Con la Guardia Nacional (GN) y militares en sus caminos, las mujeres migrantes —muchas de ellas candidatas para protección humanitaria tras huir de violencia feminicida y criminal en sus países de origen— enfrentan más riesgo de ser violentadas por ellos o en presencia de ellos durante operativos, revisiones y detenciones, de acuerdo con diversas organizaciones especializadas.
En un diagnóstico del Servicio Jesuita para los Refugiados (SJR), UNICEF y el Instituto Municipal de la Mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua, 30% de las mujeres entrevistadas en albergues para migrantes entre 2022 y parte de 2023 afirmaron haber sido víctimas de abusos por autoridades identificadas como militares o GN, durante su trayecto en México.
Les quitan el dinero, las bajan hostilmente de los camiones y las violentan física y psicológicamente frente a sus hijas e hijos, detalló en entrevista Elena Burciaga, trabajadora social del SJR de Ciudad Juárez, quien atiende a las mujeres, niñas, niños y adolescentes migrantes que llegan hasta la frontera norte del país y participó en la elaboración de ese diagnóstico.
La mayoría de las niñas y mujeres guardan silencio de los abusos que sufren hasta que llegan al norte del país, señala Burciaga. Pero aún rompiendo el silencio, lo más difícil de detectar es la violencia militar, ya que las migrantes no hablan de ello por miedo a represalias y porque, en muchos casos, les es difícil identificar el tipo de autoridad que las violentó, porque estos funcionarios están encapuchados o porque suelen cubrirse cualquier símbolo o nombre que los identifique, aseguró la especialista.
Más Guardia Nacional, más detenciones de mujeres migrantes
Aunque esta institución de seguridad pública no fue creada para ello, en sólo tres años la “participación” de la GN en actividades de control migratorio (principalmente revisiones) se multiplicó 16 veces al pasar de 1,714 en 2019 (la GN fue creada en marzo de ese año) a 28,331 en 2022, de acuerdo con datos del (INM), obtenidos vía transparencia. Y para el primer semestre de 2023 la tendencia creciente parecía mantenerse con 21,648 participaciones entre enero y junio.
El INM justificó esta presencia como “una estrategia para salvaguardar la seguridad y los derechos de la población migrante” pero las organizaciones de la sociedad civil observan lo contrario: con más GN en las fronteras, aumentaron los riesgos para las mujeres migrantes.
En la frontera sur de Chiapas y Tabasco, el Colectivo de Observación y Monitoreo de Derechos Humanos de la Universidad Iberoamericana identificó, entre enero de 2022 y mayo de 2023, una decena de operativos sorpresivos por parte de la GN y el INM, en los que se detuvo principalmente a mujeres –incluso embarazadas–, niñas y niños.
En ellos, además, el colectivo registró uso de fuerza física intensa para restringir movimiento grupal y uso de armas no letales, como son el bastón tradicional de la policía, gas pimienta, lacrimógeno, armas de electrochoque como tasers TM, balas de goma y plástico, cañones de agua y armas acústicas.
Esto ocurre en el sur y a lo largo de todo el país. El SJR también observó mayor presencia de elementos de la GN en las calles del centro de Ciudad Juárez, entre enero y abril de 2023, para desalojar a mujeres, niñas y niños migrantes que pedían dinero en los cruces o que vivían en campamentos; establecimiento de retenes para impedirles el libre tránsito; y revisiones en albergues y asentamientos irregulares.
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Si es militar, es patriarcal
Así, la presencia de la GN en esa ciudad fronteriza no trajo más seguridad para las migrantes, al contrario, reforzó la idea de que eran “peligrosas” y daban “mal aspecto”, lo que aumentó la xenofobia, la estigmatización y la misoginia, aseguró Burciaga.
Aunque esta institución no detiene oficialmente a personas migrantes (sólo “participa” o “colabora” en la inspección de documentos), su presencia trajo más detenciones de la población migrante en general.
En 2018 (cuando aún no operaba la GN) hubo 131,445 “eventos de presentación” o detenciones de migrantes en general, mientras que en 2022 hubo 442,069 eventos, esto es al menos 300 mil detenciones más.
Este aumento no sólo responde a que hubo más presencia de GN en las fronteras sino también a que entre 2019 y 2020, con la pandemia de COVID-19, el flujo migratorio (de mujeres y hombres en general) descendió considerablemente y en 2021 volvió a repuntar.
Lo que llama la atención es que cuando el flujo migratorio se incrementó, también aumentaron las detenciones de mujeres migrantes en 472% entre 2020 y 2021, lo que duplicó el aumento que hubo en las detenciones de varones, que fue de 222%, de acuerdo con los boletines estadísticos de la Unidad de Política Migratoria, de la Secretaría de Gobernación.
Esto fue así, en parte, porque los agentes de la GN se instalaron en los trayectos más usados por las mujeres migrantes, que suelen ser los menos riesgosos con respecto al crimen organizado: afuera de albergues (aunque la Ley de Migración prohíbe detener o acosar a migrantes afuera de albergues), en los centros de las ciudades, en carreteras principales y en los pasos fronterizos, de acuerdo con lo observado por las organizaciones.
Detenciones violentas y misóginas
En las detenciones que realizan elementos del INM y la GN ocurren muchas de las violencias que viven las mujeres migrantes en su trayecto por México, explicó en entrevista la abogada Mayela Guadalupe Hernández Alzate, coordinadora del área legal de la Casa del Migrante Saltillo (CMS) en Piedras Negras, Coahuila.
