Este martes, la Cámara de Diputados decidirá si envía nuevamente a la Sección Instructora la solicitud de desafuero contra el diputado Cuauhtémoc Blanco Bravo, acusado de violencia sexual y agresiones contra mujeres.
La discusión ha provocado un intenso debate, especialmente entre las diputadas, quienes piden que se haga justicia para las víctimas. Anais Miriam Burgos Hernández, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género, criticó la decisión de la Sección Instructora de rechazar el desafuero y advirtió que las legisladoras expresarán su indignación durante la sesión.
“Esta resolución no refleja la postura del Congreso. En el Pleno debemos asegurar que haya justicia. Cualquier legislador acusado debe perder su fuero y enfrentar la justicia”, afirmó Burgos Hernández, quien pidió a las 251 diputadas votar a favor de retirar el fuero a Blanco Bravo.
Esta resolución provocó el descontento de diputadas de todas las bancadas. En la 66 Legislatura, las mujeres superan en número a los hombres, con 251 frente a 250.
Así que el resultado de la votación de este 25 de marzo dependerá de su postura. Burgos Hernández insistió en que "no se puede pedir licencia, hay que enfrentar el proceso", en referencia a la posible salida temporal del legislador.
¿De qué se le acusa a Cuauhtémoc Blanco Bravo?
Cuauhtémoc Blanco enfrenta una denuncia por tentativa de violación en Morelos, presentada en octubre de 2024 por Fabiola N., su media hermana. Además, en febrero, la Fiscalía estatal solicitó su desafuero para que sea investigado penalmente. A esto se suma un video filtrado de su esposa, Natalia Rezende, donde denuncia agresiones físicas y falta de apoyo de las autoridades.
El desafuero es un procedimiento legal que permite retirar la inmunidad a funcionarios públicos para que puedan ser investigados y procesados penalmente cuando existen indicios de que han cometido un delito.
Según el diputado José Elías Lixa, del Partido Acción Nacional (PAN), el proceso de votación se llevará a cabo de manera que cada diputada y diputado registrará su voto, ya sea a favor o en contra del dictamen emitido por la Sección Instructora, desde su escaño mediante el dispositivo correspondiente. Así, cada legislador será responsable de su voto, el cual será visible en las pantallas del salón de sesiones.
El jueves 20 de marzo, la Sección Instructora aprobó el rechazo de la solicitud de desafuero presentada por la Fiscalía de Morelos en febrero, como parte de la denuncia de la media hermana del diputado.
Según la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos, la Sección Instructora tiene un plazo de 60 días para emitir su dictamen, pero al día siguiente de recibir la solicitud, esta fue desechada por considerarse improcedente.
Presión de colectivos y legisladoras
Desde el viernes pasado, un grupo importante de diputadas de distintos partidos ha exigido "hacer la diferencia" y respaldar el desafuero. Ivonne Ortega Pacheco (MC) y Noemí Luna (PAN) pidieron a sus colegas analizar su voto con perspectiva de género, pues hay una mujer víctima y un presunto agresor.
Activistas como Yndira Sandoval, de Las Constituyentes MX, han señalado que Blanco Bravo "nunca debió ser gobernador ni diputado", recordando que la Ley 3 de 3 contra la violencia ya es constitucional desde 2023.
La coordinadora de los diputados de MC, Ivonne Ortega, advirtió que su bancada no permitirá carpetazo al caso y lamentó que la Sección Instructora haya ignorado la demanda de justicia de la presunta víctima.
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