La muerte de Miguel "N", el presunto feminicida serial de Iztacalco, no trajo consuelo a las familias de sus víctimas. Por el contrario, dejó más preguntas que respuestas. El domingo 13 de abril, las autoridades informaron que el hombre acusado de asesinar a varias mujeres había fallecido en un hospital tras sufrir un paro respiratorio derivado de una caída en el Reclusorio Oriente. Pero para los familiares de Wendoline, Frida, Amairany y Viviana —algunas de las jóvenes cuyas vidas cortó—, el cierre de este capítulo no significa justicia.
A través de un comunicado difundido en redes sociales, las familias exigieron que las investigaciones no se detengan. Quieren saber qué pasó realmente con sus hijas, si hay más víctimas sin identificar y, sobre todo, cómo fue posible que Miguel "N" operara con impunidad durante más de diez años. "No vamos a permitir que su muerte borre la verdad", advirtieron.
El mismo día de su fallecimiento, las familias recibieron una llamada de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) confirmando la noticia. La fiscal Bertha Alcalde les prometió que las indagatorias continuarían, pero las dudas persisten. ¿Cómo murió realmente? ¿Por qué tuvo acceso a teléfonos en prisión para llamar a los familiares de sus víctimas y "confesar" los crímenes?
Erendali Trujillo, abogada de María José, una adolescente de 17 años asesinada por Cortés, no duda en señalar a las autoridades: "Él no tenía manera de conseguir esos números. Alguien se los dio, y eso solo pudo ocurrir desde dentro de la Fiscalía o el sistema penitenciario", dijo en una entrevista.
Familias del feminicida de Iztacalco piden esclarecer filtración de información
Las víctimas identificadas hasta ahora incluyen a Wendoline Belén Ibarra Espino, Frida Sofía Lima Rivera, Amairany Roblero González y Viviana Elizabeth Garrido Ibarra. Las familias también han denunciado posibles filtraciones de datos personales durante el proceso judicial, acusando que Miguel “N” pudo haber tenido acceso a información confidencial sobre las víctimas a través de la Fiscalía o la unidad de gestión del caso, lo cual ha aumentado la desconfianza en las autoridades.
En entrevista con La Cadera de Eva, María de la Luz Estrada, coordinadora del Observatorio Nacional Ciudadano de Feminicidio (OCNF), lamentó que la muerte de Miguel Cortés se haya producido antes de que concluyeran los procesos judiciales. “Cuando un feminicida muere antes de ser juzgado, se interrumpe el acceso a la justicia para las víctimas y sus familias”, señaló.
Estrada recordó otros casos similares, como el de Renata Martinely, asesinada por su padrastro, y el de la cantante Yrma Lidia, cuyo presunto feminicida falleció en prisión en 2022 sin haber sido sentenciado. Explicó que, en estos casos, la muerte del agresor genera un fuerte sentimiento de impunidad, ya que los procesos penales quedan inconclusos y no se logra la reparación integral ni el castigo para los responsables.
La activista también cuestionó que la detención de Miguel “N” se haya dado casi en flagrancia, lo que evidenciaría la falta de investigaciones previas. “Esto permitió que operara con impunidad durante más de una década”, afirmó. Estrada enfatizó que, aunque el presunto responsable haya muerto, el Estado sigue obligado a investigar, sancionar y reparar los crímenes cometidos.
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Entre las exigencias están la entrega de los peritajes forenses, la devolución de las pertenencias de sus hijas encontradas en la casa del feminicida y, sobre todo, castigo para los funcionarios que omitieron actuar a tiempo. "No queremos que esto quede en el olvido", insisten.
Las familias presentaron una lista de nueve exigencias concretas a las autoridades:
- Claridad y transparencia sobre la mecánica de los hechos que derivaron en la muerte de Miguel “N”.
- Entrega del Peritaje Multidisciplinario de Identificación para una entrega digna de los restos de las víctimas.
- Reconocimiento por parte de las familias de las pertenencias encontradas en el domicilio de Miguel “N” y posterior entrega de las mismas.
- Reconocimiento y atención a las víctimas indirectas en todos los casos.
- Acceso pleno a la información y copias de las carpetas de investigación.
- Entrega del Análisis de Contexto para la búsqueda de los restos faltantes de las víctimas identificadas.
- Procesamiento de los indicios digitales localizados durante las investigaciones.
- Realización de declaraciones testimoniales para fortalecer las líneas de investigación.
- Sanción a servidores públicos que incurrieron en omisiones, irregularidades o violaciones a derechos humanos durante las búsquedas e investigaciones.
Las familias también expresaron su preocupación por la posibilidad de que la muerte de Miguel “N” cierre el proceso penal sin que se obtenga justicia ni reparación para las víctimas y sus seres queridos.
