El Comité para la Eliminación de la Violencia contra la Mujer (CEDAW) hizo públicas sus observaciones finales sobre México, como resultado de la elaboración del X Informe periódico presentado por el Estado. 

El Comité reconoció la consolidación de la Secretaría de Mujeres, que se creó en enero de este 2025 para con el propósito de centralizar y coordinar las políticas relacionadas con la igualdad de género y la erradicación de la violencia contra las mujeres, sustituyendo al Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres).

Sin embargo, expresó su preocupación por la persistencia de la violencia y la discriminación contra las madres buscadoras, un grupo vulnerable a la persecusión y hostigamiento en el país. 

El X Informe de México, presentado originalmente el 27 de septiembre de 2024 ante la CEDAW, destaca avances como el nombramiento de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta de México, el fortalecimiento del acceso a la justicia para las mujeres a través de la nueva Secretaría de Mujeres, así como una disminución general en los índices de violencia.

La comparecencia ante el Comité se realizó los días 17 y 18 de junio en Ginebra, Suiza, con una delegación encabezada por Citlalli Hernández, titular de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).

Organizaciones civiles como la Red Nacional de Refugios, el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio y la Red TDT señalaron que el Estado mexicano presentó información parcial, sin evidencia verificable, y omitió temas clave como los feminicidios, los ataques con ácido, el matrimonio forzado de niñas indígenas y la falta de refugios. Además, advirtieron que México no ha cumplido con más del 70 % de las recomendaciones que la CEDAW emitió en ciclos anteriores, lo que refleja una brecha entre el discurso oficial y la realidad que enfrentan miles de mujeres.

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¿Qué respondió México?

Ante la recomendación final de CEDAW, el Gobierno de México, a través de la Secretaría de las Mujeres y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) reafirmó reafirmó en un boletín de prensa su compromiso para combatir la violencia y la discriminación de género. En el comunicado, señaló que “la igualdad de género es una de las más altas prioridades” y aseguró que México toma nota de los desafíos que el Comité ha identificado como prioritarios.

En contraste, diversos “informes sombra”, elaborados por diversas organizaciones de la sociedad civil, como el informe sombra multitemático elaborado por Intersecta, Equis Justicia y Oxfam México, han señalado que las mujeres continúan experimentado violencia sistemática e institucional en materia de seguridad pública, en el acceso a la justicia, el ámbito laboral y migración. 

Aspectos positivos

El Comité felicitó la histórica elección de Claudia Sheinbaum como la primera presidenta mujer en México, así como los avances alcanzados desde la presentación del noveno informe periódico del Estado, en 2018. Estos avances incluyen la tipificación como delito de la violencia doméstica dentro del Código Penal en 2024, la tipificación como delito de las terapias de conversión y la incorporación del derecho a la igualdad sustantiva y a una vida libre de violencia

Así mismo, celebró las reformas a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que fortalecen los derechos de accesibilidad de las mujeres indígenas y con discapacidad, en 2023, y la implementación de la Ley “3 de 3” para imposibilitar a personas sancionadas por violencia de género, incumplimiento de la pensión alimenticia o delitos sexuales de ejercer cargos públicos.

Las recomendaciones

A pesar de que el CEDAW celebró los logros del Estado mexicano, emitió recomendaciones para más de una decena de apartados. El informe final de la CEDAW destaca recomendaciones dentro del marco legislativo en cuanto a la discriminación contra la mujer, el acceso a la justicia, violencia de género contra mujeres y niñas, y la participación igualitaria en la vida política y pública.

En lo general y con preocupación, el Comité señaló que rara vez se invocan en los procedimientos judiciales del Estado, por lo que recomienda continuar sensibilizando a las mujeres mexicanas sobre sus derechos humanos y que se garantice, de manera asequible, los recursos legales, tanto en español como en lenguas indígenas,  para reclamarlos. 

Así  mismo, recalcó la necesidad de llenar el vacío de una definición clara y exacta en cuanto a lo referente a la discriminación conta la mujer. 

¿Qué sigue?

México deberá proporcionar un escrito en un plazo de dos años en el que desglose las medidas adoptadas para aplicar las recomendaciones contenidas en los párrafos: 

  •  20 (b): sobre la garantía y presupuestación de recursos humanos, técnicos y financieros eficaces y sostenibles para los programas de derechos de la mujer e igualdad de género, así como en la presentación de informes sobre las asignaciones presupuestarias.

  • 28 (e): garantizar una política nacional de reparaciones transparente e integral para las víctimas y sobrevivientes de violencia de género, con programas de reparaciones transformadores.

  • 42 (c): revisar y desestimar los casos existentes en que se hayan presentado cargos de homicidio o infanticidio contra mujeres o niñas por haberse practicado abortos.

  • 59 (a) supra: reconocer formalmente a las madres "buscadoras" como una categoría especial de defensoras de los derechos humanos, así como asegurar su protección uniforme en dentro de la jurisdicción de todas las entidades federativas, y asegurar su inclusión en los mecanismos de protección.

Ante la crisis de violencia de género en México, el CEDAW señala la particularidad de estas categorías como sectores esenciales y urgentes de cambio, por lo que se espera que el Comité  anuncie posteriormente la fecha para la presentación del X Informe. 

Contexto: 

El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (CEDAW), encargado de supervisar el cumplimiento de la Convención internacional del mismo nombre, emitió sus observaciones y recomendaciones al Estado mexicano como parte de su décima evaluación. México fue examinado junto a otros nueve países con altos índices de violencia de género, entre ellos Afganistán, Botsuana, Chad y Fiji.