Van 5 mil 429 días desde que Sanjuana Maldonado Amaya está en prisión injustamente. Desde febrero de este año, solicitó un indulto para remitir su condena que es de 30 años. Hasta hoy, el congreso de San Luis Potosí no ha respondido su petición. 

La historia de Sanjuana comienza en 2005, cuando tenía 17 años y dejó su comunidad, Charco Cercado en San Luis Potosí, para estudiar Informática en el Instituto Tecnológico de Matehuala. En 2009, conoció a José, un hombre de 35 años que la violentó de manera psicológica y física por siete meses, de acuerdo con información de la asociación civil sin fines de lucro, Perteneces.

Sanjuana terminó la relación pero su expareja la amenazaba, hostigaba y manipulaba constantemente. El 22 de mayo de 2009, cuando ella tenía 21 años, el sujeto la llevó a un banco en contra de su voluntad. Junto con otros dos hombres querían forzarla a retirar dinero de su cuenta. La joven se negó a entrar a la sucursal, porque desconocía el depósito que habían hecho a su cuenta. 

Se quedó esperando en el estacionamiento y una policía vestida de civil se acercó para preguntarle qué hacía ahí, como Sanjuana no sabía de dónde provenía el depósito, la policía la golpeó y sometió para después subirla a una camioneta. Cuando José y sus acompañantes salieron del establecimiento también fueron detenidos por la policía.

“Les trasladan a la SIEDO, donde estuvieron bajo arraigo 40 días y al no poder acreditar el delito de delincuencia organizada, remitieron la competencia al fuero común y les trasladaron a la ciudad de Matehuala para que continuaran su proceso”, dice el peritaje antropológico y sociocultural publicado en sanjuanalibre.org.

Una vez en la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) en la Ciudad de México, la joven permaneció tres días en un cuarto y el 27 de mayo del mismo año, fue encarcelada por el delito de secuestro, pues el depósito que recibió en su cuenta era por un supuesto rescate.

A pesar de que ella nunca cobró el dinero y tampoco sabía en qué pasos estaba su expareja, fue acusada de ser cómplice. 40 días después la trasladaron a Matehuala y tras varios intentos para defenderla, finalmente, el 18 de abril de 2011, fue sentenciada.

Sanjuana tuvo un juicio sin perspectiva de género y derechos humanos del que derivó una sentencia por 30 años de prisión y una sanción pecuniaria de 103 mil 900 pesos, al igual que ellos tres”, explica la organización Perteneces.

Nunca hubo pruebas en su contra, ella nunca cobró el dinero y tampoco conocía a los sujetos implicados. Provenía de una comunidad de escasos recursos, no contaba con un sistema que la respaldara y tampoco la dejaron hablar ni explicar por qué estaba en ese lugar.

La organización Perteneces explicó que hubo tres aspectos por los que la condenaron injustamente a pesar de ser inocente:

  • La presencia de Sanjuana en el lugar de la detención es resultado de las distintas modalidades de violencia, haciéndola vulnerable para una detención injusta.

  • El contexto de guerra contra el crimen organizado fue un factor determinante de su criminalización: 

    “Informes realizados con datos de la Secretaría de Seguridad Pública de ese entonces, demuestran que el año que detienen a Sanjuana es el año con mayor cantidad de personas privadas de la libertad entre el 2004 y el 2011”, señala la organización en el peritaje. 

  • Fue juzgada y sentenciada a partir de procesos de discriminación basados en estereotipos y prejuicios de género.

A partir de este hecho, diversas fundaciones y colectivos han protestado de forma pacífica para exigir que liberen a Sanjuana. Actualmente tiene 36 años y solicitó indulto para que se remita su pena. 

La organización Perteneces, en conjunto con más de 15 fundaciones realizaron una petición en Change.org, hasta el momento van más de 18 mil firmas y piden al Congreso del Estado de San Luis Potosí que haga valer los derechos de Sanjuana y hagan justicia por los 15 años que ha pasado en prisión injustamente.

Para conceder el indulto, Sanjuana necesitaría 14 votos de las y los legisladores, cuyo próximo periodo legislativo termina el 14 de septiembre de 2024. Los abogados de Sanjuana, José Mario de la Garza Marroquín y Raquel Álvarez Charqueño explicaron a medios locales que el indulto es la única manera de que la víctima recupere su libertad.