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Berta Cáceres sabía que estaba en riesgo. Había denunciado amenazas, persecución y vigilancia por oponerse a la construcción de la represa Agua Zarca sobre el río Gualcarque, un territorio sagrado para el pueblo lenca. Aun así, el Estado no la protegió. Hoy, una investigación independiente confirma que su asesinato no fue un hecho aislado, sino una operación criminal planificada y financiada con recursos destinados al desarrollo.
El informe final del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) presentado este 12 de enero concluye que el 67% de los más de 18.5 millones de dólares aportados por bancos internacionales para el proyecto hidroeléctrico fue desviado para financiar vigilancia ilegal, operaciones de inteligencia y el asesinato de la activista hondureña, ocurrido en marzo de 2016.
Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016 en su casa, en La Esperanza, Honduras. Un grupo de sicarios irrumpió de forma violenta en la vivienda tras forzar la puerta trasera entre las 23:27 y las 23:39 horas. Los atacantes le dispararon directamente, causándole la muerte, mientras que otro agresor hirió al activista mexicano Gustavo Castro, quien logró sobrevivir al fingir que estaba muerto tras recibir un impacto de bala.
A 10 años de su asesinato, el documento expone cómo intereses empresariales, financiamiento internacional y omisiones del Estado hondureño convergieron para silenciar a una lideresa indígena cuya defensa del territorio se convirtió en un obstáculo para la rentabilidad del proyecto.
¿Quién era Berta Cáceres y por qué su lucha incomodaba tanto?
Berta Cáceres fue una lideresa indígena lenca, feminista y defensora del medio ambiente en Honduras. En 1993 cofundó el Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) para defender el territorio, la espiritualidad y los derechos de los pueblos indígenas frente a la explotación de sus recursos.
Su lucha se centró en la defensa del río Gualcarque, considerado sagrado por el pueblo lenca, ante la imposición de la represa Agua Zarca, un proyecto impulsado sin consulta previa, libre e informada. Esta resistencia la convirtió, según el GIEI, en un “obstáculo estratégico” para la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA).
En 2015, Berta recibió el Premio Medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento internacional para personas defensoras del medio ambiente. Un año después, fue asesinada.
El informe concluye que su muerte fue previsible y prevenible: el Estado hondureño contaba con interceptaciones telefónicas en tiempo real en las que se discutían pagos y planes para asesinarla, pero decidió no actuar.
Hubo al menos cinco incursiones previas de los sicarios a La Esperanza antes del crimen. Pese a ello, no se activaron mecanismos de protección ni prevención, lo que el informe califica como una violación grave a las obligaciones del Estado.
¿Cómo planearon el asesinato de Berta?
La investigación financiera del GIEI identificó una verdadera “arquitectura del engaño”. Más de 12.4 millones de dólares, equivalentes al 67% de los préstamos ejecutados por el Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) y el Banco Neerlandés de Desarrollo (FMO), fueron desviados hacia operaciones de inteligencia ilegal y pagos a estructuras criminales.
Roxanna Altholz, una de las investigadoras principales, señaló que estos recursos “terminaron financiando la violencia y desgarrando el tejido social”. El rastro del dinero es claro: 48 horas después del asesinato, se retiraron 500 mil lempiras en efectivo de cuentas vinculadas a DESA, a nombre de empleados de bajo rango.
Ese monto coincide con la cifra que Mariano Díaz Chávez, militar hoy condenado, declaró que se había ofrecido por la vida de Berta Cáceres. Para el GIEI, resulta difícil sostener que los accionistas desconocieran el destino de los fondos.
El informe es contundente: el asesinato fue un crimen con motivación empresarial. Accionistas mayoritarios de DESA y miembros de su alta dirección desempeñaron roles decisivos en la vigilancia y hostigamiento contra Berta Cáceres.
El GIEI documentó la participación de integrantes de la familia Atala Zablah en el grupo de chat “Seguridad PHAZ”, donde se coordinaban acciones de seguimiento contra Berta y el COPINH.
¿Por qué se tuvo que crear un grupo de expertos internacionales?
El Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) fue creado en 2025 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), tras casi nueve años de exigencia de justicia por parte de la familia de Berta Cáceres y el COPINH.
La investigación inicial del Estado hondureño presentó omisiones y sesgos, al centrarse únicamente en los autores materiales del crimen y dejar intacto un “núcleo duro de impunidad” que protegía a los actores empresariales y financieros. Aunque Roberto David Castillo, presidente de DESA, fue condenado, el GIEI advierte que la indagatoria no alcanzó a la cúpula empresarial involucrada.
El informe también documenta que DESA financió la defensa legal de personas implicadas en hechos violentos previos contra la comunidad de Río Blanco, reforzando un patrón de protección e impunidad.
Ante estas fallas, el GIEI se instaló como un mecanismo independiente para investigar las responsabilidades empresariales, financieras y estatales ignoradas por la fiscalía hondureña.
Además, identificó una obstaculización deliberada de la justicia desde las primeras horas, incluyendo la difusión de la narrativa del “crimen pasional”, la implantación de pruebas falsas, el espionaje contra integrantes del COPINH y la participación de funcionarios con vínculos previos con la empresa DESA.
¿Qué sigue para la comunidad de Río Blanco?
Para las víctimas, la justicia no termina con las condenas actuales. El GIEI propone un Plan de Reparación Integral que incluye la revocación definitiva de las licencias del proyecto Agua Zarca y el otorgamiento del título colectivo de tierras a la comunidad de Río Blanco.
Durante las entrevistas, una joven resumió el miedo persistente: “Si pudieron matar a Berta, nos pueden matar a nosotros”.
El informe concluye que no habrá justicia real mientras no se desarticulen las redes de poder que permitieron que el río Gualcarque se tiñera de sangre. El reclamo del pueblo lenca sigue siendo el mismo: verdad, justicia y garantías de no repetición.
