César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, mayas tseltales de Chiapas han sido condenados a dos años de prisión en Ocosingo luego de que defendieron sus tierras y se manifestaron en contra de la militarización de San Sebastián Bachajón.
Fue en octubre del 2020 que los defensores realizaron una manifestación pacífica luego de la construcción de un cuartel de la Guardia Nacional en su comunidad, sin embargo, en el transcurso de la protesta fueron privados de su libertad y torturados por elementos de la policía estatal. Asimismo, once personas más fueron agredidas en esta manifestación.
A tres años de este suceso de brutalidad policial, se ha anunciado que los dos mayas tseltales serán condenados a dos años de prisión por motín, pese a que desde 2020 se han entregado pruebas sólidas para desacreditar este presunto delito, de acuerdo con un boletín expedido por el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, mejor conocido como Frayba en la comunidad.
En esa misma línea, se condena que la Fiscalía no presentó a ningún perito ni legista experto que determinara una investigación sólida que imputara el cargo de motín en contra de César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández. Aún con ello, el Juez Agustín López Martínez de la región tres, Distrito Judicial de Ocosingo determinó la sentencia condenatoria en contra de los defensores.
“Lamentamos la decisión del Juez que criminaliza la defensa de la tierra y el territorio en detrimento de los derechos a la autonomía y la autodeterminación de los pueblos originarios. Hacemos un llamado al Gobierno del estado de Chiapas a detener la criminalización y judicialización de las personas defensoras de derechos humanos y de la vida”, condena el boletín informativo de Centro de Derechos Humanos.
Mientras tanto, no ha existido pronunciamiento por parte del estado de Chiapas para vigilar de cerca este proceso penal al que los defensores de la tierra están siendo sometidos en una violencia sistémica.
*Con información del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Chiapas.
Personas defensoras: agredidas, desaparecidas y condenadas… por el Estado
De acuerdo con el Centro Mexicano de Derecho Ambiental (CEMDA), sólo en 2022 se tiene registro de 582 agresiones y 25 homicidios de personas defensoras del medio ambiente. Estos datos se vuelven más alarmantes cuando se encuentra que, quienes ejercen estas violencias son primordialmente funcionarios públicos a nivel municipal, local o federal.
Junto con Chiapas, los estados de Guerrero, Oaxaca, Chihuahua y Puebla son consideradas las entidades más peligrosas para las y los defensores del medio ambiente de acuerdo con el CEMDA.
El 45% de los homicidios, desapariciones y agresiones son perpetrados por el gobierno local. De cerca, le siguen los cuerpos castrenses, quienes ocupan el segundo sector con el mayor número de agresiones.
Finalmente, el crimen organizado son los terceros actores principales en la desaparición y violencia en contra de las personas defensoras del territorio, representando apenas el 13% de las agresiones.
La Guardia Nacional se ha convertido en una de las instituciones con mayor número de denuncias ante la Comisión Nacional de Derechos humanos, pues sólo de principios del 2020 a mayo del 2022 registraron un total de 1,056 denuncias por tratos inhumanos y brutalidad, superando con creces a sus iguales, el Ejército Mexicano, de acuerdo con el Sistema Nacional de Alerta de Violación a los Derechos Humanos.
En una entrevista para la BBC, la directora de Litigio Estratégico de la asociación civil Mexico Unido contra la Delincuencia, Cristina Reyes, explica que existe una altísima tasa de impunidad cuando se trata de brutalidad policial y violación de los derechos humanos perpetrados por fuerzas castrenses y policiacas.
La inacción de las autoridades y la presunta colusión en este caso, expone los binomios en los que se actúa y oprime a las y los defensores de la tierra, pues de acuerdo con el informe anual del CEMDA, esta es la manera en que actúa el Estado para violentar:
- Fiscalías y Gobierno Estatal
- Guardia Nacional y Gobierno
- Gobierno y Crimen Organizado
- Gobierno y Empresas
- Gobierno Estatal y Gobierno Municipal
Hasta el momento, tras la brutalidad policial y tortura que vivieron César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, no hay elementos policiacos detenidos, una realidad que se refleja directamente a los números, pues el 99.05% de los casos de violencia policiaca quedan en total impunidad, de acuerdo con la investigación de la UNESCO “Policía mexicana: Brutalidad sin límite”.
En un desglose, se encuentra que del 2015 al 2020 hay 33 mil 750 investigaciones por homicidio, lesiones, tortura, desapariciones forzadas y abuso de autoridad , de este total, 373 se judicializaron y sólo se emitieron 172 sentencias condenatorias, es decir, que sólo el 0.5% de los policías agresores recibe una sentencia.
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No hay más pronunciamiento sobre el caso, y entre tanto, sólo queda recordar los nombres de estos mayas tseltales que son víctimas de una violencia sistémica tras haber defendido su tierra y resistido contra la militarización de sus espacios.
César Hernández Feliciano y José Luis Gutiérrez Hernández, presentes.