Extorsión, torturar a sus parejas enfrente de ellas, amenazas de detención, intimidación, pedir que se desnuden, separación familiar y otros tratos crueles e inhumanos son las violencias más frecuentes que comete la GN contra las migrantes y a ésas se suman las de otros elementos, como las de policías estatales, municipales y el INM, quienes ahora actúan bajo el solapamiento de los militares y la GN, aseguró la abogada.
“La GN vino a complicar el tránsito de las personas que pudieran llegar hasta la frontera. Nunca las van a frenar por completo, pero situaciones que antes no se veían de agresiones o que se daban en menor escala, ahora ya se magnificaron”, analizó Hernández Alzate.
“Antes, la violencia de tipo sexual la veíamos más de parte de la delincuencia organizada y ahora lo vemos más de parte de autoridades, y si bien ellos (GN) no siempre cometen esto, están presentes cuando otras autoridades perpetran estos hechos y a pesar de ser testigos no son para intervenir y frenarlo”. (Mayela Guadalupe Hernández Alzate)
Denunciar, lo imposible
Los delitos y omisiones que cometen las autoridades no sólo son cada vez más graves y más frecuentes sino que también son casi imposibles de denunciar. En México prevalece una violencia institucional que impide que ellas denuncien y que incluso hace más difícil y riesgoso su acompañamiento, asegura Burciaga. Pero esta barrera no es exclusiva de Chihuahua.
A decir del coordinador del área de protección legal de la Casa del Migrante Saltillo (CMS), Javier Martínez, en Coahuila y otras entidades, las fiscalías estatales y la Fiscalía General de la República (FGR), a través de sus unidades y fiscalías especializadas en investigación de Delitos de Personas Migrantes, funcionan como un cuello de botella en el que, luego de que las víctimas vencen el miedo, el personal simplemente se niega a recibir las denuncias penales contra los agentes.
En la CMS en Coahuila, por ejemplo, llevan meses intentando interponer cinco denuncias penales contra elementos de la Fiscalía General de Saltillo por delitos como tortura, abuso de autoridad, entre otros, –sin que al corte de este reportaje lo hayan conseguido–, pero las autoridades se niegan a recibir las denuncias por considerar que son quejas en los órganos de control interno.
Este argumento es falso, ya que los órganos de control interno realizan revisiones, evaluaciones y auditorías vinculadas con el funcionamiento interno de las corporaciones y, en algunos casos, interponen sanciones por faltas administrativas pero no reciben ni investigan denuncias por los delitos que los policías cometen, esa es una función exclusiva de las áreas especializadas de las fiscalías, explicó el abogado.
Esta violencia institucional se extiende a las instituciones que velan por los derechos de las mujeres. La CMS, por ejemplo, acompañó a una mujer migrante y sus hijos que fueron víctimas de violencia sexual a recibir atención por parte del Centro de Empoderamiento de la Mujer en Saltillo pero el personal mostró una actitud “pasiva” y dejó el caso impune, lo que es muy frecuente en esa institución, lamentó Martínez.
Otro ejemplo: en diciembre de 2019, 13 mujeres, la mayoría de Camerún y Centroamérica, denunciaron que elementos de la GN las agredieron sexualmente, golpearon, amenazaron y apuntaron con armas de fuego por participar en un mitin dentro de una estación migratoria de Sonora.
Por este caso existe una queja abierta ante la CNDH y una solicitud de medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Por miedo a ser castigadas, las víctimas decidieron dejar el país y no siguieron con el proceso legal, lo que también es muy común que suceda en este tipo de casos.
La necesidad de continuar el viaje y el miedo a recibir represalias son otras de las razones que vuelven impune estas violencias, explicó la Coordinadora de Solicitantes de Asilo de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos CMDPDH, Yoceline Gutiérrez, quien acompañó a las 13 víctimas.
Los casos de violencia contra las mujeres migrantes por parte de GN y militares podrían contarse en miles pero las omisiones institucionales hacen imposible tener cifras certeras sobre ello. La CNDH, por ejemplo, tiene un registro de 1,656 expedientes de presuntas violaciones a los derechos humanos cometidas por parte de la GN, entre enero de 2019 y junio de 2023; 660 de esos expedientes fueron por quejas presentadas por personas extranjeras (la gran mayoría de Honduras), de acuerdo con datos obtenidos vía transparencia.
Sin embargo, al preguntar cuántas de esas denuncias corresponden a mujeres, el organismo refirió que no estaba obligado a registrar y desagregar esos datos por sexo. Tampoco hay registro en la CNDH, Sedena, Marina, GN o INM sobre la existencia de protocolos dentro de las corporaciones militares y de la GN para actuar con perspectiva de género en acciones que involucren a mujeres y niñas migrantes, y ninguna autoridad reporta las denuncian que las migrantes han presentado en su contra.
Así, las mujeres y niñas en contexto de migración que huyen de sus países de origen no encuentran en México un país que las acoja y respete sus derechos, como indica la legislación mexicana, sino que se ven expuestas a cada vez más peligros y más abusos ejercidos, incluso, por quienes debían protegerlas.
*Este reportaje se publicó originalmente en el portal "Bajo la bota. Políticas migratorias que matan" bajo el título Guardia Nacional y militares, entre los principales agresores de niñas y mujeres migrantes, de la Fundación para la Justicia.