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Salir a buscar trabajo no debería quitarnos la vida. El caso de Edith Guadalupe, Valdés Zaldivar, una jovén de 21 años de edad víctima de feminicidio no solo ha despertado indignación, también ha desatado acusaciones de negligencia sistémica en protocolos de búsqueda en casos de desaparición, revictimización y corrupción, así como señalamientos de encubrir o no investigar una posible red de trata de personas.
De acuerdo con el Atlas de Feminicidios de la Ciudad de México, la capital del país registró un incremento en las cifras de feminicidio durante el primer trimestre del año en comparación con 2025, pasando de 8 a 11 casos. En este alarmante escenario ocurre el feminicidio de Edith Guadalupe.
A pesar de la promesa de la titular de la Fiscalía General de Justicia (FGJCDMX), Bertha Alcalde Luján, quien al inicio del año se comprometió a combatir este delito con perspectiva de género, la actuación de la dependencia en este caso estuvo marcada por negligencia y corrupción. Te contamos lo que debes saber del caso.
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¿Qué ocurrió en el caso de Edith Guadalupe?
Edith fue vista por última vez con vida el 15 de abril tras salir de su domicilio en la alcaldía Iztapalapa para acudir a una supuesta entrevista de trabajo en la alcaldía Benito Juárez. A pesar de que su familia reportó su desaparición de inmediato en las instalaciones de la Comisión de Búsqueda de Personas de la Ciudad de México y advirtió del lugar exacto al que había llegado la joven, su cuerpo fue localizado sin vida hasta la madrugada del 17 de abril en el sótano del edificio localizado en Avenida Revolución 829.
El hallazgo reveló que Edith fue ocultada bajo un montículo de arena dentro de una bolsa negra y presentaba lesiones por golpes, sin embargo, desde el día de su desaparición, familiares de la joven acudieron al inmueble tras perder contacto con ella. Allí, la persona que se encargaba de la administración del edificio, afirmó que Edith nunca había entrado al lugar, resaltando las contradicciones del caso y de la participación de la FGJCDMX.
A través de su titular Bertha Alcalde Luján, la FGJCDMX informó que el caso de Edith Guadalupe se investiga bajo el protocolo de feminicidio, sin embargo, las acusaciones de impunidad y negligencia se mantienen al centro del caso.
“Fiscalía no hizo nada”
Desde el 15 de abril, la familia utilizó sus propios recursos para reconstruir el trayecto que Edith realizó desde que salió de su casa en Iztapalapa.
Contrataron a un investigador privado y solicitaron el apoyo de vecinos para recolectar grabaciones de videovigilancia privada. Así, con cámaras particulares y del sistema C5, confirmaron que Edith ingresó al edificio de Avenida Revolución 829, pero las grabaciones mostraron que nunca salió del lugar.
La familia acudió a las instalaciones de la FGJCDMX para entregar las pruebas que ellos mismos habían recabado, incluída la ubicación exacta y videos obtenidos para solicitar la inspección del edificio. Tras la negativa de la fiscalía, bajo el argumento de que debían esperar 72 horas, la familia realizó un bloqueo en Avenida Revolución la tarde del 16 de abril para presionar a las autoridades y exigir la intervención inmediata en el inmueble.
En una entrevista con el medio, N+, Magdalena, tía de Edith, señaló que familia, amigos y vecinos trabajaron en conjunto para llegar al paradero de Edith. “Fue gracias a nosotros. Nosotros hicimos todo, la Fiscalía no hizo nada”.
Posteriormente, la Fiscalía detuvo a Juan Jesús “N”, quien trabajaba como vigilante del edificio, como presunto responsable del crimen.
El Estado como primera omisión
Durante una conferencia de prensa del 20 de abril, la titular de la FGJCDMX, Bertha Alcalde Luján, señaló que, a pesar de que la madre de Edith proporcionó la ubicación precisa del último lugar al que acudió su hija, la fiscalía no intervino de manera inmediata. “En lugar de acudir de inmediato al domicilio señalado por la madre, se realizan otros actos de investigación (...) Hubo una dilatación de 15 horas que no se justifica y será sancionada”, señaló
Este no fue el único acto de omisión que ha señalado la familia de Edith; los familiares denunciaron que un funcionario de la fiscalía les solicitó dinero “por debajo del agua” para agilizar el trámite. Además, como en diferentes casos de feminicidio, la fiscalía no solo dilató la atención del caso, sino que alegó que la familia debía esperar 72 horas para hacer la denuncia, pues podría tratarse de una supuesta “decisión personal”. Es decir, revictimizó a Edith Guadalupe violando la obligación de iniciar inmediatamente la búsqueda.
La viralización del caso también despertó preguntas en redes sociales; usuarios cuestionaron la velocidad en la que se había detenido a un supuesto culpable y sospechas sobre el encubrimiento de una red de trata de personas pues, según señalan, el caso podría vincularse con un esquema de engaños laborales para atraer a mujeres al inmueble.
A través de un comunicado emitido el día anterior, el 19 de abril, la fiscalía negó que el video que circula en redes sociales coincidiera con los hechos relacionados con el caso de Edith Guadalupe y aseguró que no se trata de un caso de fabricación de culpables.
“La Fiscalía CDMX continúa con una investigación exhaustiva para contar con una visión completa de lo ocurrido y determinar si el imputado actuó solo o con la participación de otras personas, así como identificar posibles hechos delictivos adicionales vinculados a otras mujeres o al inmueble”.
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La respuesta insuficiente
La FGJCDMX comunicó que, además de la detención de Juan Jesús “N” como posible autor material del feminicidio, se ha separado a tres funcionarios de sus cargos, entre ellos a un Agente del Ministerio Público y a dos Policías de Investigación, señalados por corrupción y por no realizar la revisión del inmueble cuando contaban con la información.
Esta respuesta, aunque necesaria, es insuficiente. De acuerdo con la organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, solo el 23.32% de los casos de feminicidio termina en una sentencia condenatoria. El resto queda atorado en investigaciones que nunca terminan en justicia.
Los datos del MCCI son claros: de más de 7 mil 200 feminicidios registrados en el estudio, solo 5 mil 700 cuentan con carpetas de investigación o averiguaciones previas. El panorama es aún más desolador con la cifra de personas detenidas, que asciende a poco más de 2 mil 600 personas; de ellos, solo 1 mil 690 alcanzan una condena irrevocable y 262 sentencias absolutorias. El caso de Edith y la lucha de su familia refleja, precisamente, la disfuncionalidad, indolencia y corrupción de las instituciones de procuración de justicia en México.
¿Qué piensas? Te leemos en los comentarios.
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