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América Latina enfrenta una crisis de violencia de género estructural. Aunque se han creado marcos normativos importantes, la implementación efectiva sigue siendo limitada.
El Cuarto Informe Hemisférico sobre la Implementación de la Convención de Belém do Pará muestra que, en 2021, los Estados de la región destinaron un promedio de apenas 2.2 dólares por mujer al año a los mecanismos nacionales para el avance de las mujeres (MAM). En casi la mitad de los países, esta inversión fue inferior a un dólar, llegando incluso a “meros centavos” en Ecuador, Uruguay y Brasil.
El informe, que evaluó 12 países de la región (Argentina, Brasil, Chile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, México, Paraguay, Perú y Uruguay) durante 2018-2022, se centra en el acceso a la justicia, la verdad y la reparación.
En entrevista para La Cadera de Eva, Adriana Benjumea Rúa, abogada feminista y experta del Mecanismo de Seguimiento de la Convención de Belém do Pará (MESECVI) por Colombia, enfatiza que, aunque se han adoptado leyes, los resultados en la práctica siguen siendo muy limitados.
¿Cuál es la situación de la violencia de género en América Latina?
Aunque la región ha logrado la adopción de más de 205 normas que tipifican la violencia contra las mujeres desde 1984, y actualmente 18 países de América Latina cuentan con legislación que tipifica el femicidio/feminicidio, persisten riesgos.
La violencia sexual contra niñas y adolescentes sigue en niveles alarmantes: en Colombia se registraron 145 mil 268 casos entre 2019 y 2021; en Chile, 152 mil 290 casos entre 2018 y 2021; y en Perú, 95 mil 418 casos en el mismo período.
Los matrimonios infantiles también persisten: México reportó 17 mil 182 matrimonios de menores en 2021, mientras Paraguay registró un promedio de más de mil 500 casos anuales. Estas prácticas son especialmente graves en comunidades indígenas y rurales.
Además, la violencia contra mujeres con discapacidad afectó a casi 2 millones de víctimas entre 2018 y 2022, pero solo 75 mil recibieron servicios de apoyo. La impunidad sigue siendo la norma: menos del 20% de los casos judicializados llega a sentencia, y muchas denuncias permanecen estancadas en fiscalías.
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Al respecto, Adriana Benjumea Rúa señala que, aunque existen servicios destinados a proteger a mujeres víctimas de violencia, su alcance, disponibilidad y calidad continúan siendo insuficientes. La falta de cobertura integral y equitativa limita la protección real y efectiva, dejando a muchas mujeres en situación de vulnerabilidad frente a la violencia.
La limitada capacidad de los refugios y casas de acogida es ejemplo de ello. Estos espacios se concentran mayormente en capitales y centros urbanos, dejando vacíos enormes en el resto del país. México, con 54 refugios, benefició a 48 mil 220 mujeres entre 2018 y 2021, aunque algunos centros no pudieron atender a ninguna solicitud.
En el ámbito legal, la brecha también es alarmante. En Argentina, apenas el 0.22% de las denuncias de violencia de género logró acceder a asesoría jurídica gratuita. En México, aunque se atendió al 6.1% de las mujeres que denunciaron, esto representa solo el 0.01% de la población femenina total.
Los estereotipos de género en el sistema judicial siguen afectando la credibilidad de las víctimas y generando revictimización en todos los niveles, desde la primera interacción con las autoridades hasta la sentencia final. Esto contribuye a que muchas mujeres abandonen los procesos judiciales y a que los casos queden sin resolución.
¿Por qué no se logra la justicia para las mujeres?
De acuerdo con el informe de la MESECVI, uno de los principales problemas es la brecha entre indicadores de proceso y resultado: los gobiernos suelen reportar la apertura de líneas telefónicas de orientación o la creación de programas, pero rara vez informan cuántas personas fueron realmente atendidas, cuál fue el impacto real o si hubo cambios estructurales que garanticen resultados sostenibles.
La falta de información desagregada constituye otro desafío importante. Los Estados rara vez proporcionan datos sobre la atención a mujeres con discapacidad, indígenas o lesbianas, lo que dificulta la formulación de políticas públicas efectivas.
Adriana Benjumea Rúa menciona que, en muchos casos, la información sobre mujeres afrodescendientes e indígenas es prácticamente inexistente. Además, la calidad de la información es inconsistente: mientras Colombia reporta cifras muy altas de violencia sexual, Paraguay presenta números mínimos y fue uno de los países que menos respondió, lo que sugiere que la ausencia de registros es más un problema de reporte que una realidad de menor violencia.
Para intentar superar estas diferencias, el MESECVI ha desarrollado un sistema estandarizado de más de 300 indicadores, de los cuales seleccionó 137 para esta ronda de evaluación.
Foto: Cuartoscuro
Estrategias para una protección integral
Frente a la evolución de las violencias contra las mujeres, el MESECVI propone estrategias integrales para garantizar justicia y protección efectiva. Entre las principales acciones se destacan la creación de leyes modelo, como la de Femicidio y la próxima sobre Violencia Digital, para fortalecer la legislación regional.
Se enfatiza el fortalecimiento de la recolección de datos completos y desagregados, incluyendo información sobre mujeres indígenas, afrodescendientes, migrantes y con discapacidad.
Los gobiernos deben asegurar presupuestos suficientes y progresivos para programas de prevención y atención, junto con un enfoque interseccional e intercultural que contemple la diversidad de las mujeres. Es clave la capacitación permanente de operadores de justicia, y garantizar servicios integrales y accesibles —jurídicos, médicos, psicológicos, refugios y líneas telefónicas— adaptados a distintas necesidades.
También se promueve el establecimiento de reparaciones integrales y transformadoras, que reconozcan las estructuras de opresión y ofrezcan apoyo jurídico, médico, psicológico y social. La participación de la sociedad civil en la elaboración y evaluación de políticas es fundamental, al igual que el reconocimiento del derecho a la verdad de las mujeres, asegurando que los procesos judiciales esclarezcan los hechos y la identidad de todos los responsables.
