Durante el 2023, en México más de 140 mil personas presentaron una solicitud de asilo, convirtiéndose en el año con mayor número de peticiones en la historia de nuestro país. Las mujeres representaron el 41.8%, los hombres el 36.8% y niñas, niños y adolescentes el 21.4%. Sin embargo, las políticas públicas en materia de movilidad humana no priorizan a esta población.
Mediante 11 ejes temáticos, diversas organizaciones, activistas, redes, acompañantes y defensores de las personas en movilidad humana, entre los que se encuentra el Instituto para las Mujeres en la Migración, AC (IMUMI), Asistencia y Orientación para la Movilidad Humana, Asmovilidad A.C y Refugio LGBT+ Casa Frida, propusieron una agenda nacional en materia de derechos humanos.
Esto con el propósito de implementar una nueva política migratoria y de asilo que involucre a los poderes del Estado, al sector empresarial y a la sociedad en conjunto para el actual sexenio de Claudia Sheinbaum.
Los ejes abarcan la promoción de una política de integración sostenible que respete, promueva y garantice los derechos de las personas en movilidad; el fortalecimiento de los programas de asilo; la eliminación de la privación de la libertad; así como de la desmilitarización en el control migratorio, la erradicación tanto de la discriminación racial como de la violencia hacia las infancias, y la eliminación de violencia de género, reportó el Instituto para las Mujeres en la Migración (IMUMI).
¿Qué proponen las OSC’s para asegurar los derechos humanos de las mujeres migrantes?
El 10.7% de las mujeres migrantes han sido víctimas de violación sexual en México y el 30% de mujeres migrantes no se sienten acogidas en el país, de acuerdo con el documento “11 ejes para una nueva política migratoria y de asilo, 2024–2030”. A pesar de estos retos que enfrentan las mujeres en contexto de movilidad, el presupuesto que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público asigna a instancias como el Centro de Justicia de Mujeres redujo el 30% en 2023, afectando principalmente a mujeres migrantes.
Las organizaciones civiles también documentaron la limitada capacitación de las autoridades en materia de género, aunada a la escasez de recursos económicos, psicológicos y médicos que muchas veces revictimizan a las mujeres, por lo que hicieron hincapié en promover medidas que garanticen y aseguren sus derechos durante el estado transitorio y de movilidad.
Las peticiones que solicitan estas organizaciones en materia de género fueron presentadas en el apartado titulado “Transversalización de la perspectiva de género en la política migratoria y de asilo, y de atención integral a la violencia basada en género”, en donde se presentaron propuestas que atienden los problemas que enfrentan las mujeres en movilidad para los tres poderes del Estado, entre los que rescatamos los siguientes:
Para el Poder Ejecutivo e instituciones dedicadas a investigar delitos se propone otorgar visas humanitarias a madres y cuidadoras, mejorar los mecanismos estadísticos de recopilación de datos sobre violencia y discriminación hacia mujeres en movilidad y estandarizar los procesos de atención que ofrecen los centros de justicia de y de salud para no caer en la revictimización.
Además, se propone llevar a cabo investigaciones sustanciales y profundas con perspectiva de género que prioricen el entendimiento de la realidad que atraviesa a las mujeres migrantes, así como de los delitos cometidos en su contra.
En cuanto al Poder Judicial, se pide garantizar de manera óptima el protocolo para juzgar con perspectiva de género y con perspectiva de orientación sexual, y el protocolo para juzgar a personas migrantes con el objetivo de no promover la discriminación y erradicar las violencias en contra de las mujeres migrantes y mujeres migrantes de la comunidad LGBT+
Finalmente, al Poder Legislativo se le insta garantizar los recursos suficientes para asegurar el acceso a servicios de justicia y de reparación especializados, y fortalecer el derecho a la unión familiar.
Situación actual de las mujeres migrantes
En México, el 45% de las solicitudes totales de asilo corresponden a mujeres migrantes, durante inicios de 2024, reportó la Comisión Nacional de Ayuda a Refugiados (COMAR).
El tránsito, destino y retorno de las personas en movilidad humana constantemente implican atentados a los derechos humanos; las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad como mujeres, adolescentes, infancias e integrantes de la comunidad LGBT+ enfrentan riesgos de sufrir discriminación y acoso.
Los riegos que atraviesan a las mujeres se derivan particularmente de la violencia basada en género y violencia sexual como la transmisión de enfermedades e infecciones sexuales, el embarazo no deseado y la persecución.
Además, también se ha documentado las violaciones graves a los derechos humanos de las que son víctimas durante su tránsito por nuestro país, cometidas principalmente por elementos de la Guardia Nacional. Entre ellas extorsiones, abuso sexual, intimidación y acoso. Ante esto, también solicitaron la desmilitarización de los controles migratorios, la cual afecta principalmente a mujeres y niñas y niños.