revictimizadas por un Estado que las abandona, ataca y hasta criminaliza, como a las mujeres buscadoras, las defensoras de la tierra o las periodistas.
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Esta semana, en La Cadera de Eva recordamos el caso de Marisol Cuadras, una joven de 18 años, que fue asesinada en 2021 afuera del Palacio Municipal de Guaymas, Sonora, cuando estaba manifestándose contra la violencia que viven las mujeres en el Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25N.
Una hipótesis de su asesinato fue que en realidad, el grupo armado que la atacó iba contra el secretario de Seguridad de Guaymas, Andrés Humberto, quien se encontraba cerca de las manifestantes. En aquel momento, la Secretaría de Marina lamentó que en este caso hubieran “daños colaterales”, refiriéndose al asesinato de Marisol.
Pero no, los asesinatos contra las mujeres no son “daños colaterales”, aunque las autoridades quieran minimizarlos de esta manera.
Por eso es que hicimos un recuento de los casos de feminicidio que han marcado el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, por la manera en que (no) se impartió justicia en cada uno de ellos y porque demuestran que los ministerios públicos y fiscalías en el país siguen juzgando sin perspectiva de género y, en la mayoría de los casos, se culpabiliza a las víctimas de estos delitos.
Nos resistimos a que los feminicidios sean solo números.
Recordamos entonces el caso de Abril Pérez, quien fue asesinada también en un Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer pero de 2019, porque las autoridades dejaron libre a su agresor cuando ella denunció un intento de feminicidio en su contra y le retiró las medidas de protección a pesar de que ella denunció amenazas de muerte en su contra.
O el feminicidio de Ingrid Escamilla, quien fue asesinada por su pareja en la alcaldía Gustavo A. Madero, en 2020. En su caso se reveló que las autoridades filtraron fotos de su asesinato, las cuales fueron difundidas por medios de comunicación, quienes convirtiendo la violencia contra Ingrid y el dolor de su familia en un espectáculo.
Por eso es que es importante exigir que en la agenda de las personas que buscan llegar a la presidencia del país sea una prioridad erradicar la violencia contra las mujeres. En el debate presidencial del pasado 7 de abril no solo no vimos propuestas claras para hacerlo, también fuimos testigos de un profundo desconocimiento de la realidad que vive el país y cifras distorsionadas para hacernos creer que los feminicidios van a la baja.
Está claro que las mujeres no somos prioridad en ninguna agenda. Prueba de ello es que más del 70% de las leyes que se presentan en el Congreso del país para erradicar la violencia contra las mujeres se quedan en la congeladora o son desechadas, como también documentamos aquí.
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Así que no, y repetimos bien alto, “no”, ningún acto de violencia contra las mujeres es “menor” o “colateral”.
La violencia de la que somos víctimas todas las mujeres está presente en todas partes, minimizarla, maquillarla o menospreciarla no la erradica; ni siquiera si quien lo hace es el gobierno, ese que se autonombra como “el más feminista de la historia”.