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México discute esta semana uno de los cambios legales más importantes para el futuro del agua. La Ley General de Aguas avanza en comisiones mientras, afuera del Congreso, agricultores y transportistas mantienen bloqueos y protestas para exigir que se modifique.
El debate llega en medio de una crisis hídrica marcada por acaparamiento, corrupción, concesiones irregulares y casi nula medición del recurso. La nueva ley promete devolverle al Estado el control del agua y garantizar el derecho humano al acceso, pero sus implicaciones y sus vacíos han encendido alarmas en sectores que dependen del recurso para sobrevivir.
En esta nota explicamos qué propone la ley, por qué genera conflicto y qué está en juego.
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¿Qué es la Ley de Aguas?
La iniciativa propone sustituir la Ley de Aguas Nacionales de 1992 y modificar los artículos 4 y 27 de la Constitución para que el Estado recupere el control total del agua. Con el cambio al artículo 4, el derecho humano al agua queda reforzado y obliga a que el consumo doméstico sea siempre la prioridad.
El cambio al artículo 27 redefine cómo se administran las concesiones: ya no podrán transferirse libremente entre particulares, deberán usarse exactamente para lo que fueron otorgadas y cualquier volumen no utilizado tendrá que regresar a la autoridad.
En conjunto, las reformas buscan frenar la mercantilización del agua y colocar al Estado como la única autoridad responsable de regularla.
Para hacerlo, propone crear un Registro Nacional del Agua donde quede claro quién tiene una concesión, cuánta agua puede usar y para qué la utiliza. Así como las siguientes disposiciones:
Garantizar el derecho humano al agua: fortalecer y asegurar el derecho humano al agua y al saneamiento, garantizando el consumo personal y doméstico. Esto se lograría mediante una distribución clara de competencias entre los tres órdenes de gobierno (federal, estatal y municipal) y el impulso a la profesionalización de los organismos operadores.
Recuperar la rectoría estatal: permitir que el gobierno de México recupere la gestión del manejo de las aguas en el territorio a favor de la ciudadanía. El Estado mexicano será el único responsable de regular y garantizar el uso del agua.
Ordenar el régimen de concesiones: asegurar una distribución equitativa de los recursos hídricos, prevenir el acaparamiento, como el hoarding, sancionar los actos de abuso, ilegalidad y corrupción, y brindar certeza jurídica.
Reconoce a los sistemas de agua comunitario que operan en distintas zonas del país.
Además, estas reformas incluirían un catálogo de delitos hídricos como la explotación, extracción y traslado ilegal de aguas nacionales y fortalecerían el procedimiento para detectar usos irregulares del agua e incumplimiento de sanciones para evadir este tipo de conductas.
Esto se adhiere a la crisis hídrica que se vive en México, y es que de acuerdo con el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), se calcula que 97% de los títulos de concesión presentes en el Registro Público de Derechos de Agua no tienen medidor, lo que impide saber cuánta agua realmente se extrae y dificulta cualquier intento de control o distribución justa de este recurso.
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¿Por qué está generando tanta resistencia?
Las protestas reflejan un temor real en el campo. Muchos productores sienten que podrían perder el control del agua porque ya no podrán transferir sus concesiones de forma directa. No saben qué pasará cuando vendan o hereden una parcela y, aunque el gobierno asegura que sus derechos se mantendrán, no ha explicado con claridad cómo funcionará el nuevo proceso. Esa incertidumbre preocupa a quienes dependen del agua para seguir sembrando.
También inquieta la tecnificación obligatoria del riego. Modernizar cuesta, y pequeños y medianos productores difícilmente pueden pagarlo. Temen quedarse atrás mientras las grandes agroindustrias, con más recursos, sí podrán adaptarse.
Campesinos y transportistas afirman que la reforma pone en riesgo la seguridad jurídica del agua, fundamental para millones de familias. El gobierno responde que los derechos vigentes se respetarán, pero insiste en prohibir la transmisión entre particulares y en limitar los cambios de uso sin autorización de Conagua.
¿Cuál es el panorama de la crisis hídrica en México?
El 24 de septiembre, la Conagua reveló que habían encontrado inconsistencias en 536 mil títulos de concesión, y había detectado 58 mil con problemas como la falta de vigencia, ubicaciones erróneas, duplicidad y uso indebido.
El problema no es reciente, lleva dentro una larga historia de impunidad y corrupción. De acuerdo con el Centro de Investigación en Política Pública del IMCO, la disponibilidad promedio anual per cápita de agua en México ha disminuido drásticamente, pues pasó de 10 mil metros cúbicos en 1960 a 4 mil m3 en 2012 y se estima que para el año 2030, la disponibilidad promedio anual en el país descienda por debajo de los 3 mil metros cúbicos por habitante al año.
En México, las concesiones están divididas en cuatro grupos: sector agropecuarios, concesionada para cultivo y ganadería, y que ocupa el 76%; abastecimiento público, que se distribuye a través de las redes de agua potable a domicilios, industrias y usuarios conectados a redes de agua con el 15%; industria autoabastecida, es decir, para industrias que toman agua directamente de ríos, lagos y arroyos con el 5%, y centrales termoeléctricas, que representa el 4%.
¿Cuál es la postura de Claudia Sheinbaum y Conagua?
De acuerdo con la presidenta Claudia Sheinbaum, la Ley de Aguas tiene como propósito regresar el agua al país. “Si tienen concesionados, y sólo utilizas la mitad cuando te tecnifiquemos, vas a regresar la otra mitad a Conagua”, dijo durante la mañanera del 25 de noviembre.
Por su parte, el director de Conagua, Efraín Morales López, aseguró que la Ley General de Aguas “permitirá tener un sistema de concesiones ordenado, transparente y con plena certeza de que habrá cero tolerancia a la corrupción”.
Además, la iniciativa incluye que, toda concesión de agua que no sea utilizada para fines autorizados, debe regresar a la Conagua para que ésta decida un mejor aprovechamiento del recurso.
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