Esta semana la Cámara de Diputados aprobó una serie de reformas a la Constitución para darle nuevas facultades a la Guardia Nacional y para integrar plena y total al Ejército y a la Secretaría de la Defensa Nacional, para hacerse cargo de la seguridad pública del país.
Desde que el presidente Andrés Manuel López Obrador impulsó esta serie de reformas para que los militares tuvieran más participación en las tareas de seguridad pública del país, la Red Feminista Antimilitarista (RFAM), integrada por distintas organizaciones civiles feministas, alertó que esto implicaría un retroceso significativo para los derechos de mujeres y niñas.
Si bien hay muchos conceptos teóricos que explican el fenómeno de la militarización, podríamos decir que, en términos generales se refiere al proceso en el que las fuerzas militares asumen roles y funciones que tradicionalmente correspondían a instituciones civiles, como la policía, la seguridad pública, entre otras.
Como alertaba el movimiento Seguridad sin Guerra esta semana, la participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia en nuestro país, por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior.
#SiEsMilitarEsPatriarcal
El militarismo y el patriarcado están profundamente interrelacionados, y es que ambos son sistemas de poder que refuerzan la dominación, la jerarquía y la violencia. Sabemos que el militarismo promueve una cultura de masculinidad que valora la fuerza, la agresión y la dominación, cualidades que el patriarcado también exalta.
En el caso de las Fuerzas Armadas en nuestro país, se han documentado violaciones graves contra los derechos humanos de las mujeres que refuerzan esta dominación patriarcal sobre nuestros cuerpos. Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos mujeres indígenas mexicanas víctimas de violencia sexual por parte de militares, se convirtieron en símbolos de la lucha contra el sistema patriarcal de un Ejército que cobró mayor fuerza, poder e influencia en el sexenio actual.
Ambos casos demostraron la vulnerabilidad de las mujeres indígenas a la violencia sexual por parte de las fuerzas armadas y la impunidad sistemática que rodea estos crímenes. La Guardia Nacional también ha sido señalada por los casos de violencia sexual cometidos por parte de sus integrantes contra las mujeres migrantes que cruzan nuestro país.
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En esta nota documentamos que la Guardia Nacional acumuló mil 912 denuncias por violaciones a derechos humanos desde su creación en 2019, hasta abril de 2024, por detenciones arbitrarias, abuso de la fuerza, tratos crueles e inhumanos, tortura y delitos de sexuales, incluidos abuso y violación, de acuerdo con los datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH).
Pero esa violencia ejercida no sólo la comenten contra la población civil. Internamente también se replica el mismo sistema de opresión contra los cuerpos de las mujeres militares.
En esta investigación documentamos que la Fiscalía de Justicia Militar del Ejército tiene el registro de 363 denuncias por acoso, abuso y hostigamiento sexual, desde el año 2012 hasta abril de este año, de las cuales solo 17 han terminado en una sentencia condenatoria, es decir apenas el 4%.
Así, vemos cómo la militarización legitima el uso de la violencia como una herramienta de control social. En muchos contextos, esto se traduce en un aumento de la violencia de género, incluida la violencia sexual. Los militares pueden perpetrar abusos contra mujeres y niñas, utilizando el miedo y la coerción para mantener el control.
Tanto el militarismo como el patriarcado se basan en estructuras jerárquicas en las que el poder se concentra en manos de unos pocos, generalmente hombres. Próximamente, cuando Claudia Sheinbaum asuma su cargo como presidenta de México también se convertirá en la primera mujer en la historia de México en ser la máxima autoridad de las Fuerzas Armadas.
En esta nota explicamos que el hecho de que sea una mujer quien esté al frente de las Fuerzas Armadas no garantiza que las instituciones militares no cometan violaciones a derechos humanos; sin embargo, el cambio de sexenio abre una oportunidad para modificar la política de seguridad en México, la cual ha descansado sobre los hombros de los militares por casi dos décadas, sin que eso haya resuelto el problema de violencia.
De esta manera, la Red Feminista Antimilitarista ha pedido a Claudia Sheinbaum para que dé un giro a la relación de dependencia que mantiene el gobierno con las Fuerzas Armadas. Aunque lo que hemos visto estos días pareciera ser la extensión de un dominio militar que se instauró desde la llegada de López Obrador.
Por eso, nos sumamos a la preocupación de las voces antimilitaristas, frente al riesgo de un Estado militarizado, alejado de los derechos humanos, y patriarcal.