"Si el patriarcado domina los espacios digitales, nosotras los estamos hackeando", fue una de las frases que resonó con fuerza en la Segunda Jornada de la Primera Cumbre Latinoamericana de Defensoras Digitales, donde sobrevivientes, activistas y expertas compartieron sus vivencias y conocimientos sobre la violencia digital.
En el encuentro coincidieron en que esta violencia no es un fenómeno aislado, sino una manifestación más de la violencia sistémica que enfrentan las mujeres y comunidades vulnerables en diversas esferas, incluida la digital.
En el panel titulado “Prevención y reparación del daño por violencia digital sexual o política”, una sobreviviente anónima compartió la profunda huella que dejó en su vida el proceso judicial que siguió a la violencia digital sufrida.
“Yo ya no soy la mujer que fui antes de toda esta situación, no hay manera de regresar", expresó, subrayando la dificultad de la reconstrucción personal tras el daño infligido.
Las ponentes coincidieron en que la reparación no debe limitarse a una suma de dinero ni depender únicamente del agresor, sino que los Estados tienen la responsabilidad de proporcionar apoyo psicológico, implementar medidas de satisfacción como disculpas públicas y crear estrategias de no repetición que prevengan futuros abusos.
“Yo como sobreviviente creo que no existe la reparación integral, debemos dejar atrás el concepto genérico de la reparación y ver cómo trasciende”, dijo Camila Selgi, moderadora del segmento, al iniciar el panel.
Victoria Vaccaro, representante de UNFPA Argentina, destacó la alarmante cifra de que seis de cada diez mujeres en su país han sufrido violencia digital en los últimos años, mientras que Manuela Narayani Rivera, especialista en violencia digital de género de Bolivia, compartió que el 28% de las mujeres adultas y el 17% de las adolescentes en su país han sido víctimas de este tipo de agresión.
Para Mónica Baya, asesora jurídica de Equality Now, la reparación debe ser integral, y no puede depender de la obtención de una sentencia penal o civil, ya que, según afirmó, "cuando hay impunidad, no hay reparación".
En este contexto, desde la sociedad civil han surgido diversas iniciativas, como círculos de acompañamiento, intervención psicosocial y mecanismos de denuncia accesibles que buscan evitar la revictimización y ofrecer respuestas inmediatas a las víctimas.
El desafío es claro: garantizar justicia para las víctimas sin replicar la violencia institucional, ya que cuando el daño ya está hecho, la reparación no puede ser solo una promesa vacía, debe transformarse en acción concreta.
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En el segundo encuentro, durante la charla “Técnica jurídica en la integración de carpetas de investigación por delitos de violencia digital”, Adilia de las Mercedes, jurista especializada en derechos humanos, señaló que el derecho penal debería ser la última instancia para garantizar justicia a las víctimas, dado que los procesos penales suelen ser costosos y revictimizantes. En países como España y Argentina, se han implementado mecanismos civiles y constitucionales que permiten una reparación del daño más ágil y efectiva.
Un ejemplo notable es un caso resuelto en España mediante la vía civil, que trató sobre la creación de desnudos falsos a través de inteligencia artificial, donde se logró una reparación adecuada y medidas reeducativas sin recurrir al derecho penal.
La argentina Florencia Zerda, abogada digital, destacó el uso de amparo y la acción de hábeas data en Argentina para eliminar contenido difundido sin consentimiento y prevenir la publicación de material dañino. Asimismo, la Ley Olimpia en Argentina ha sido un hito al integrar la educación digital como estrategia preventiva contra la violencia digital.
Sayuri Herrera, exfiscal de feminicidios en la Ciudad de México y actual directora general de Acceso a la Justicia en la Secretaría de las Mujeres, informó que en los últimos cinco años se han acreditado 350 feminicidios y logrado más de 600 vinculaciones a proceso. Señaló la importancia de fortalecer las unidades especializadas y capacitar a los ministerios públicos en temas de género y delitos digitales.
Sin embargo, reconoció que persisten desafíos en la recopilación de pruebas digitales y en la especialización judicial necesaria para lograr una justicia efectiva.
Las especialistas coincidieron en que, aunque el derecho penal es necesario en algunos casos de violencia digital, es crucial continuar desarrollando alternativas que prioricen la reparación del daño y la prevención de la violencia de género, para garantizar una respuesta efectiva y humana frente a estos delitos.