A unos días de la aprobación en el Senado y promulgación de la reforma al Poder Judicial, La Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular, transferir la Guardia Nacional (GN) de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su incorporación a las Fuerzas Armadas.
Esta iniciativa impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador ha despertado una ola de preocupación por parte de organismos de la sociedad civil ante la posible militarización de nuestro país, pues esto —advierten— representaría una amenaza a los derechos humanos, sobre todo los de las mujeres y niñas.
Aunque no hay una definición precisa de lo que es la militarización, se puede entender como el proceso en el que las fuerzas militares asumen roles y funciones que tradicionalmente corresponden a instituciones civiles, como la policía, la seguridad pública, entre otras, es decir, pasan a estar en las calles.
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Si es militar, es patriarcal
¿Qué se aprobó?
Este 19 de septiembre se aprobaron una serie de reformas a la Constitución para darle nuevas facultades a la Guardia Nacional. Fernanda Torres, oficial del Área de Datos de Intersecta, habla de dos profundos cambios que se hicieron en la reforma, en entrevista con La Cadera de Eva.
El primero es que la Guardia Nacional será parte de las cuatro instituciones que forman la Fuerza Armada permanente. Esto implicaría que a nivel federal, la seguridad pública quedará militarizada y de manera permanente, una situación que es alarmante porque tendría facultad de investigar delitos, cosa que va en contra de estándares internacionales.
“Esto nos preocupa porque va en contra de criterios o estándares internacionales, por lo que varias instancias de derechos humanos han reiterado que las labores de las Fuerzas Armadas no deben incluir en ningún caso, en ningún momento, las de las policías judiciales o ministeriales”, señala Torres.
Por otro lado, esta reforma también implica que a la Guardia Nacional se le garantice el fuero militar, es decir, a todos los elementos de la GN que cometan delitos y violaciones a derechos humanos se les concederá el fuero. Esto conlleva a que esos delitos sean investigados por las propias fuerzas armadas, lo que representa una dificultad a la hora de impartir justicia, explica Torres.
El segundo cambio profundo, sería que el Ejército, Fuerza Aérea y Armada de México podrán participar en labores de seguridad pública de forma permanente. Aunque, en el artículo transitorio de la reforma de 2019 de la Constitución se establecía que las Fuerzas Armadas sí podían participar en la seguridad pública hasta 2028, es decir, de forma extraordinaria, de acuerdo con Fernanda Torres.
Lo que preocupa es que las condiciones de dicha participación no están claras, y solo se menciona que le corresponde al Congreso determinar en una ley “los requisitos y límites” de la participación de las fuerzas armadas en estas funciones.
Los riesgos que traerá
Distintas ONG’s han documentado e investigado que hay evidencia que demuestra cómo el uso de las Fuerzas Armadas en la seguridad pública no solo es una estrategia de seguridad fallida, sino que también aumenta la violencia y legitima el uso de ella como una herramienta de control social.
En 2006 durante el sexenio de Felipe Calderón hubo un despliegue masivo de las Fuerzas Armadas para participar en las tareas de seguridad pública pero más allá de contrarrestar la violencia, sucedió todo lo contrario, de acuerdo con Fernanda Torres. Dicho despliegue coincide con el aumento de las violaciones de derechos humanos y los aumentos en los índices de violencia en el país, según Amnistía Internacional.
Desde el 2018 y hasta abril de 2024, la Guardia Nacional (GN) acumula mil 912 denuncias por violaciones a Derechos Humanos en México desde el 2018 hasta abril de 2024, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), consultados por La Cadera de Eva, vía transparencia.
¿Los impactos que trae la militarización a la vida de las mujeres?
La militarización de la seguridad pública ha tenido consecuencias en la vida de las mujeres de diferentes maneras en comparación a los hombres. La Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad (ENPOL) realizada por el INEGI, registró denuncias de mujeres que afirman haber vivido al menos alguna incidencia de violencia sexual por parte de las Fuerzas Armadas en comparación de los hombres.
De acuerdo con la ENPOL, el 41% de las mujeres que fueron arrestadas por integrantes de la Marina fueron víctimas de violación, en comparación con el 5% en el caso de los hombres. Asimismo, de las mujeres arrestadas por el Ejército, 21% fueron víctimas de violación, en comparación con un 5% en el caso de los hombres.
Torres pone el ejemplo de los casos de las mujeres indígenas me’ phaa del estado de Guerrero; Inés Fernández y Valentina Rosendo, quienes en 2002 fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo la tortura sexual cometidas por elementos de las Fuerzas Armadas.
Sin embargo, existen más casos como el operativo en San Salvador Atenco en 2006, cuando el entonces gobernador del Estado de México, Enrique Peña Nieto, mandó a elementos policiales para disolver el movimiento de protesta que surgió en rechazo a la construcción del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.
En dicho operativo dos personas murieron, decenas de mujeres fueron abusadas por parte de elementos policiales y más de 200 personas fueron detenidas. Además en 2015, 97 mil mujeres mayores de 15 años en el país reportaron haber sido violentadas por militares o marinos, según datos de la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) de 2016.
Aunque se han denunciado estos casos, la justicia no llega para las víctimas. Tan solo, desde el año 2012 hasta abril de 2024 la Fiscalía de Justicia Militar del Ejército tiene el registro de 363 denuncias por acoso, abuso y hostigamiento sexual, solo 17 han terminado en una sentencia condenatoria, es decir apenas el 4%. Aquí puedes encontrar la investigación completa.
Finalmente, desde Intersecta abogan que se discutan y analicen de manera profunda las iniciativas de la reforma en cuestión de seguridad pública, y en caso de que se llegue a aprobar la reforma se le debe de dar seguimiento a las legislaciones secundarias.
