La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) celebró este 11 de noviembre una audiencia pública sobre derechos sexuales y reproductivos de personas con discapacidad la cual reveló la grave situación que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en América Latina. Expertas y activistas denunciaron las barreras y desafíos que impiden el acceso a la justicia, educación sexual y atención médica.
Las expertas de distintas organizaciones de la región destacaron la necesidad de reformas legales y normativas para reconocer la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y garantizar su autonomía reproductiva, acceso a la justicia y la atención médica.
Fernanda Castro, oficial de incidencia social del Grupo de Información en Reproducción Elegida (GIRE), señaló que en México, el consentimiento de las personas con discapacidad no es plenamente reconocido.
Al respecto, Fernanda Vanegas del Centro de Derechos Reproductivos pidió a la CIDH requerir a los Estados que adopten reformas legales y desarrollen guías prácticas para garantizar el ejercicio pleno de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad.
"Asegurarse que las personas con discapacidad tengan acceso al aborto como un procedimiento en salud, el cual deberá estar disponible a libre demanda desprovisto de posiciones ideológicas y política” (Fernanda Vanegas del Centro de Derechos Reproductivos. )
Esto es alarmante pues en el país hay más de 22 millones de mujeres que viven con alguna discapacidad, según la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares (ENDIREH) 2021 del INEGI. De ellas el 70% ha experimentado algún tipo de violencia.
Mónica Bayá, asesora legal de Equality Now, señaló que las mujeres y niñas con discapacidad enfrentan obstáculos para acceder a la justicia, incluyendo la falta de mecanismos para presentar denuncias y el desconocimiento del sistema judicial.
Un estudio de la Universidad de California encontró que el 70% de las mujeres con discapacidad en América Latina enfrentan obstáculos para denunciar la violencia y acceder a servicios de salud. Además, las mujeres con discapacidad son más propensas a ser sometidas a esterilizaciones forzadas y anticoncepción sin consentimiento.
Un informe de la ONU encontró que el 30% de las mujeres con discapacidad en América Latina han sido sometidas a esterilizaciones forzadas, mientras que un estudio de la Universidad de Oxford encontró que el 25% han sido obligadas a utilizar anticonceptivos sin su consentimiento.
Foto: CIDH
Derecho al deseo
Janie Mejias, manager de Women Enabled International, destacó que las personas con discapacidad tienen las mismas necesidades sexuales y reproductivas que las personas sin discapacidad, pero enfrentan estereotipos y discriminación.
Al respecto, María Camila Lozano Ruiz, activista colombiana, enfatizó que las personas con discapacidad tienen derecho a vivir su sexualidad y entender sus derechos. Sin embargo, la falta de políticas públicas sobre educación sexual inclusiva y la imposición de métodos anticonceptivos y esterilizaciones no consentidas siguen siendo problemas graves.
"Es fundamental entender que las personas con discapacidad no somos ángeles ni niñas, y tenemos derecho a vivir nuestra sexualidad, a conocer y entender nuestros derechos" (María Camila Lozano Ruiz, activista colombiana.)
Finalmente, la CIDH destacó que los derechos sexuales y reproductivos de las personas con discapacidad deben ser protegidos de manera integral, garantizando la integridad, autonomía y no discriminación, con la participación de todos los sectores y niveles estatales.
Además, resaltó la importancia de la información recibida en la audiencia para la elaboración de un informe sobre personas con discapacidad que se encuentra en preparación.
Foto: CIDH
