El Pleno de la Cámara de Diputados aprobó, en lo general y lo particular para transferir la Guardia Nacional de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y su incorporación a las Fuerzas Armadas.
Con 362 votos a favor, 133 en contra y ninguna abstención, la iniciativa alcanzó la mayoría calificada para ser remitida al Senado para sus correspondientes efectos constitucionales.
A unos días de aprobación y promulgación de la reforma al Poder Judicial, la iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador para incorporar a la Guardia Nacional, —un grupo de seguridad civil— a la Sedena —un mando militar—, vuelve a enfrentar a las y los legisladores, quienes prevén que será una discusión larga sobre el tema, pues la reforma busca un modelo totalmente militar para ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
“El presidente Juárez sabía que no podíamos apostar a una república militar, sino a una república civilista. No es con el Ejército como se pueden resolver los problemas de inseguridad y de violencia”, dijo López Obrador, cuando buscaba la presidencia del país en 2010.
Hoy como presidente y en los últimos días de su gestión, AMLO busca otorgar facultades a las Fuerzas Armadas para tareas de seguridad nacional, seguridad pública, de investigación, de participación en construcciones públicas, de vigilancia y control fronterizo.
Foto: Cuartoscuro
¿En qué consiste la reforma a la Guardia Nacional?
El proyecto de reforma a la Guardia Nacional busca redefinir su papel en la seguridad pública de México. Según la propuesta, dejará de ser considerada una "institución policial de carácter civil" y se convertirá en una "fuerza de seguridad pública, profesional, de carácter permanente", bajo la Secretaría de Defensa Nacional. Esto significa que estará integrada por personal de origen militar con formación policial, y su objetivo principal será ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública.
¿Cuáles son los principales cambios?
Reformas constitucionales: se reformarán varios artículos de la Constitución para adscribir la Guardia Nacional a la Secretaría de Defensa Nacional.
Investigación de delitos: la Guardia Nacional tendrá la facultad constitucional de investigar delitos, siempre bajo la conducción y mando del Ministerio Público.
Coordinación: el Ministerio Público, las instituciones policiales y la Guardia Nacional deberán coordinarse para cumplir los fines de la seguridad pública.
Participación auxiliar: el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada podrán participar en labores de seguridad ciudadana de manera auxiliar.
El nuevo titular de la Guardia Nacional será un General de División, designado por el Presidente de la República el cual debe ser ratificado por la Comisión Permanente del Congreso de la Unión y el Senado. Actualmente es designado a propuesta de la persona titular de la Sedena.
Básicamente propone dos cosas:
1. Que la Guardia Nacional deje de ser un órgano oficialmente civil y que se vuelva parte de las Fuerzas Armadas permanentemente, al igual que el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada.
2. Que todas estas instituciones militares puedan intervenir permanentemente en la seguridad pública sin necesidad de condiciones extraordinarias, además de reducir los mecanismos de rendición de cuentas.
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¿Por qué nos preocupan los cambios que propone?
La política de seguridad en México ha descansado sobre los hombros de los militares desde 2006 —casi dos décadas— sin que eso haya resuelto la grave crisis de violencia e inseguridad que ha vivido el país durante los últimos tres sexenios.
Los colectivos Seguridad sin Guerra y #LaJusticiaQueQueremos, integrada por diversas organizaciones defensoras de los derechos humanos y colectivos de víctimas, así como por la organización Amnistía Internacional, han advertido los graves riesgos para la democracia y la vigencia de los derechos humanos, que significa la reforma a la Guardia Nacional.
Al respecto, señalan que la reforma constitucional que está por votarse en la Cámara de Diputados incluye aspectos graves y de altos riesgos para los derechos humanos de la ciudadanía, entre ellos:
- El Presidente, en este caso la próxima presidenta electa, Claudia Sheinbaum, podrá usar discrecionalmente y en cualquier momento a la Fuerza Armada Permanente en tareas de seguridad pública, seguridad interior y defensa exterior, aun en tiempos de paz.
- La incorporación de la Guardia Nacional a la Fuerza Armada Permanente.
- La facultad de la Guardia Nacional de realizar labores de investigación bajo el mando del Ministerio Público.
- La aplicación del fuero militar a la Guardia Nacional.
