Por: 
La Fundación Carmen Sánchez Mx, la primera organización en México dedicada a la promoción, defensa y protección de los derechos humanos de mujeres víctimas de violencia ácida y química, presentó este 10 de noviembre una iniciativa ciudadana de ley clave en el Estado de México que busca reconocer y sancionar de manera específica la violencia química.
Este esfuerzo legislativo, impulsado desde 2018 por las propias víctimas, ha logrado avances en entidades como Ciudad de México y Puebla. Aunque el Estado de México fue uno de los primeros estados en reformar su Código Penal en 2020 para tipificar los ataques con ácido, la modificación solo los consideró como una agravante del delito de lesiones.
Para Carmen Sánchez, activista feminista, defensora de derechos humanos y presidenta de la Fundación que lleva su nombre, esa reforma se quedó corta. En entrevista con La Cadera de Eva, explica que en aquel momento no hubo voluntad política para dimensionar la magnitud de esta violencia. Al tratarse únicamente de lesiones agravadas, explica, se pierde de vista el riesgo que existe para la vida, el riesgo del ataque y las secuelas físicas, emocionales y económicas que acompañan a las sobrevivientes durante años.
De acuerdo con cifras de la Fundación, las mujeres representan al 86% de las víctimas documentadas en México, afectando desproporcionadamente a mujeres, niñas y adolescentes.
¿Qué propone la nueva iniciativa?
La iniciativa propone la creación de un tipo penal autónomo de violencia química. El concepto jurídico de “violencia química” es más amplio e inclusivo que el de “violencia ácida” debido a que busca asegurar que cualquier agresión cometida con sustancias corrosivas o agentes peligrosos sea reconocida con la gravedad que amerita (como tentativa de feminicidio o delito autónomo), y que se proteja de manera integral la vida y la dignidad de las sobrevivientes.
Este nuevo concepto permite:
- Ampliar los bienes jurídicos protegidos, tales como la vida, la dignidad y el derecho a tener una vida libre de violencia.
- Reformar el delito de feminicidio y penalizar la hipótesis de tentativa de feminicidio y homicidio calificado.
- Ampliar los medios comisivos del delito para evitar lagunas jurídicas, incluyendo ácido, sustancias químicas, líquidos a altas temperaturas, gases y agentes físicos.
Para combatir la impunidad en estos casos, la propuesta plantea que el delito se investigue automáticamente cuando exista violencia por razones de género, sin que la víctima tenga que denunciar o cargar sola con todo el proceso. La iniciativa también aumenta las multas y sanciones y excluye cualquier tipo de beneficio judicial para las personas imputadas.
Carmen Sánchez enfatiza que ha costado mucho trabajo que el sistema de justicia comprenda la gravedad del problema, pues "se sigue considerando todavía como lesiones, como dentro de la violencia familiar y no de la manera en la que, verdad, se tiene que investigar". La activista recordó que su propia lucha comenzó después de haber vivido "una tentativa de feminicidio tan extrema como lo es un ataque con ácido".
¿Qué contempla la ley sobre la reparación del daño a las sobrevivientes?
Uno de los pilares de la propuesta es garantizar una respuesta integral que vaya más allá del ámbito punitivo. Carmen Sánchez enfatiza que la reparación del daño es un concepto que la gente suele reducir a una compensación económica, pero que es mucho más amplio:
“Es lo que buscamos y proponemos es que verdaderamente sea una reparación del daño de manera integral y que puedan acceder todas estas mujeres que lleguen a ser agredidas de esta manera a la salud de manera digna, gratuita, continua e ininterrumpida” (Carmen Sánchez, activista)
Además, la iniciativa propone:
- La creación de una ruta integral de atención a las sobrevivientes.
- Registros públicos.
- Protocolos de actuación médica estandarizados.
- Protocolos de investigación policial, ministerial, pericial y judicial a nivel local.
- Atención de salud psicológica continua, pues es algo que el Estado no garantiza y que las víctimas no pueden costear por su cuenta.
“Hablar de la reparación del daño, la gente se imagina que solo es una compensación económica. Sin embargo, no es así. Es lo que buscamos y proponemos es que verdaderamente sea una reparación del daño de manera integral” (Carmen Sánchez, activista)
¿Cuál es el llamado a las y los legisladores del Edomex?
La propuesta fue entregada a las y los legisladores por las sobrevivientes. La Fundación Carmen Sánchez Mx subrayó que el reconocimiento legal es solo el primer paso para prevenir y atender esta "forma extrema de violencia".
Carmen Sánchez invitó a la ciudadanía a estar atenta y a presionar a favor de los derechos de las mujeres:
“Es una propuesta de reforma, nosotras la vamos a entregar a ellos y estamos en vamos a estar en espera de que todas y todos puedan sumarse, robustecer y que verdaderamente se trabaje a favor de los derechos humanos de las mujeres” (Carmen Sánchez, activista)
¿Cuál es el panorama actual sobre violencia química?
La lucha por un marco legal en materia de violencia química ha sido impulsada por las propias sobrevivientes desde 2018, logrando avances legislativos en diversas entidades federativas. Sin embargo, a nivel federal, la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia no reconoce explícitamente la "violencia ácida" o "química" en su formulación original.
En contraste, varios estados han avanzado en la tipificación local, siguiendo la pauta de la llamada Ley Malena, que reconoce y tipifica la violencia ácida como un delito específico de tentativa de feminicidio y lleva el nombre de la activista María Elena Ríos, sobreviviente de un intento de feminicidio con ácido en 2019. La Ciudad de México incorporó esta legislación a su ley local, estableciendo que los ataques con ácido y otras sustancias químicas se castiguen como tentativa de feminicidio.
Otros estados que han reformado sus códigos locales para reconocer y sancionar la violencia ácida son: Baja California, Colima, Guerrero, Quintana Roo, Veracruz, Campeche y Nayarit. Además, San Luis Potosí aprobó reformas en 2025 e Hidalgo y Aguascalientes en 2024.
