La Fiscalía de la Audiencia Nacional de España inició diligencias de investigación penal preprocesales contra el cantante Julio Iglesias, de 82 años, tras recibir denuncias por presuntos delitos de trata de seres humanos, agresiones sexuales, acoso y vejaciones.

Las denuncias fueron presentadas por dos exempleadas, respaldadas por la organización internacional Women’s Link Worldwide, quienes  relataron haber vivido un sistema de explotación, control y violencia en propiedades del artista en República Dominicana y las Bahamas, durante el año 2021.

La investigación busca determinar si los hechos denunciados son competencia de la justicia española, dado que habrían ocurrido fuera del territorio nacional y que Julio Iglesias es ciudadano español.

¿Quiénes denunciaron a Julio Iglesias y por qué lo acusan?

Las denunciantes son dos mujeres migrantes identificadas con los nombres ficticios para su protección de Rebeca (dominicana, 22 años al momento de los hechos) y Laura (venezolana de 28 años), quienes trabajaban como empleada doméstica y fisioterapeuta, respectivamente.

Sus testimonios fueron publicados originalmente por elDiario.es, en España y Univision Noticias, en Estados Unidos. Ambas describieronun entorno marcado por intimidación, dependencia económica y aislamiento, sin contratos laborales ni condiciones formales de trabajo.

Rebeca relató que la residencia de Punta Cana era conocida internamente como "la casita del terror", un lugar donde se sentía "como una esclava en pleno siglo XXI". Según la denuncia, las trabajadoras eran obligadas a someterse a revisiones ginecológicas, pruebas de embarazo y exámenes de enfermedades de transmisión sexual.

Además de los presuntos abusos sexuales—que según los testimonios incluyeron penetraciones no consentidas y tocamientos— , las denunciantes reportaron maltrato físico como bofetadas y zarandeos, así como jornadas laborales extenuantes de hasta 16 horas diarias sin descansos ni pago adecuado.

La organización Women’s Link Worldwide, una organización especializada en litigio estratégico con perspectiva de género, que representa a Rebeca y Laura, señaló en un comunicado que estas condiciones se dieron en un contexto de vulnerabilidad migrante, sin redes de apoyo ni posibilidades reales de abandonar el lugar.

Las abogadas de la organización argumentan que Julio Iglesias no actuó solo, sino que contó con la colaboración de dos encargadas de sus residencias, quienes presuntamente colaboraron en la capacitación, vigilancia y control de las trabajadoras, lo que podría configurar la actuación de “un grupo criminal”, según la legislación española.

Jovana Ríos Cisnero, directora de la organización, dijo que este caso debe analizarse dentro de las estructuras sistémicas de explotación, donde confluyen desigualdades de género, origen racial y estatus migrante.

Amnistía Internacional España también manifestó su apoyo, subrayando que la explotación de mujeres migrantes no es un "caso aislado", sino un patrón común en estructuras que restan valor a la vida y el trabajo de las mujeres.

¿Quién es Julio Iglesias y por qué importa el contexto de poder?

Julio Iglesias es uno de los artistas más exitosos de la historia de la música popular. Con más de 300 millones de discos vendidos, fue durante décadas una de las figuras culturales más reconocidas de España a nivel global.

De acuerdo con estimaciones de Forbes, su fortuna oscilaría entre 630 y 750 millones de euros, con un extenso patrimonio inmobiliario que incluye mansiones en el Caribe, una isla privada en las Bahamas y propiedades en Marbella. Precisamente en algunos de estos espacios se habrían cometido los hechos denunciados.

Durante años, su imagen pública estuvo asociada al arquetipo del seductor y al mito del “mujeriego”, una narrativa ampliamente reproducida por medios de comunicación y la industria del espectáculo.

Antecedentes de controversias legales

La investigación actual no es el primer episodio polémico en la trayectoria pública del cantante. Entre los antecedentes más conocidos se encuentran:

  • Demandas de paternidad, como el caso de Javier Sánchez Santos, cuya reclamación fue rechazada por el Tribunal Supremo en 2021 por una cuestión procesal, pese a una prueba genética favorable.
  • Conflictos familiares, incluido un prolongado distanciamiento con su hijo Enrique Iglesias.
  • Litigios financieros, como un juicio perdido en Portugal en 2019 por un concierto no realizado, que derivó en una demanda por impago.

Lo que sigue en el proceso judicial

La Fiscalía española deberá determinar si asume formalmente la investigación penal y si los hechos denunciados pueden ser juzgados bajo jurisdicción española. Mientras tanto, las denunciantes han solicitado medidas de protección, argumentando el poder económico y la influencia internacional del denunciado.

Para Rebeca y Laura, el objetivo de la denuncia es romper el silencio y visibilizar las condiciones que enfrentan muchas mujeres migrantes empleadas en contextos de aislamiento. “Queremos que otras mujeres sepan que pueden hablar”, señalaron a través de sus representantes legales.

El caso abre un debate más amplio sobre poder, consentimiento y explotación, especialmente cuando confluyen fama, dinero y desigualdades estructurales.