- La facultad del Poder Legislativo de expedir disposiciones secundarias sobre la participación de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad interior y seguridad pública.
- Aún en tiempos de paz, el Congreso y el Ejecutivo podrán otorgar todo tipo de funciones a la Fuerza Armada Permanente.
- La posibilidad de que un militar participe en las elecciones presidenciales, con el hecho simple de no estar en activo seis meses antes de la elección.
Sobre todo, los colectivos hacen hincapié en dos restricciones fundamentales a la participación de los militares en la seguridad pública: su temporalidad (específicamente su calidad de extraordinario) y la subordinación al mando civil. Precisamente, uno de los problemas con la seguridad en México es que las instituciones encargadas de cuidar y proteger a las y los ciudadanos son peligrosas.
La participación de militares en la seguridad pública no ha traído beneficios o mejoras en la aplicación de justicia, por el contrario, un foco rojo del uso de militares en tareas de seguridad ciudadana es el abuso de la fuerza, el cual ha sido mayor en este sexenio que en el anterior, de acuerdo con el “Análisis de la propuesta de reforma constitucional sobre las Fuerzas Armadas”, en el que la organización Intersecta evalúa el índice de letalidad resultado de los enfrentamientos entre militares y civiles.
Además, la Guardia Nacional —aún con carácter civil— es la séptima institución con más quejas por presuntas violaciones a los derechos humanos ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con mil 772 expedientes registrados, de acuerdo con el Sistema de Alerta de Seguridad sin guerra.
Entre las principales violaciones a derechos humanos atribuidas a la Guardia Nacional se encuentran: faltar a la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia; prestar indebidamente el servicio público; detenciones arbitrarias; emplear arbitrariamente la fuerza pública; acciones y omisiones que transgreden los derechos de las personas migrantes; trato cruel, inhumano o degradante.
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Los casos Inés y Valentina
En cuanto al tema de subordinación a un mando civil, Seguridad sin guerra menciona que existen riesgos particularmente en el tema del fuero militar, un tema delicado y controvertido, especialmente cuando se trata de violaciones a los derechos humanos. Los casos de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, dos indígenas me'phaa del estado de Guerrero, son un ejemplo claro de cómo este fuero puede impedir la justicia y perpetuar la impunidad.
En 2002, ambas mujeres fueron víctimas de graves violaciones de derechos humanos, incluyendo tortura sexual, a manos de elementos de las Fuerzas Armadas. A pesar de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) emitió sentencias condenatorias contra el Estado mexicano en 2010, ordenando la investigación y sanción de los responsables, el caso de Valentina permaneció en el fuero militar hasta 2012.
Este retraso en la justicia es característico de los casos que involucran al fuero militar. La impunidad y la falta de rendición de cuentas pueden perpetuar la violencia y el abuso de poder. En este caso, los probables responsables fueron aprehendidos y sometidos a proceso recién en 2013, y la sentencia condenatoria se emitió en 2018.
Por esta razones cientos de organizaciones de derechos humanos piden limitar lo más posible el poder de las fuerzas armadas que idealmente sólo están para defender al país en tiempos de guerra pero que bajo el argumento de los altos niveles de violencia en México, se han desplegado para realizar labores de seguridad pública, lo que alertan a contribuido a la militarización del país.
Foto: Centro Prodh
Militarización
Estefanía Vela, directora de la organización Intersecta, explica que la militarización es un tema complejo que ha generado debate en México, especialmente en relación con el papel de las fuerzas armadas en la seguridad pública y la política.
Al respecto, la experta en derechos retoma la definición de Peter Kraska sobre militarización, la cual se refiere a una forma de “organizar, operar, armar y valorar que no es exclusiva de las fuerzas armadas, sino que también puede ser adoptada por otras instituciones, como las policías”.
En este sentido, Estefanía señala que la militarización no es necesariamente buena o mala, sino una apuesta para resolver problemas reales, como la violencia. Sin embargo, destaca que es importante cuestionar si esta estrategia es efectiva y cuáles son sus costos.
En México, la militarización se manifiesta en la creciente participación de las fuerzas armadas en la seguridad pública, la reforma de la Guardia Nacional para convertirla en una institución militar y la influencia militar en instituciones como el Instituto Nacional de Migración (INM).
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