Desde el inicio del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, en diciembre de 2018, hasta marzo de 2024, se han presentado 3 mil 943 denuncias por acoso sexual y hostigamiento sexual contra funcionarios públicos en más de 100 dependencias, de acuerdo con los datos de la Secretaría de la Función Pública (SFP), a los que accedió La Cadera de Eva, vía transparencia.
Del total de estas denuncias, mil 640, es decir, el 42% continúan en investigación por parte de la Función Pública. El resto ya fueron concluidas, aunque no se detalló en qué sanción terminaron.
Son 10 dependencias y entidades del gobierno federal las que concentran el 64% de las denuncias. En primer lugar se encuentra la Autoridad Educativa Federal en la Ciudad de México con 781 denuncias; después la Secretaría de Educación Pública (SEP) con 557 denuncias y en tercer lugar está el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con 487, según la información de la SFP.
Los casos de abuso y acoso sexual en la administración pública podrían ser más, pues muchas veces las mujeres que son víctimas de este tipo de violencia no denuncian por las repercusiones que pueden tener en sus trabajos, dice en entrevista la abogada laborista Edith Ramírez, de la Asociación Nacional De Abogados Democráticos (Anad), quien acompaña casos de violencia laboral con perspectiva de género.
La Coordinación General de Gobierno de Órganos de Control y Vigilancia de la Función Pública también detalla que desde 2018 y hasta 2024, se han aplicado al menos 256 sanciones de las más de 2 mil expedientes que siguieron contra los servidores públicos en los Órganos Internos de Control (OIC) de las dependencias públicas. Es decir, que los casos de abuso y acoso sexual que se investigaron en los Órganos de Control, apenas el 10% terminaron en alguna sentencia contra los funcionarios agresores.
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) documentó en un informe en 2019 que las sanciones más comunes para los funcionarios que cometen acoso o abuso sexual son la suspensión temporal del empleo sin goce de sueldo, destitución, inhabilitación, disculpa hacia la víctima y amonestación privada o pública, de acuerdo con el Diagnóstico de Hostigamiento sexual y Acoso sexual en la Administración Pública Federal.
El Banco de México, por ejemplo, acumula al menos una docena de denuncias, entre las cuales se detallan algunas en 2013 contra que van desde presuntos acercamientos y contacto físicos no deseados contra las víctimas, hasta presuntas grabaciones de mujeres sin su consentimiento por parte de un Analista de Contribuciones Patronales “durante una reunión de esparcimiento que se llevó a cabo fuera de las instalaciones” del Banco.
De las 12 denuncias, solo una está en trámite, en los demás casos no se aplicó ninguna sanción.
Víctimas padecen también acoso laboral
En los casos de abuso y hostigamiento sexual tanto en la administración pública como en los espacios de trabajo es común que las personas agresoras tengan una jerarquía superior a las de sus víctimas, pues se replican dinámicas de abuso de poder “desde el análisis de la construcción social, vemos que hay un poder implícito”, dice Edith Ramírez.
“Finalmente hay un poder intermedio entre quien recibe y quién genera la la violencia y en este sentido, enfocándonos no solamente a la prevención, no hay medidas para prevenir estos casos, por eso se siguen dando las conductas dentro de la administración y una vez que una mujer intenta hacer la denuncia, hay dudas contra ella, al interior del gobierno sucede, lo mismo que a lo que nos hemos enfrentado por décadas las mujeres intentamos levantar la voz”, lamenta la abogada.
Protocolo es ineficiente para atender casos de acoso sexual
En 2016 el gobierno federal creó el Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento y acoso sexual para que las dependencias tuvieran una herramienta para atacar la violencia de género dentro de la administración pública. En 2020, con el gobierno de López Obrador, se actualizó el protocolo para brindar acompañamiento a las víctimas que se asignaran consejeras mujeres para asesorar estos casos.
De acuerdo con los lineamientos del protocolo de la administración pública, las víctimas deben ser acompañadas por una persona consejera especializada en este tipo de casos, después el Comité de Ética o el Órgano Interno de Control tienen la tarea de brindar las medidas de protección inmediatas y aplicar las sanciones conforme lo establece la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
En el último informe del "Protocolo para la prevención, atención y sanción del hostigamiento sexual y el acoso sexual", que publicó la Función Pública en 2022, se documentó que hasta ese año se había documentado un total de 505 casos de abuso sexual y hostigamiento sexual en la administración pública, de las cuales 326 habían sido atendidas y habían acabado en “acciones de capacitación para toda la institución o bien, sólo para la persona denunciada y en acciones de sensibilización y difusión específicas para toda la institución, así como en propuestas sobre acciones para corregir o mejorar el clima organizacional”.
De las 505 denuncias presentadas, se señala en ese informe, el 62% ocurrieron en los espacios de organismos públicos (de naturaleza administrativa o de servicios públicos), así como organismos que brindan servicios de naturaleza educativa (escuelas, universidades, etc.); mientras que el 17% (88 casos) ocurrieron en centros de trabajo en los que se brinda asistencia o servicios para la familia, centros de trabajo de naturaleza laboral y político electoral, y centros de trabajo donde se brinda asistencia o servicios de comunicación social o análogos. Mientras que casos ocurrieron en el sector salud y de seguridad social y 58 casos no especificaron el ámbito de ocurrencia.
En el mismo informe de 2022, se señala que de las denuncias recibidas por los Comités de Éticas, en 110 casos las personas denunciantes indicaron que sufrieron "contacto físico sugestivo o de naturaleza sexual de las cuales 95 fueron mujeres, 9 hombres y en 6 casos no se especificó el sexo. Sobre las personas denunciadas por estas conductas en 102 casos fueron hombres".
Por otra parte, "89 personas denunciantes expresaron que se les manifestó abiertamente o de manera indirecta el interés sexual de las cuales 77 fueron mujeres, 5 hombres y 7 casos en los que no se especificó el sexo. Se destaca que 75 de las personas denunciadas fueron hombres".
Según explica la abogada Ramírez, dentro de la administración pública “hay muy pocas mujeres que quienes están identificando esta forma de violencia y cuando la identifican, hay una desorientación increíble hacia dónde acudir o hacia dónde hacer la denuncia porque efectivamente, muchas de las mujeres que reciben violencia son madres solteras que tienen responsabilidades con sus hijos o con sus padres o con otro familiar y existe un temor de perder su fuente de ingresos, de que se han removidas o despedidas”.
Esta situación es grave porque, de acuerdo con la especialista, la violencia laboral y sexual impacta negativamente en la vida de las mujeres, “disminuye su autoestima y su seguridad no solo en lo laboral, sino en el ambiente familiar también. Hay estudios que afirman que una trabajadora que está permanentemente en un ambiente así, se traslada hacia la familia y genera algunas rupturas, impacta desde lo emocional hasta lo físico”, lamenta.