Hace un par de semanas, el Estado mexicano compareció ante el Comité de Naciones Unidas encargado de vigilar la Convención para Eliminar todas las formas de Discriminación de la Mujer (CEDAW), presentando su décimo informe periódico. Aunque se destacó la participación del Estado y la representación de los tres poderes, encabezada por la titular de la recién creada Secretaría de las Mujeres, Citlalli Hernández, el desarrollo de estas audiencias dejó un sabor amargo, pues México reprobó por las fallas en justicia y autonomía institucional.
Es importante recordar que, desde 1998, el 70% de las 209 recomendaciones que la CEDAW ha realizado a México no han sido cumplidas satisfactoriamente, un claro indicador de la persistente crisis de impunidad.
Si bien las expertas del Comité de la CEDAW reconocieron como un avance la elección de la primera presidenta mujer en México, también mostraron una fuerte preocupación por la falta de resultados en seguridad y acceso a la justicia. Mientras la delegación oficial hablaba de "progresos" como la creación de la primera Secretaría de las Mujeres, el aumento de la participación femenina en las fuerzas armadas (22.3% en 2022), el diseño de un manual de operación para refugios y la reducción de la violencia feminicida al 2024 de un 16%, el Comité, respaldado por más de 40 Informes Sombra elaborados por organizaciones de la sociedad civil, mostró otra cara de la realidad.
Este artículo abordará la situación de México ante la CEDAW con base en el informe sombra elaborado por Intersecta, EQUIS Justicia para las Mujeres y Oxfam México.
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La crítica principal del Comité CEDAW fue la alarmante ausencia de estadísticas desagregadas y resultados concretos en el informe presentado por el Estado. En cambio, los informes sombra sí documentan la persistente crisis de violencia, ofreciendo la numeralia que el Estado omite respecto al sistema penitenciario, la reforma judicial, el acceso a la justicia, entre otros elementos más.
¿Cómo es posible combatir la impunidad y evaluar políticas públicas sin datos confiables y transparentes? Esta opacidad oficial socava cualquier intento de acceso a la justicia y es precisamente lo que los informes de la sociedad civil se esfuerzan en visibilizar y combatir.
Acceso a la justicia: un camino lleno de obstáculos
El Comité CEDAW subrayó que la impunidad marca la vida cotidiana de las mujeres: investigaciones mal hechas, discriminación, violencia por razón de género y obstáculos constantes para acceder a la justicia.
Señalan la insuficiencia y falta de debida diligencia en las investigaciones de feminicidio, una problemática constante evidenciada por estos informes sombra, en donde se urge a fortalecer fiscalías especializadas con recursos y personal capacitado. De igual manera, el Comité de la CEDAW condenó el uso indebido y viciado del procedimiento abreviado en casos graves de violencia contra mujeres y niñas a pesar de existir pruebas suficientes para realizar un juicio completo.
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Los informes sombra señalan que este mecanismo también se usa para presionar a mujeres imputadas a aceptar delitos fabricados a cambio de “beneficios”, especialmente aquellas en situación de vulnerabilidad o sin defensa adecuada. Esto distorsiona la justicia en favor de la eficiencia procesal y va en contra de la reparación integral del daño que las víctimas merecen.
Acerca de la prisión preventiva oficiosa (PPO), la CEDAW la calificó como un “castigo de facto”, debido a su impacto desproporcionado en las mujeres el incremento de mujeres privadas de su libertad sin sentencia. El informe sombra revela que la población penitenciaria femenina creció un 22.3% entre 2017 y 2023, a pesar de ser sólo el 5.6% del total de la población en prisión, se subraya la urgencia de limitar su aplicación a casos excepcionales y promover medidas cautelares alternativas.
A este frágil sistema de acceso a la justicia se suma la reforma judicial. El Comité cuestionó la capacidad de las y los jueces recién electos para aplicar una perspectiva de género efectiva. Aunque el Estado señaló que a través del Tribunal de Disciplina Judicial y capacitaciones se mejoraría esa atención, el informe sombra advierte la preocupación de la independencia judicial y exigen que la formación en perspectiva de género e interseccionalidad sea obligatoria, con mecanismos de evaluación y seguimiento.
La comparecencia del Estado mexicano ante la CEDAW evidenció que, más allá de las declaraciones, la crisis de impunidad persiste, marcada por la falta de acceso a la justicia, la erosión de la transparencia y una actitud que por momentos, parecía huir de la rendición de cuentas.
En este contexto, la entrega de más de 40 informes sombra de organizaciones de la sociedad civil es una herramienta estratégica y poderosa, al exponer las deficiencias y la realidad en cada agenda de derechos humanos que el Estado no presentó en su informe oficial. Urge que México vaya más allá de las declaraciones y adopte medidas concretas, medibles y transparentes para avances sustantivos.
Desde la sociedad civil seguiremos señalando las deficiencias y exigiendo el cumplimiento de las obligaciones del Estado en materia de derechos de las mujeres, no como adversarias sino como aliadas estratégicas indispensables para el avance hacia el verdadero acceso a la justicia.
