Esta semana, después de una ola de acusaciones por acoso laboral y violencia de género, Jorge Islas López, excónsul General de México en Nueva York, finalmente declinó asumir la Coordinación General de Consulados. Un cargo al que había sido invitado por el canciller Juan Ramón de la Fuente.
Esto, después de las denuncias públicas que difundieron varias mujeres contra Islas, quienes fueron víctimas y testigos de sus violencias cuando estuvo al frente del Consulado General de México en la ciudad neoyorquina, desde mayo de 2019. Un caso que puso en manifiesto la impunidad que existe en la administración pública contra los violentadores.
Islas contestó a las acusaciones, pero no asumió su responsabilidad en estos señalamientos, se victimizó y acusó "una campaña de señalamientos infundados y mentiras maliciosas". En su carta de declinación, afirmó su compromiso y consciencia con la igualdad sustantiva gracias a que es padre de dos hijas feministas, como si eso legitimara su honorabilidad al retirarse del cargo.
Desde el 2020 la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) tenía abierto un expediente sobre el patrón de conducta del funcionario por las denuncias por violencia laboral en su contra, como documentamos en La Silla Rota. ¿La sanción? Una recomendación que se limitó a que Islas tomara cursos de “sensibilización en materia de derechos humanos y género”.
Como escribía esta semana la internacionalista Claudia Quiróz, en un sistema que centraliza la autoridad, es común que las víctimas de acoso en la administración pública —y en general en cualquier espacio laboral— elijan el camino del silencio por temor a las represalias, frente a un Estado que protege a los agresores.
El caso de Jorge Islas es solo uno más de los cientos de abusos que se cometen a diario en la administración pública. Hace unos meses publicamos una investigación que reveló que existían casi cuatro mil denuncias por acoso y hostigamiento sexual contra funcionarios en el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, de las cuales apenas el 10% terminaron en una sentencia.
La abogada laborista Edith Ramírez, de la Asociación Nacional De Abogados Democráticos (Anad), en entrevista para La Cadera de Eva, ahondaba en que incluso los casos de abuso y acoso sexual en la administración pública podrían ser más, pues muchas veces las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia no denuncian por las repercusiones que pueden tener en sus trabajos. Este medio de represalias es uno de los aspectos más relevantes en el caso de Jorge Islas.
En los testimonios a los que tuvo acceso este medio, las mujeres afectadas por el acoso de Islas, quienes enfrentaron aislamiento y amenazas de pérdida de trabajo, expresaron el temor ante posibles represalias debido a la impunidad diplomática, en una cancillería que presume la adopción de una innovadora y pionera Política Exterior Feminista (PEF).
Esta impunidad se mantiene en todos los niveles y poderes del Estado. La Cadera de Eva también documentó este año que en el Ejército, la Fiscalía de Justicia Militar tiene el registro de 363 denuncias formales por acoso, abuso y hostigamiento sexual desde el año 2012 hasta abril de este año pero apenas el 4% han terminado en sentencia.
Por eso es que consideremos que la reciente renuncia de Jorge Islas López subraya la necesidad urgente de protocolos que protejan a las víctimas y aseguren un entorno libre de violencia en la administración pública y fuera de ella.
El Estado no solo ha fallado en sancionar a quienes cometen estos delitos, sino que, en muchos casos, ha propiciado un ambiente de impunidad. La falta de protocolos claros y efectivos para manejar denuncias, junto con una cultura de silencio, permite que los agresores continúen en sus posiciones de poder, amenazando la seguridad de las mujeres en el ámbito público.
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